Una persona sostiene una copia de los registros electorales durante una marcha convocada por la oposición, en Caracas, Venezuela, el 17 de agosto de 2024.
agosto 23, 2024
La cancillería de Venezuela condenó un comunicado conjunto de 11 países de la región, entre ellos EEUU, que rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó el triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.
El gobierno de Venezuela condenó este viernes el comunicado conjunto de 11 países de la región que rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó el triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.
Los países insistieron en la necesidad de una auditoría imparcial e independiente.
El canciller venezolano, Yvan Gil, dijo en un comunicado que los países buscan emular el «nefasto, fracasado y derrotado Grupo de Lima», y «pretenden continuar violando el derecho internacional cometiendo un acto inaceptable de injerencia en asuntos que sólo competen a los venezolanos”.
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Según el canciller, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, que insisten en pedir una auditoría imparcial e independiente que evalúe todas las actas electorales, intentan imponer una política de “cambio de régimen” y comparó la situación con 2019, cuando Juan Guaidó, entonces presidente del Parlamento, asumió como presidente interino.
El Gobierno de EEUU aseguró, en un comunicado adicional, que el fallo de la Corte Suprema “carece de toda credibilidad” ante la “pruebas abrumadoras” de que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, recibió “la mayor cantidad de votos”.
“Ahora es el momento de que las partes venezolanas comiencen discusiones sobre una transición pacífica y respetuosa de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano”, precisa un comunicado firmado por Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado.
El portavoz afirmó que los continuos intentos de “reclamar fraudulentamente la victoria de Maduro sólo exacerbarán la crisis actual” e instó al gobierno a liberar a quienes han sido detenidos por ejercer su derecho a la libre expresión.
La líder María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, manifestó que el mundo democrático “se cuadra” con el pueblo de Venezuela y el respeto a la soberanía popular.
“A estas alturas, nadie se traga la burda maniobra del TSJ para esconder las actas que demuestran la apabullante victoria de Edmundo González. Por eso, una vez más, el régimen se equivocó: lo que el TSJ sentenció fue su complicidad con el fraude del CNE. Lejos de “cerrar el caso”, han acelerado el proceso que cada día aísla y hunde más a Maduro”, escribió en X el viernes.
México pide que se den a conocer actas
En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López, evitó responder si reconocerá a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales y dijo que esperará a que se den a conocer las actas, a pesar del fallo del TSJ.
“El Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y, al mismo tiempo, recomienda que se den a conocer las actas. Vamos a esperar a que se den a conocer las actas, porque al parecer resuelve el tribunal y le pide al Consejo Nacional Electoral (CNE) que dé a conocer las actas”, respondió consultado en conferencia de prensa este viernes.
El TSJ, sin embargo, exhortó al CNE a publicar los resultados de las elecciones en gaceta oficial, pero no se refirió a la divulgación de las actas.
UE tampoco reconoce victoria de Maduro
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, sostuvo que mientras no haya “resultado verificable”, el bloque no reconocerá a Maduro como ganador de los comicios.
“Hay que probar este resultado electoral, de momento no hemos visto ninguna prueba, y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer”, dijo a varios medios de comunicación.
La oposición venezolana denuncia que la Sala Electoral del TSJ validó un “fraude electoral” usurpando funciones del Poder Electoral y califica de “nula” la sentencia que certifica los resultados.
Fiscalía de Venezuela citará al candidato presidencial Edmundo González
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero, casi cuatro semanas después del proceso, ha incumplido con la legislación al no divulgar los resultados desglosados. La oposición, que denuncia fraude, publicó copias de las actas que conservaron sus testigos y asegura que el triunfo corresponde a González Urrutia con más del 67 % de los votos.
La fiscalía anunció este viernes que pedirá la declaración del candidato González Urrutia por supuesta contumacia y desobediencia a las autoridades y por su presunta responsabilidad en la publicación de esas actas electorales.
Los gobiernos que se han pronunciado sobre la sentencia judicial que valida el triunfo de Maduro reiteraron su preocupación y rechazo por las violaciones a los DDHH que se han perpetrado contra ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto el voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia.
¿Qué implica el “desacato” en Venezuela, declarado a Edmundo González?
Los resultados electorales causaron masivas protestas que, en algunos casos, terminaron en actos violentos. De acuerdo al balance oficial 27 personas murieron y al menos 2.000 han sido detenidas, muchas acusadas de terrorismo.
El gobierno ha responsabilizado a Machado y a González Urrutia, de supuestamente promover violencia en el país, a través de los comanditos, una red ciudadana organizada por la oposición para custodiar los votos. La oposición ha desestimado la narrativa del gobierno y ha denunciado una escalada en la represión y en las detenciones arbitrarias.
El informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que en principio sería confidencial y que finalmente fue publicado, expuso que la gestión de resultados de la autoridad electoral no cumplió con los “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles. El gobierno afirmó que el documento está “plagado de mentiras”.
