EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Durante la reciente conferencia pronunciada ante la matrícula de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, el Procurador General de la República dedicó buena parte de su exposición al tema de los fármacos ilegales.
El doctor Francisco Domínguez Brito resaltó el riego que representa para la salud de los usuarios el consumo de medicamentos falsificados, elaborados aquí o traídos al país de manera subrepticia y sin la más mínima garantía de calidad.
El jefe de los fiscales nacionales resaltó que detrás del ilícito negocio de la comercialización de los mismos se mueven poderosos intereses: mafias y bandas que forman parte del crimen organizado y poseen una bien estructurada cadena de complicidades para la colocación de estos productos en el mercado, de uso totalmente inefectivo para el tratamiento de las enfermedades y que, por el contrario, contribuyen a agravar las mismas y a poner en serio riesgo la salud de los pacientes.
La comercialización de los medicamentos ilegales está severamente penalizada en el actual Código Sanitario, tanto con fuertes sanciones económicas como de privación de libertad. Por desgracia, han sido contadas las ocasiones en que esto ha ocurrido. Ahora mismo, en su exposición, el Procurador Domínguez Brito dijo que hay una persona guardando prisión por ese motivo y se lamentó de que otra, sometida por la misma causa, fue dejada en libertad. También dio seguridades de que su despacho prestará todo el soporte requerido al sector farmacéutico para reducir el problema «a su mínima expresión».
Pero el negocio de los fármacos ilegales es de mucha mayor envergadura y va desde su adquisición en el extranjero para tratar de introducirlos de contrabando por las aduanas del país, varios de cuyos intentos frustró el fallecido Miguel Cocco cuando estaba al frente de las mismas, hasta elaborarlos localmente de manera clandestina, violando todas las normas sanitarias y sin ninguna garantía de calidad. Se estima que ese comercio ilegal monta a no menos de mil millones de pesos anuales.
Respaldando el mismo figuran personajes influyentes de la vida económica y política, vinculados a fuentes de poder, que en muchos casos han entorpecido la acción de las autoridades cuando trabajando de conjunto con la Asociación de Representantes, Productores y Agentes Farmacéuticos tratan de ejecutar el programa que esta entidad lleva a cabo desde hace años y en el cual invierte cuantiosos recursos. Ha contado también el escaso interés que han puesto los tribunales en la mayoría de los casos que les han sido metidos por esta actividad criminal en dictar las medidas de coerción apropiadas o en dictar las correspondientes sanciones en los juicios de fondo.
Un aporte a destacar ahora es el llamado que ha hecho el Presidente de los gastroenterólogos, doctor Miguel Contreras, a la clase médica en general para incorporarse a esta indispensable campaña a fin de frenar la comercialización de medicamentos ilegales, como una forma de contribuir a preservar la salud de los usuarios. Es una postura de valor ético que debiera ser asumida de manera institucional por el Colegio Médico Dominicano.
De esperar que su voz sea escuchada; de igual modo, que los fiscales, siguiendo la pauta trazada por el Procurador General, presten todo su concurso para prevenir y enfrentar esta práctica criminal y a su vez, que los tribunales apliquen con el rigor que merece las sanciones establecidas en el Código Sanitario como justo castigo a un delito que califica como de la más suma gravedad.
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2014-02-19 01:46:26
