diariodominicano.com
Santo Domingo, 14 dic (Prensa Latina) El ministerio Público de República Dominicana negó hoy la presentación por algún médico de la supuesta condición de salud alegada por el imputado Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), para evadir la prisión preventiva.
Dicho Ministerio señaló en un comunicado que considera esa medida proporcional a la gravedad de los hechos cometidos por Hazim en perjuicio de los afiliados del Senasa.
“La condición de salud que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”, sostuvo el órgano acusador, al señalar que ni la defensa ni el imputado han presentado evidencia pericial que respalde dicha alegación.
Indicó, además, que los testigos han establecido que el exfuncionario se desempeñaba con normalidad tanto en Senasa como en su vida social, por lo que calificó ese argumento como un intento de esquivar el proceso judicial.
Recordó que, conforme al procedimiento legal, solo un informe emitido por un perito designado por el Ministerio Público o el tribunal puede ser ponderado por un juez.
De acuerdo con la acusación, Hazim encabezaba una red de corrupción administrativa que sustrajo más de 15 mil millones de pesos (unos 234 millones de dólares) del Estado dominicano a través de Senasa.
Durante la audiencia celebrada el pasado viernes, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja, petición sustentada en la magnitud del fraude y la estructura criminal involucrada.
El órgano acusador sostuvo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que la prisión preventiva es la medida más idónea para varios de los imputados, entre ellos Hazim y el consultor jurídico de Senasa, Germán Robles, quienes figuran entre los acusados que habrían recibido más de dos mil millones de pesos (31 millones de dólares) en sobornos.
Entre los elementos que sustentan la gravedad del caso, el Ministerio Público citó la pluralidad de víctimas e imputados, el daño causado a la sociedad, la falsificación y adulteración de documentos por años, la existencia de una red de crimen organizado, la ocultación de bienes y las maniobras para obstruir la investigación.
Este domingo, el juez Rigoberto Sena dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción, según informó el viernes pasado.
Durante el desarrollo de la audiencia, tres imputados admitieron los hechos y declararon haber pagado sobornos a Hazim y a otros exfuncionarios de la entidad estatal.
El Ministerio Público presentó un amplio expediente probatorio que incluye más de 138 pruebas documentales, 35 testimoniales y periciales.
Al grupo se le imputan, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
otf/mpv
