EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla.
Frente a la situación creada con motivo del tan debatido fallo del Tribunal Constitucional estableciendo los requisitos para el reconocimiento de la nacionalidad dominicana, la consiguiente campaña internacional de presión sobre el país promovida tras bastidores por el gobierno haitiano, como en días recientes sacó a relucir Le Nouvelliste, el periódico más influyente y antidominicano al otro lado de la frontera, el Presidente Danilo Medina hizo el ofrecimiento de propiciar una salida humanitaria a la situación de cientos de miles de haitianos indocumentados y de hijos que alegan haber nacido en el país pero que no figuran inscritos en el Registro Civil.
Fruto de esa decisión de naturaleza política es la Ley 169-14 que establece las condiciones para la Regularización y Naturalización. Aún con ciertos reparos, sobre todo de orden constitucional, la pieza recibió una acogida bastante amplia, estableciendo mecanismos para que extranjeros que residen de manera ilegal en el país, puedan normalizar su irregular status migratorio. Es un trámite que el Estado Dominicano está ofreciendo de manera gratuita y que se estima sangrará el sobrecargado presupuesto nacional en la nada despreciable suma de unos mil millones de pesos.
A su amparo, más de ochenta mil extranjeros, en su mayoría de origen haitiano, han acudido a los centros de regulación con ese propósito. Solo unos pocos cientos, sin embargo, han podido satisfacer los requisitos de la misma debido a las dificultades y elevado costo en conseguir sus documentos de identidad por parte del gobierno de Haití. Las presiones ejercidas sobre este por sus propios nacionales y las justificadas críticas que se le han dirigido, obligaron al mismo a bajar de dos mil 500 a mil pesos la obtención de sus pasaportes y actas de nacimiento, no obstante lo cual se estima que el régimen que preside Martelly obtendrá una buena suma de dólares de ganancia.
Hasta aquí todo marchaba bastante bien. El clásico clavo en el zapato, en cambio, lo ha representado el proyecto de Reglamento para la aplicación de la ley, especialmente en lo tocante a los requisitos para acceder a la ciudadanía dominicana por parte de quienes alegan haber nacido aquí sin figurar inscriptos en el Registro Civil. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo procedió correctamente al abrir un plazo de diez días para recibir opiniones y objeciones al proyecto. Dentro del mismo, juristas calificados han planteado el carácter inconstitucional de la mayoría de los artículos del mismo.
Creemos que estas objeciones deben ser tomadas en cuenta y analizadas desde el punto de vista estrictamente jurídico, sustrayéndolas del marco del apasionado y con frecuencia desbordado debate entre los calificados de ultranacionalistas y los tachados de haitianófilos.
Difícil de digerir pero necesario aceptar que se haya tenido que manejar con criterio político un tema que al menos en teoría, era de soberanía y ordenamiento legal, frente a la injusta situación creada al país y el gobiernosobre todo en el escenario internacional, a través de una campaña que desbordó todos los límites de descrédito presentándonos como un Estado punto menos que esclavista.
Pero así como lo cortés no quita lo valiente, el gobierno debe ser en extremo prudente y cuidadoso para analizar con detenimiento las observaciones hechas al Reglamento y sin violentar sus objetivos humanitarios, hacer los ajustes que procedan para que el mismo se mantenga dentro de los estrictos límites de la Carta Magna. Por su correcta aplicación y por respeto a la institucionalidad y a nosotros mismos como nación.
teledebate@hotmail.com
2014-07-24 03:36:21
