Frei Betto
Predominan en América Latina, hoy, a mediados de la segunda década de este siglo XXI, los gobiernos
democráticos populares. La mayoría fue electa por fuerzas de izquierda. De los jefes de Estado,
cinco actuaron como guerrilleros bajo dictaduras: Dilma Rousseff, de Brasil; Raúl Castro, de Cuba; José
Mujica, de Uruguay; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Salvador Sánchez, de El Salvador.
Ahora, ser de izquierda no es un problema emocional o una mera adhesión a los conceptos formulados
por Marx, Lenin o Trotsky. Es una opción ética, con fundamento racional. Opción que tiene como objetivo
favorecer, en primer lugar, a los marginados y excluidos. Así que nadie es de izquierda por declararse
como tal o por llenarse la boca de clichés ideológicos, sino por la praxis que ejercen en relación
con los segmentos más pobres de la población.
En América Latina, los llamados gobiernos democrático-populares reflejan varias concepciones, y persiguen,
en teoría, proyectos de sociedades alternativas al capitalismo. Transitan contradictoriamente
entre políticas públicas dirigidas a segmentos de bajos ingresos y el sistema capitalista global, regido
por la «mano invisible» del mercado.
Los gobiernos democrático-populares han provocado, de hecho, importantes cambios para mejorar la
calidad de vida de amplios sectores sociales. Hoy en día, el 54% de la población latinoamericana vive
en países regidos por gobiernos progresistas. Es un hecho inédito en la historia del continente. El otro
46%, unos 259 millones de personas, vive bajo gobiernos de derecha aliados a Estados Unidos e indiferentes
a la agudización de la desigualdad social y la violencia.
Según Bernt Aasen, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, entre 2003 y 2011, más
de 70 millones de personas salieron de la pobreza en el continente; la tasa de mortalidad de menores
de 5 años se redujo en un 69% entre 1990 y 2013; la desnutrición crónica entre niños de 6 meses a 5
años disminuyó de 12,5 millones en 1990 a 6,3 millones de niños en 2011, la matrícula en la educación
primaria aumentó de 87,6%, en 1991, al 95,3% en el año 2011.
Sin embargo, agrega, «nuestra región sigue siendo la más desigual del mundo, donde 82 millones de
personas viven con menos de $ 2.50 por día; 21,8 millones de niños y adolescentes están fuera de la
escuela o están en riesgo de abandonarla; 4 millones no fueron registrados al nacer y, por tanto, no
existen oficialmente (…); y 564 niños menores de 5 años mueren cada día por causas evitables» (Cfr O
Globo, 05.10.2014, p. 19).
Limitaciones
Desde un punto de vista histórico, es la primera vez que tantos gobiernos del continente se mantienen
alejados de los dictados de la Casa Blanca. Y también es la primera vez que se crean articulaciones
continentales y regionales (ALBA, CELAC, UNASUR, etc.) sin la presencia de Estados Unidos. Esto consFrei
Betto es escritor, autor de «Calendário do Poder» (Rocco), entre otros libros. Integrante del Consejo
de ALAI.27
tituye una reducción de la influencia imperialista en América Latina, entendida como predominio de un
Estado sobre otro.
Sin embargo, otra forma de imperialismo prevalece en América Latina: la dominación del capital financiero, centrado en la reproducción y concentración del gran capital, que se basa en el poder de
sus países de origen para promover, desde los países de acogida, la exportación de capitales, bienes y
tecnologías, y apropiarse de las riquezas naturales y el valor agregado.
Hubo un deslizamiento de la sumisión política a la sumisión económica. La fuerza de penetración y
obtención de ganancias del gran capital no se redujo con los gobiernos progresistas, a pesar de las medidas
regulatorias y cobro de impuestos adoptados en algunos de esos países. Si, de un lado, se avanza
en la implementación de políticas públicas favorables a los más pobres, por otro, no se reduce el poder
de expansión del gran capital.
Otra diferencia entre los gobiernos democrático-populares es que unos se atreven a promover cambios
constitucionales, mientras que otros permanecen en los marcos institucionales y constitucionales de los
gobiernos neoliberales que los precedieron, mientras se empeñan en conquistas sociales significativas,
como la reducción de la pobreza y la desigualdad social.
