EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha presentado un informe público donde repasa los logros y lagunas de la reforma procesal penal, diez años después de haberse puesto en práctica.
Por boca de su Vicepresidente Ejecutivo y vocero, el licenciado Servio Tulio Castaños, la FINJUS si bien reconoce y proclama por un lado los adelantos registrados a partir de su aplicación, señala por otra parte algunos graves fallos que comprometen seriamente la eficacia de la Administración de Justicia.
En el informe se resalta que aún cuando se aprecian significativos avances en el renglón de la independencia judicial, todavía persiste muy acusada la percepción ciudadana de que los jueces no son completamente independientes y responden a determinados intereses y presiones, especialmente provenientes del campo político.
Al respecto, destaca que durante los trece años que median entre el 2000 y el 2013 de un total de noventa y cuatro denuncias por alegada corrupción en el desempeño de funciones públicas, apenas en ocho casos los responsables fueron condenados a penas de prisión. En distintas ocasiones, la Procuradora encargada de perseguir la corrupción pública ha argumentado que gran parte de esos expedientes están vacíos de elementos probatorios e indicios de dolo.
Otro debilidad sobre la que llama la atención el informe es la falta de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, lo que impide que muchos casos pasen de la fase de instrucción y en otros de mayor complejidad, que sean sancionados hechos punibles.
Se recuerda que en días recientes con motivo de las investigaciones en torno al sangriento y frustrado intento de fuga de Najayo, afloraron serias diferencias públicas entre ambos, por discrepancias en el resultado de las investigaciones, aunque más tarde parece que zanjaron sus diferencias y presentaron un informe público unido sobre las circunstancias del hecho.
La sobrepoblación penal también aflora en el repaso que hace la FINJUS. En estos diez últimos años, el número de reclusos se ha duplicado pasando de 13 mil a 26 mil. Y el mismo crece, según la propia Procuraduría, a un ritmo de mil anuales, creando una situación de increíble hacinamiento a la que sirve de muestra La Victoria. Construida para mil reclusos, al presente alberga 8 mil 500.
El informe concluye con una realidad que hemos señalado otras veces y es la baja provisión de recursos que recibe la Administración de Justicia, que se convierte así en la Cenicienta y el pariente pobre al momento de distribuir el presupuesto de gastos públicos.
El Gran Corso Napoleón Bonaparte acuñó una frase con vigencia de posteridad: «Para ganar la guerra hace falta dinero, dinero y más dinero». Igual pudiera aplicarse para el Poder Judicial. Sin dinero, no es posible disponer de una Justicia eficiente ni combatir y sancionar la criminalidad como se requiere. Tan sencillo como eso.
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2014-11-14 21:34:41