EL TIRO RAPIDO
De
Mario Rivadulla
Por más vueltas que se pretenda, no hay manera de justificar el hecho insólito de que la Loterìa Nacional haya entregado graciosamente 27 millones de pesos en bonos para juguetes a los señores congresistas.
Al tomar esa medalaganaria disposición, el Administrador de la institución ha incurrido en el delito de malversación, sin que la circunstancia de que, según uno de sus segundos de a bordo, se le haya hecho firmar un contrato a cada uno de los legisladores que recibió la graciosa dádiva le conceda la menor transparencia a la misma.
La Lotería Nacional fue creada con fines sociales muy especìficos, y aunque esta finalidad no ha sido honrada cabalmente en todos los perìodos de su historia y en no pocos casos ha servido de fuente de corrupción y enriquecimiento ilìcito, ello no sirve de excusa para arropar lo que muchos consideran lo que en lenguaje popular califica como una vagabunderìa.
Que se sepa no existe ninguna disposición legal que autorice al Administrador de la Loterìa a disponer libremente de los fondos de la misma, como si se tratase de un patrimonio personal. Tampoco a los legisladores les cuadra vestir el papel de Reyes Magos ni tal está contemplado dentro de sus funciones.
Si el incumbente del organismo querìa entregar juguetes a niños pobres, algo a lo cual nadie en sus cabales y con un mínimo de sensibilidad pudiera oponerse, sin disponer de mecanismos para su entrega como alega, no tenia màs que dirigirse al Plan Social de la Presidencia o al programa de Solidaridad, donde hay un amplio registro de familias desposeìdas y una estructura bien establecida de distribución de ayuda.
Pero en la forma que lo llevó a cabo, la acción quedò privada de todo sentido humanitario para convertirse en una de interés polìtico destinado a negociarle la buena voluntad de los legisladores, quienes a su vez, al igual que ocurre con el llamado barrilito, pudieron con ello seguir alimentando el tan cuestionado clientelismo en su propio beneficio. Una forma de financiar sus aspiraciones personales en la venidera campaña electoral para mantenerse en sus curules congresionales.
Es muy posible que la anunciada acciòn legal emprendida contra el Administrador de la Lotería por el gracioso obsequio de estos 27 millones de pesos, se disuelva en la impunidad como tantos otros expedientes de corrupción y uso indebido de los fondos pùblicos. Tal es la percepción de una gran parte de la ciudadanìa que no tiene fe o la tuvo y la ha perdido en la lucha contra los actos dolosos. El tiempo dirá. De todos modos es de mantener la esperanza de que algún dìa dejarà de ocurrir asì.
Pero por lo pronto, es patente el vigoroso rechazo de la ciudadania a este manejo caprichoso por parte de algunos funcionarios que se consideran con derecho a disponer alegremente de los recursos del Estado, los cuales tienen un origen muy definido: el bolsillo de los contribuyentes que son los que a través de sus impuestos sostienen las finanzas pùblicas. Tal el caso actual, donde como preámbulo, el timonel de la Lotería, como prolìfico y moderno Rey Midas, tomò la iniciativa de desmontar la huelga de hambre de un grupo de alegados luchadores constitucionalistas, la mayorìa de los cuales desconocidos por calificados veteranos de la gesta como Montes Arache y Evelio Hernàndez, con una alegre asignación de pensiones, compra de un vehículo, pago de una deuda de cien mil pesos contraìda por los mismos y la entrega de mil raciones de alimentos.
En base a estas acciones, no son pocos los que temen que al igual que ocurrió a su paso por INESPRE, el actual incumbente de la Lotería haga de su gestión un autèntico desastre. Hay que imaginar que no es por gusto que el anterior Administrador, Ramòn Rivas, se ha apresurado a aclarar que al terminar su mandato dejò cuatrocientos millones de pesos en caja. Veremos cuànto queda al término de la actual, si se sigue disponiendo de sus fondos en la misma forma ilegal y caprichosa en que lo está haciendo su sucesor.
2009-01-14 16:38:56