Las fuerzas de izquierda de América Latina siguen centrando su atención en la ocupación del aparato del
Estado. Luchan para que los sectores marginados y excluidos se incorporen a los marcos regulatorios de
la ciudadanía (indígenas, sin tierra, sin techo, mujeres, recolectores de materiales reciclables, etc.).
Los gobiernos y movimientos sociales se unen, especialmente durante los períodos electorales, para
frenar las violentas reacciones de la clase dominante alejada del aparato estatal.
Sin embargo, es esta clase dominante la que mantiene el poder económico. Y por más que los inquilinos
del poder político implementen medidas favorables para los más pobres, hay un escollo insalvable en
el camino: todo modelo económico requiere de un modelo político coincidente con sus intereses. La
autonomía de la esfera política en relación con la económica es siempre limitada.
Esta limitación impone a los gobiernos democráticopopulares
un arco de alianzas políticas, a menudo espurias, y con los sectores que, dentro del país, representan
al gran capital nacional e internacional, lo que erosiona los principios y objetivos de las fuerzas
de izquierda en el poder. Y lo que es más grave: esa izquierda no logra reducir la hegemonía ideológica
de la derecha, que ejerce un amplio control sobre los medios de comunicación y el sistema simbólico
de la cultura dominante.
Mientras que los gobiernos democrático-populares se
sienten permanentemente acorralados por las ofensivas
desestabilizadoras de la derecha, acusándola
de intentar un golpe de Estado, ésta se siente segura
al estar respaldada por los grandes medios de comunicación
nacionales y globales, y por la incapacidad
de la izquierda para crear medios alternativos suficientemente
atractivos para conquistar los corazones
y las mentes de la opinión pública.28 500 dic/2014
El modelo neodesarrollista
El modelo económico imperante, gestionado por el gran capital y adoptado por los gobiernos progresistas,
se orienta a aprovechar las ventajas de la «globalización» para exportar commodities y recursos
naturales con el fin de recaudar dinero para financiar, a través de políticas públicas, el consumo de los
sectores excluidos por la deuda social.
Aunque adopten una retórica progresista, los gobiernos democrático-populares no logran prescindir del
capital transnacional que les asegura apoyo financiero, nuevas tecnologías y acceso a los mercados. Y
para eso, el Estado debe participar como fuerte inversor de los intereses del capital privado, ya sea facilitando
el crédito, mediante la exención de impuestos y la adopción de asociaciones público-privadas.
Este es el modelo de desarrollo post-neoliberal predominante hoy en América Latina.
Este proceso exportador-extorsivo incluye recursos energéticos, hídricos, minerales y agrícolas, con la
destrucción progresiva de la biodiversidad y del medio ambiente, y la entrega de tierras a los monocultivos
anabolizados por agrotóxicos y transgénicos. El Estado invierte en la construcción de grandes
obras de infraestructura para promover el flujo de bienes naturales mercantilizados, cuya facturación
en divisas extranjeras rara vez regresa al país. Una gran parte de esta fortuna se aloja en los paraísos
fiscales.
Esta es la contradicción que el modelo neodesarrollista, la verdad sea dicha, anula las diferencias estructurales
entre los gobiernos de izquierda y derecha. Pues adoptar tal modelo es aceptar tácitamente
la hegemonía capitalista, aunque sea con el pretexto de cambios «graduales», «realismo» o «humanización»
del capitalismo. De hecho, es mera retórica de quien se rinde al modelo capitalista.
Si los gobiernos democrático-populares quieren reducir el poder del gran capital, no les queda otra vía
que la intensa movilización de los movimientos sociales, ya que, en esta coyuntura, la vía revolucionaria
está descartada, y, de hecho, sólo interesaría a dos sectores: a la extrema derecha y a los fabricantes
de armas.
Sin embargo, si lo que se pretende es garantizar los intereses del gran capital, los gobiernos progresistas
tendrán que adecuarse para, cada vez más, cooptar, controlar o criminalizar y reprimir a los movimientos
sociales. Todo intento de equilibrio entre los dos polos es, de hecho, contraer nupcias con el capital
y, al mismo tiempo, coquetear con los movimientos sociales en un intento de simplemente seducirlos y
neutralizarlos.
