EL TIRO RAPIDO
MARIO RIVADULLA
Imposible resumir en la obligada brevedad de un comentario la amplia exposición hecha por el Presidente Danilo Medina, durante su comparecencia ayer en el Asamblea General de las Naciones Unidas, el más elevado foro internacional, donde abarcó muy diversos e importantes temas puntuales.
Sin embargo, de todos los distintos aspectos que enfocó en su informe resaltando los esfuerzos, avances y logros del país, principalmente en los campos de la educación, la salud, la seguridad social y el apoyo a los productores agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria, resalta en especial el de las relaciones con el vecino Haití y el proceso de regularizar el status de sus nacionales que residen aquí en condición de ilegales y sus hijos nacidos en el país, un tema que ha venido siendo objeto de fuerte controversia, tanto en el plano doméstico como internacional.
El mandatario dominicano expresó que se ha abierto un nuevo horizonte en las relaciones entre ambos países que comparten el territorio de la isla Hispaniola, que es de desear y esperar sean de relaciones fructíferas en beneficio de ambos pueblos, basadas en la buena fe, el mutuo respeto y la provechosa cooperación.
Dentro de este contexto, el Presidente Medina se refirió al plan de regularización que se ha venido implementando y a los obstáculos que viene enfrentando y dificultando su ejecución, principalmente por la falta de documentos de identidad de que adolece la gran cantidad de haitianos que acuden a los distintos centros establecidos a ese fin, tratando de legalizar su situación migratoria.
La apelación que en este sentido dirigió el Primer Mandatario al pleno del organismo mundial, adquirió acentos dramáticos cuando reclamó «Por favor ayuden a Haití. Ayúdenles a documentar a su gente tanto en su territorio como en el nuestro». Su apelación se tornó imperativa cuando demandó «Ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos».
Un aspecto que olvidan los críticos del tan debatido fallo del Tribunal Constitucional, aprobado con el voto de 11 de los 13 magistrados que lo componen, es que gracias a su carácter obligatorio y vinculante y a los plazos precisos establecidos por el mismo, es que hoy la República Dominicana, mal que bien, está tratando de poner en regla el peligroso y pernicioso desorden migratorio que ha venido arrastrando por todos estos años. Y que es gracias a esa sentencia que se han establecido mecanismos para que los residentes ilegales en el país puedan normalizar su presencia en territorio dominicano y pasar a disfrutar de los beneficios y el amparo de las leyes. De clandestinos pasarán a ser legales, con todas las ventajas que ello implica. Una oportunidad que se les está ofreciendo de manera gratuita.
Si el proceso de ejecución de esos mecanismos, que a nuestro país le está costando más de 30 millones de dólares, ha estado confrontando retrasos, mucho más que las fallas que puedan atribuirse a nuestras autoridades en su implementación, los principales obstáculos radican en la falta de documentos de identidad de la mayoría de los ilegales por un lado y por otro, el elevado costo para entregar dichos documentos por parte del gobierno de Haití.
Para los organismos internacionales y sobre todo las grandes potencias a las que por razones históricas corresponde un mayor compromiso de ayuda a Haití, el aporte que les demandó nuestro Presidente en la ONU no constituiría ningún sacrificio y en cambio, ayudaría a agilizar y resolver un problema en el que hasta ahora han mostrado un simple interés retórico sin el apoyo de ninguna ayuda efectiva.
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2014-09-27 19:02:27
