EL TIRO RAPIDO
MARIO RIVADULLA
El vespertino El Nacional en su edición de hoy resalta como titular de portada que el proyecto de ley de partidos habrá de requerir un pacto en el Congreso. Esto así, por cuanto el artículo 112 de la Constitución establece que todas las leyes orgánicas requerirán el voto de las dos terceras partes del Congreso y el PLD por sí solo, proponente de la pieza, no posee los votos suficientes para lograr su aprobación.
El proyecto presentado por la agrupación oficial ha sido cuestionado desde el ángulo de la sociedad civil por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) que lo califica de «retroceso» y posteriormente, por Participación Ciudadano. No es de dudar que en breve se sume la Fundación Institucionalidad y Justicia, ya que por lo general, coinciden en muchas ocasiones navegando en la misma dirección. Ya Víctor Gómez Casanova, vocero del PRD, adelantó en la propia Cámara su oposición al mismo.
En la información que publica el periódico de la tarde, se menciona la necesidad de que haya un acuerdo entre partidos para viabilizar la aprobación de la ley, lo que supondría un proceso de negociación y ajuste buscando los votos faltantes para cumplir el mandato constitucional de los dos tercios.
Ahora bien: una cosa es una ley de partidos y otra un ley para los partidos. En la tan traída, llevada, esperada y reclamada pieza que lleva nada menos que diecisiete años dando vueltas en los pasillos del Congreso durante cuyo tiempo se han recibido varios proyectos, incluyendo uno muy elaborado propuesto por la Junta Central Electoral, lo que cabe esperar es una legislación que contribuya a elevar la calidad, ética y transparencia del ejercicio político en la República Dominicana. Obviamente, esto requiere que la discusión de un proyecto de tal envergadura no quede circunscrito al simple ámbito de las organizaciones políticas.
A comienzos de semana, estuvo con nosotros en Teledebate, el destacado joven abogado y periodista Nanphy Rodríguez. El tema sobre el que versó su comparecencia fue precisamente analizar la trascendencia de la ley de partidos y la necesidad de abrir espacio a los distintos sectores e instituciones representativas de la sociedad civil para intervenir en su conocimiento, debate y propuestas. Tal se hizo con la Constitución de la República que fue sometida a un previo y amplio ejercicio de participación de la ciudadanía que sirvieron de base al grupo de calificados juristas que prepararon el borrador que luego fue llevado al Congreso.
Obviamente no estamos planteando ni mucho menos que con la Ley de Partidos se siga el mismo dilatado proceso, ni tampoco hay por qué hacerlo. Pero sí, insistimos, que su elaboración y aprobación no quede circunscrita exclusivamente a la clase política, sin que se le de participación a la ciudadanía.
Porque en definitiva, insistimos, no se trata de hacer una ley de partidos para los partidos sino para la modernización y transparencia de las prácticas políticas en función del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y un desempeño más ético y eficiente de las funciones públicas. Y estos son temas de suma importancia que involucran el interés directo de todos los ciudadanos.
En definitiva, quien espera lo mucho, espera lo poco. Y si hemos esperado diecisiete años porque se saque a discusión, no hay por qué ahora atropellar su conocimiento en detrimento de su más acabada y adecuada elaboración.
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2014-09-23 05:29:53