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Por Bryan Lawrence Gonsalves, apologista y ensayista nacido en los Emiratos Árabes Unidos
Vaticano, 3 de julio, 2026.- La activista francesa Charlène Bernard, quien había lanzado una petición sobre la protección de la maternidad, compareció el 23 de junio ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y relató la terrible experiencia que la llevó a someterse a un aborto forzado.
La petición de Bernard pregunta si las instituciones europeas y los Estados miembros están haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres que desean continuar con sus embarazos cuando se enfrentan a presiones de sus parejas, profesionales médicos o circunstancias sociales difíciles.
Centrada en la protección de la maternidad y el apoyo a las mujeres embarazadas vulnerables, su petición recibió el respaldo de grupos de la sociedad civil provida, como el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, así como el apoyo de varios grupos políticos en el Parlamento, en particular el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y Europa de Naciones Soberanas.
Su petición también se enmarca en un contexto francés que sugiere que el tema merece un análisis más profundo. Según una encuesta del IFOP de 2024, el 29 % de las mujeres francesas que se sometieron a un aborto afirmaron haber sentido presión para abortar por parte del profesional sanitario que consultaron. Aplicado a los 251.270 abortos que se practicaron en Francia en 2024, esto equivaldría a unas 72.900 mujeres.
Estas cifras otorgan mayor relevancia al llamamiento de Bernard y plantean la cuestión de si las instituciones europeas están haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres que desean llevar sus embarazos a término.
La historia personal detrás de la petición
A los 27 años, Bernard descubrió inesperadamente que estaba embarazada y quiso tener a su hijo. Sin embargo, en lugar de encontrar apoyo, se topó con una cadena de presiones que culminó en un aborto que nunca deseó.
“Lo que todavía me duele tanto es la ausencia de mi hijo, que es la primera víctima de mi historia”, declaró Bernard a EWTN News. “Hablo hoy para que mi experiencia tenga sentido, para proteger a otras mujeres de esta dolorosa experiencia y para proteger a los niños por nacer”, afirmó.
Bernard afirmó que su pareja la presionó repetidamente para que abortara, a pesar de profesarle amor. “Me resultaba incomprensible que alguien presionara a la mujer que ama para destruir el fruto de su amor”, dijo.
Ella insistió en que, desde el principio, sus intenciones fueron claras: “Estaba feliz de estar embarazada, ya amaba a mi bebé, no abortaría”.
Con la esperanza de encontrar ayuda para manejar esta tensión, la pareja consultó primero a un médico, quien, según Bernard, reaccionó con incomprensión ante su deseo de continuar con el embarazo. Luego acudió a una psicóloga en un centro de consejería matrimonial y familiar afiliado a la Federación Internacional de Planificación Familiar, buscando a alguien que pudiera ayudarla a ella y a su pareja a hablar sobre la situación y apoyar su deseo de llevar el embarazo a término.
En cambio, dijo que la presión se intensificó. El personal se refería repetidamente a su hijo por nacer como “solo un montón de células”, e incluso una psicóloga le programó una cita para un aborto “por si acaso” Bernard cambiaba de opinión. “Me sentí atrapada desde el momento en que entré por la puerta de la clínica de planificación familiar”, compartió.
La presión alcanzó su punto máximo cuando su pareja la obligó a tomar medicamentos abortivos, impidiéndole ejercer su libertad.
Afirmó que la experiencia la llevó a una depresión severa, al colapso de la relación y a un trauma duradero. “Lo que más me dolió”, dijo, “fue preguntarme constantemente cómo pude permitir que esto sucediera; preguntarme: ‘¿Qué clase de madre soy para haber permitido que esto ocurriera?’”.
Su petición
Bernard afirmó que su petición busca obligar a las instituciones europeas a abordar lo que ella considera un punto ciego en el debate sobre el aborto en el continente: las mujeres que no desean abortar, pero se sienten presionadas a hacerlo.
“La normalización del aborto es tal que las mujeres embarazadas terminan en ocasiones siendo presionadas para abortar”, declaró a EWTN News. Si bien el derecho al aborto se defiende firmemente en Francia y en toda la Unión Europea (UE), añadió, los legisladores también deberían defender “el derecho a la maternidad”, el derecho de las mujeres a llevar un embarazo a término sin ser sometidas a presiones y con un apoyo significativo.
Bernard señaló que muchas mujeres enfrentan presiones sociales, familiares o conyugales para abortar porque se las considera demasiado jóvenes, económicamente inestables o en riesgo de perder sus empleos. “En lugar de apoyarlas en su maternidad, la única solución que se les propone es el aborto”, concluyó.
Entre otras cosas, Bernard reclama un mayor apoyo médico, psicológico y social, incluyendo acceso a asesoramiento, servicios de maternidad, ayuda para la vivienda y otras formas de asistencia para las mujeres que desean continuar con sus embarazos.
También solicita a Bruselas que revise la financiación y las iniciativas sanitarias existentes de la UE para determinar si realmente apoyan a las mujeres que llevan sus embarazos a término, o si algunas políticas y fuentes de financiación generan indirectamente presión hacia el aborto en lugar de ofrecer alternativas reales.
“Hoy en Francia, ¿quién apoya a las mujeres embarazadas vulnerables que desean tener a sus bebés? Nadie”, preguntó Bernard. “En cambio, es muy fácil encontrar apoyo cuando se desea abortar”, señaló.
Poniendo a prueba la lógica de la UE en materia de financiación del aborto
Un antecedente clave de la petición de Bernard es la Iniciativa Ciudadana Europea “Mi Voz, Mi Elección”, que instó a la UE a crear un mecanismo financiero para facilitar el acceso transfronterizo al aborto en todo el bloque.
En su respuesta del 26 de febrero, la Comisión Europea declinó proponer un nuevo instrumento jurídico, pero afirmó que los Estados miembros ya podían recurrir a los fondos existentes de la UE, en particular al Fondo Social Europeo Plus, dotado con 142.700 millones de euros (162.000 millones de dólares), para financiar los servicios relacionados con el aborto.
Para los expertos jurídicos del Centro Europeo de Derecho y Justicia, esta postura tiene implicaciones directas para el caso de Bernard. Si Bruselas acepta que los fondos existentes de la UE pueden movilizarse para ayudar a las mujeres a acceder al aborto, proponen, entonces esos mismos instrumentos también deberían estar disponibles para apoyar a las mujeres que desean continuar con sus embarazos.
En términos prácticos, esto podría significar financiación respaldada por la UE no solo para el acceso al aborto, sino también para el asesoramiento sobre maternidad, la ayuda para la vivienda y otros servicios de apoyo para mujeres embarazadas vulnerables que se enfrentan a presiones para abortar.
