San Juan, 6 oct (Prensa Latina) El presunto achicamiento del gobierno de Puerto Rico, se ha convertido en nueve años fiscales en el desangramiento del presupuesto público, al dedicarse hoy más del 60 por ciento en contratos a entidades particulares.
El dato está contenido en un informe de la entidad Sembrando Sentido, que considera la privatización de servicios conlleva mayores riesgos de corrupción y lucro al margen del bienestar colectivo del pueblo puertorriqueño.
La directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Issel Masses, afirmó que no hay un nivel de transparencia ni de monitoreo preventivo, por lo que no existen “los procesos de auditoría que necesitamos ni los recursos de fiscalización” requeridos.
“La realidad es que la mayoría de lo que estamos viendo a nivel de corrupción tienen que ver con procesos de contratación”, aseguró al diario El Nuevo Día.
Masses manifestó que la contratación de entidades privadas, en niveles considerables, podría llevar a priorizar el lucro sobre el bienestar común y la prestación de servicios esenciales de calidad.
Durante el año fiscal 2022-2023 la proporción del gasto público destinado a contratos aumentó a 61 por ciento, lo que incrementó la proporción en ese renglón a 16 mil 660 millones de dólares, al tiempo que la nómina gubernamental sumó 5 mil 65.6 millones.
“El gobierno contrata para todo, desde servicios no esenciales, como los legales, hasta los esenciales, como la luz, el agua, la transportación y hasta la educación”, advirtió la ejecutiva de Sembrando Sentido, al destacar que “se está privatizando de facto las funciones del gobierno, y lo más preocupante es que se hace bajo un marco débil que pone en riesgo el dinero público y los servicios esenciales que las personas necesitamos”.
Esta situación hace más onerosas la contratación de las funciones públicas si se ejecutaran en el gobierno, por lo que no solo no ha representado ahorro, sino que incrementa la corrupción con los fondos gubernamentales.
“Cuando escogemos los contratistas equivocados y no tenemos los procesos correctos en pie, terminamos con puentes atirantados de cartón, terminamos con servicios de energía que no funcionan y que cada vez son más caros, afecta nuestras escuelas y nuestra educación, nuestras carreteras, la transportación pública; todos los servicios se afectan”, detalló.
Sembrando Sentido, entidad que aboga por la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el gobierno, denunció igualmente deficiencias en los datos oficiales, ya que en el Registro de Contratos del Contralor hay un sinnúmero de errores en datos esenciales como nombres oficiales, cuantías, categorías de servicios y la forma de contratación.
“A pesar de la multimillonaria inversión en tecnología y datos, las bases de datos tienen serios problemas y no tienen la información que el pueblo necesita; los portales y fuentes de datos no se conectan, contienen muchos errores y cuentan con categorías de servicios y gastos muy diferentes y ambiguas”, destacó Masses.
Denunció que en algunos contratos se conceden facultades en exceso al ente privado.
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