Santo Domingo, 4 ago (PL) El Ministerio Público (MP) dominicano solicitó hoy en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) 18 de meses de prisión preventiva contra Bernardo Castellanos de Moya, el acusado número 14 del caso de los sobornos de Odebrecht.
En su exposición, la Fiscalía indicó que al evaluar el caso llegó a la conclusión que la medida solicitada es la más idónea para evitar la fuga del imputado y garantizar su presencia en cada audiencia.
Existe el antecedente de que Castellanos no pudo ser capturado en este país junto a los demás acusados por los sobornos de Odebrecht debido a que estaba en Panamá atendiendo negocios personales y de ahí se trasladó a Guatemala.
Cuando se le convocó a juicio, prometió regresar al país, pero desapareció por un tiempo y hubo que circularlo con orden de captura a través de Interpol.
Sólo retornó al país después que una jueza aflojara las medidas de coerción impuestas a los otros imputados.
Por todo ello el MP declaró que ‘por existir peligro de fuga el Tribunal debe imponer al imputado Castellanos la medida de coerción consistente en prisión preventiva por 18 meses contenida en el artículo 226, numeral siete del Código Procesal Penal Dominicano’. Castellanos, quien fue director técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), está acusado de aceptar sumas de dinero de parte del imputado Ángel Rondón Rijo.
Se estima que el presunto sobornado influyó en la adjudicación a Odebrecht del proyecto de construcción de la presa Pinalito, en contubernio con el entonces administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, César Sánchez.
El acusado fue trasladado a la SCJ desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fue llevado el miércoles en la noche, al ser apresado cuando arribó al aeropuerto Las Américas procedente de Guatemala.
Minutos después de haber ordenado el inicio de la audiencia de este viernes, el juez de la Instrucción Especial de la SCJ, Francisco Ortega Polanco, dispuso un receso de cinco minutos para que el Ministerio Público se presentara al estrado.
Los abogados de Castellanos solicitaron al Juez excluir las calificaciones de soborno y violación a la Ley de Declaración Jurada de Bienes.
Según alegaron la ley que regula el soborno fue promulgada en 2006 y las imputaciones contra su cliente son anteriores a esa fecha.
Dijeron además que la Ley de Declaración Jurada no aplica para Castellanos debido a que era un técnico, y no un funcionario para quien ese trámite fue concebido.
Asimismo su defensa definió como insulso e incapaz el expediente elaborado por la Procuraduría General, que quiere prisión.
El abogado principal Marino Elsevif dijo esperar que cuando se le conozca la medida, sea puesto en libertad por entender que no hay pruebas .
También negó que hubiera peligro de fuga, pues aseguró que fue el propio imputado quien hizo las diligencias para regresar ‘ante la inercia del MP’.
‘Se trata de un expediente mal tramado, totalmente ineficiente, que no tiene indicios serios que hagan presumir la culpabilidad de Castellanos’, aseguró Elsevif.
De su lado, el Ministerio Público explicó que, al tratarse de una objeción a la calificación jurídica, se pronunciará después de solicitada la medida de cohersión.
2017-08-04 14:14:13
