EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Trabajo, persistencia, tiempo y paciencia costó a los senadores Julio César Valentín y Charlie Mariotti, en sacar adelante la más reciente ley destinada a prevenir y sancionar los actos de corrupción en la función pública.
Si mal no recordamos, la misma fue aprobada en más de media docena de ocasiones en el Senado de la República y luego desconocida, una y otra vez, al pasar a la Cámara de Diputados, donde perimió a lo largo de varios años.
Pero su perseverancia triunfó al fin. Y de ahí, la nueva ley 311-14 que establece toda una serie de disposiciones de obligado cumplimiento para todos quienes ocupan cargos públicos en los distintos poderes del Estado y organismos autónomos, a partir de la declaración patrimonial al comienzo y fin de su gestión.
Sin dudas esta ley es mucho más precisa que las anteriores, con mecanismos más eficientes y normas más estrictas de control. La pieza legal incluye también, un elaborado rosario de fuertes sanciones económicas y penales de hasta diez años de reclusión dependiendo de la gravedad de los hechos cometidos.
Pero el primer paso que consigna la nueva legislación, que sustituye otras anteriores que nunca llegaron a cumplir su objetivo, es la declaración patrimonial. Todo funcionario tiene que hacer consignar el inventario verificable de la totalidad de sus bienes al comienzo y al final de su gestión. Cualquier diferencia que se registre a favor del interesado entre una y otra declaración, tiene que ser esclarecida por este de modo que no deje margen a dudas.
En este caso, se invierte el principio de presunción de inocencia que establece nuestro Código Procesal vigente. En vez de ser la autoridad fiscal la que pruebe la acusación, el imputado tiene que demostrar que no ha incurrido en ningún hecho doloso.
Ocurre, sin embargo, que hasta ahora la Cámara de Cuentas, según revela su Presidenta Licelott Marte de Barrios, apenas ha recibido la declaración patrimonial de cinco funcionarios, entre estos el de mayor nivel, el ex Ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo.
Las leyes se promulgan para ser cumplidas. Es obligación del gobierno velar porque así ocurra. Y tanto en el caso específico que nos ocupa como en todos en general, corresponde a las autoridades dar ejemplo de cumplimiento. El poder no puede seguir siendo una sombrilla de privilegios a favor de sus detentadores. Mucho menos actuar a su sombra para enriquecerse a través de acciones oportunistas y dolosas en perjuicio del Estado, la sociedad y el país.
En ocasiones anteriores, como señalamos, las leyes de declaración patrimonial han sido desconocidas por un gran número de funcionarios. Otros la han hecho objeto de burla, falseando groseramente sus declaraciones. Hay que impedir que esto siga ocurriendo. Ojalá los propios senadores Valentín y Mariotti, que tanto empeño pusieron en su aprobación, alcen su voz para exigir su cumplimiento para que su esfuerzo no resulte baldío y se convierta, como en oportunidades anteriores, en una penosa y monumental burla.
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2014-11-19 11:31:28
