EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
El canciller Andrés Navarro, todavía en etapa de coger el piso y acomodarse a sus nuevas y exigentes responsabilidades, avanza que durante el encuentro que sostuvo ayer con su homólogo haitiano, Pierre DulyBrutus, en la sede ministerial, este planteó que se extienda el plazo establecido para la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros muy próximo a vencerse.
Es una propuesta que tiene que ser solicitada de manera formal por el gobierno vecino al gobierno dominicano y sobre la que, dada su naturaleza e implicaciones, corresponderá tomar decisión al Presidente Danilo Medina, más tomando en cuenta que el referido Plan fue gestado en el Palacio Nacional, bajo la promesa del mandatario de propiciar una salida constitucional al tiempo que humanitaria. Esto así, sobre todo, debido a la gran cantidad de haitianos que residen en el país de manera ilegal.
Lo cierto es que la implementación del mismo ha marchado a paso excesivamente lento y problemático. Desde que el mismo dio inicio, más de noventa mil haitianos indocumentados han acudido a las distintas oficinas abiertas a ese fin con la finalidad de legalizar su status migratorio. Sin embargo, apenas lo han logrado algo más de mil. Es decir, una cantidad irrisoria.
El principal escollo ha sido la dificultad de la mayoría de los haitianos ilegales en lograr la entrega de documentos de identidad por el lado de su gobierno. A diferencia de la parte dominicana donde se ofrecen los trámites de manera gratuita, la contraparte haitiana ha establecido tarifas que están fuera del alcance de muchos de sus nacionales o les representan una muy pesada carga económica. El proceso de entrega de documentos de identidad resulta además, demasiado lento y engorroso.
Organizaciones haitianas existentes en el país han hecho una admisión muy tímida de esa realidad, en tanto en un manifiesto dado a la luz pública en días recientes dirigen sus críticas y desvían la responsabilidad del retraso en la ejecución del Plan hacia las autoridades dominicanas. Más aún, alguna de ellas pecó de insolente y en el colmo de la arrogancia llegó al extremo de nada menos que plantear la destitución del Presidente de la Junta Central Electoral por haber dispuesto, en cumplimiento de la ley y del fallo del Tribunal Constitucional, la depuración de las actas de nacimiento de haitianos en el Registro Civil que presentan diversas irregularidades en algunos casos de naturaleza fraudulenta.
En aras de la culminación más exitosa del proceso y previendo nuevas posibles campañas internacionales interesadas de descrédito contra el país, creemos que la petición que haga el gobierno haitiano para extender el plazo debe ser acogida pero exigiéndole que ponga de su parte y ofrezca las necesarias facilidades para agilizar el proceso en beneficio de sus nacionales. La legalización del status migratorio de sus nacionales es de interés de ambos gobiernos y de los propios interesados que podrán a partir de ese momento, disfrutar a plenitud de los derechos que les otorgan las leyes nacionales sin temor a ser deportados ni abusados impunemente.
Siendo así, de allá para acá tienen que venir señales muy nítidas y precisas de cooperación. Porque nuestra buena fe y dedicación porque el proceso culmine exitosamente está acompañado del gravoso endoso de un costo estimado en mil 200 millones de pesos, lo que constituye un fuerte sacrificio económico en el marco de un presupuesto que ha limitado la entrega de recursos a no pocas dependencias y organismos autónomos y que como bien advierte el Ministro de Hacienda, Simón Lizardo, lamentablemente no permite reajustes ni libertades.
Se trata, por consiguiente, de un compromiso mutuo y una carga que debe ser compartida.
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2014-10-18 06:40:26
