EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla.
El Encuentro Económico del matutino Hoy que organiza y modera su experimentado Editor Económico, Mario Méndez, reunió a comienzo de semana al Presidente y otros directivos de la Asociación Dominicana de Agrimensores.
Ellos criticaron con fuertes calificativos la situación caótica que afirman sigue prevaleciendo en la Jurisdicción Inmobiliaria y que pronostican pudieran provocar el colapso de la misma.
Durante su exposición denunciaron la existencia de nada menos que unos 20 mil títulos de propiedad de inmuebles que estarían superpuestos. Es decir que hay terrenos y mejoras que figuran en el Registro de Títulos con dos o más propietarios, con el consiguiente conflicto de intereses.
La denuncia de los directivos de la Asociación de Agrimensores no resulta novedosa pero sí confirma una situación que es de todos conocida, en este caso por profesionales que por la naturaleza de su trabajo resultan los más calificados para dar fe de la existencia de estas graves irregularidades. Invasiones de tierras y controversias por la propiedad de un inmueble con más de un alegado dueño, vienen a resultar algo así como el «pan nuestro de cada día» en materia inmobiliaria originando pleitos que con frecuencia son llevados a la Justicia y en ocasiones, han provocado lamentables hechos de violencia.
Ni que decir que este estado de cosas compromete seriamente el principio la de Seguridad Jurídica, tantas veces cuestionado en el país y que resulta indispensable para promover el clima de inversión, lo mismo nacional que extranjera, para el normal desarrollo de las actividades económicas y en particular, de la industria turística.
Hace algunos años, con el aporte de un organismo internacional, se invirtieron 70 millones de dólares, que al cambio actual serían casi tres mil millones de pesos, para sanear, tecnificar y modernizar los registros catastrales. Lamentablemente, esa cuantiosa inversión que en su momento generó una gran cantidad de expectativas favorables, no ha rendido el resultado prometido y esperado.
En la Jurisdicción Inmobiliaria prevalecen el desorden, la irresponsabilidad y las consabidas prácticas de corrupción, tal como denuncia el revelador Encuentro Económico de Hoy. En base a ello, luciría justificada la exhortación que dirigen los denunciantes al Poder Ejecutivo para que la intervenga y tome a su cargo, si no fuera por un serio impedimento jurídico. Es el hecho de que la actual Constitución de manera expresa establece que la misma estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia.
Ello no excluye, sin embargo, que a la luz de una realidad más que evidente y que constituye motivo de escándalo más que de simple preocupación, se reclame del máximo organismo de Justicia llevar a cabo una profunda labor de profilaxis y reordenamiento que cale profundo en las entrañas de la Jurisdicción Inmobiliaria y la convierta en lo que tiene que ser: un instrumento confiable y eficiente que sirva de base al sagrado principio de la Seguridad Jurídica, base fundamental del Estado.
En ese reclamo sí es indispensable y urgente insistir.
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2014-08-07 14:33:43
