Santo Domingo, 14 dic (Prensa Latina) Cientos de dominicanos se concentran hoy frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, para exigir la condena de los implicados en el desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Los manifestantes permanecen en el lugar a la espera de que el juez del Juzgado de Atención del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se pronuncie sobre las medidas de coerción solicitadas contra los imputados.
Durante la protesta, corean consignas como “Ladrones, ladrones, ladrones”, mientras reclaman prisión preventiva para todos los acusados hasta el momento.
El viernes pasado los fiscales, encabezados por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, concluyeron su exposición, mientras que la defensa de los incriminados respondió a las acusaciones del Ministerio Público.
El citado Ministerio puso en marcha hace una semana la denominada “operación Cobra”, mediante la cual acusa a varios ciudadanos de sustraer fondos del patrimonio público a través del Senasa.
El operativo incluyó una docena de allanamientos, con la participación de más de 20 fiscales y unos 200 agentes policiales.
Hasta el momento, los implicados en el proceso judicial son Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa durante 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020 y 2025; y Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico.
Asimismo, Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de Servicios de Salud entre 2020 y 2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S.A.
Además, Cinty Acosta Sención, gerente de la empresa Madison Medical, S. A.; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, quien se entregó el martes 8 de noviembre, y Heidi Mariela Pineda.
Este domingo se conocerá si Hazim recibirá prisión preventiva o arresto domiciliario por el descalfo que lideró de más de 15 mil millones de pesos dominicanos (unos 234 millones 375 mil dólares).
Al grupo se le imputan los cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público también solicitó que se declare el caso de tramitación compleja por la pluralidad de víctimas, teniendo en cuenta que se trata de una aseguradora de riesgos de salud que tiene bajo su cobertura más de siete millones de dominicanos.
Yeni Berenice Reynoso, procuradora general, dejó abierta la posibilidad de que haya más personas imputadas a medida que el Ministerio Público continúa la investigación, incluyendo médicos y centros de salud que podrían estar vinculados a irregularidades.
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