EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla.
Acogiendo el pedido del Ministerio Público, el juez Luis Nobel del Juzgado de Atención Permanente de la jurisdicción de Santiago, dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción a cinco sujetos sindicados como integrantes de una banda de malhechores dedicada a la comercialización de medicamentos ilegales.
Los acusados fueron apresados en el curso de la pasada semana durante sendos operativos llevados a cabo en una acción conjunta de autoridades sanitarias, fiscales y policiales. En el curso de los mismos, fueron ocupadas grandes cantidades de medicinas falsificadas que una vez lanzadas al mercado, alcanzarían un valor millonario.
Después del apresamiento del dirigente reformista, ex regidor y ex diputado José Cruz, quince meses atrás, al que se le incautaron medicamentos vencidos y reetiquetados por decenas de millones de pesos que vendía al programa de gobierno PROMESE-CAL así como a distintas clínicas y farmacias privadas, este ha sido el más voluminoso decomiso de fármacos adulterados ejecutado por las autoridades encargadas de la persecución de esta práctica delictiva.
Cruz, condenado a diez años, fue enviado a su hogar a cumplir su condena bajo arresto domiciliario al cabo de solo catorce meses encarcelado debido a sus precarias condiciones de salud, después de entregar al Estado buena parte de su cuantiosa fortuna, en base a un juicio abreviado y un fallo negociado al amparo de Código. Si bien se trató de un procedimiento legal, fue objeto de duras críticas por entenderse que proyectaba una equivocada muestra de impunidad a la sociedad De esperar en el presente caso, donde no parecen concurrir iguales circunstancias, no suceda lo mismo.
La comercialización de medicamentos ilegales que carecen de registro sanitario y control de calidad así como de reales propiedades curativases una actividad criminal que viene realizándose en el país desde hace bastantes años. Según estimados confiables, el monto de los ingresos que genera se hace ascender a entre mil doscientos a mil quinientos millones de pesos anuales. Su consumo pone en grave riesgo la salud y la vida de los pacientes.
De muy antiguo también, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) mantiene un programa de prevención y lucha contra los medicamentos ilegales, el cual ha sustentado con ingentes recursos. Trabajando de manera coordinada con los organismos del Estado dedicados a ese fin, se han podido realizar operativos exitosos que han conducido a la incautación de una gran cantidad de medicamentos ilegales. Es un valioso aporte de preservación a favor de la salud y la vida del pueblo dominicano.
Pero se trata de una lucha sin cuartel. Detrás de esta criminal actividad, derivada en jugoso negocio por elementos sin escrúpulos, se mueven sectores influyentes que participan de los cuantiosos beneficios que produce.
De ahí, el reclamo de ARAPF de que al juzgar a los responsables de estos hechos, se les imponga todo el peso de la Ley Sanitaria vigente, que establece elevadas penas de prisión para quienes incurren en este tipo de delito, considerado de suma gravedad. Hacerlo así enviaría un claro y fuerte mensaje de que esta clase de actividades criminales no será tolerada, ni quienes se dediquen a ellas se verán arropados por el manto de la impunidad.
Es lo menos que nos merecemos los ciudadanos.
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2015-09-29 12:46:38