Valores
¿Cómo tratan los gobiernos democráticos-populares los segmentos de la población beneficiados por las
políticas sociales? Es innegable que los niveles de exclusión y miseria provocados por el neoliberalismo
requieren de medidas urgentes, que no se limiten al mero asistencialismo. Porque tal asistencialismo
se restringe al acceso a beneficios personales (bonos financieros, escuelas, atención médica, crédito
preferente, subsidios a productos básicos, etc.), sin que esto se complemente con procesos pedagógicos
de formación y organización políticas. De este modo, se crean reductos electorales, sin adhesión a un
proyecto político alternativo al capitalismo. Se dan beneficios sin suscitar esperanza. Se promueve el
acceso al consumo sin propiciar el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos. Y lo que es más
grave: sin darse cuenta de que, en medio del actual sistema consumista, cuyas mercancías reciclables
están impregnadas de fetichismo que valoran al consumidor y no al ciudadano, el capitalismo postneoliberal
introduce «valores» ?como la competitividad y la mercantilización de todos los aspectos de
la vida y la naturaleza? que refuerzan el individualismo y el conservadurismo.
El símbolo de esta modalidad post-neoliberal de consumismo es el teléfono celular. Este trae consigo la
falsa idea de la democratización por medio del consumo y de incorporación a la clase media. De esta 29
manera, segmentos excluidos se sienten menos amenazados cuando consideran que está a su alcance,
más fácilmente, actualizar el modelo de celular que conseguir saneamiento donde habitan. El celular
es símbolo para sentirse incluidos en el mercado… Y todos sabemos que las formas de existencia social
condicionan el nivel de conciencia. O, en otras palabras, la cabeza piensa donde los pies pisan (o
imaginan que pisan).
Nuestros gobiernos progresistas, en sus múltiples contradicciones, critican el capitalismo financiero y,
al mismo tiempo, promueven la bancarización de los segmentos más pobres, a través de tarjetas de
acceso a los beneficios monetarios, a pensiones y salarios y a las facilidades de crédito, a pesar de la
dificultad de cargar con los intereses y el pago de las deudas.
En resumen, el modelo neodesarrollista seguido por la izquierda se empeña en hacer de América Latina
un oasis de estabilidad del capitalismo en crisis. Y no se puede escapar de la ecuación que asocia
calidad de vida y crecimiento económico, según la lógica del capital. En tanto no se socializa culturalmente
la propuesta indígena del buen vivir, para la gran mayoría vivir bien será siempre sinónimo de
vivir mejor en términos materiales.
El gran peligro en todo esto es fortalecer, en el imaginario social, la idea de que el capitalismo es perenne
(«La historia ha terminado», proclamó Francis Fukuyama), y que sin él no puede haber un verdadero
proceso democrático y civilizatorio. Lo que significa demonizar y excluir, incluso por la fuerza, a todos
aquellos que no aceptan esta «obviedad», quienes pueden ser considerados terroristas, enemigos de la
democracia, subversivos o fundamentalistas.
Esta lógica se ve reforzada cuando, en las campañas electorales, los candidatos de izquierda se congratulan,
enfáticamente, de la confianza del mercado, de la atracción de las inversiones extranjeras, de
la garantía de que los empresarios y banqueros tendrán mayores ganancias, etc.
Durante un siglo, la lógica de la izquierda latinoamericana jamás se encontró con la idea de superar el
capitalismo por etapas. Este es un dato nuevo, que requiere mucho análisis para poner en práctica políticas
que impidan que los actuales procesos democrático-populares sean revertidos por el gran capital
y por sus representantes políticos de derecha.
Este desafío no puede depender solo de los gobiernos. Este se extiende a los movimientos sociales y
partidos progresistas que, cuanto antes, necesitan actuar como «intelectuales orgánicos», socializando
el debate sobre los avances y contradicciones, dificultades y propuestas, a fin de ensanchar cada vez
más el imaginario centrado en la liberación del pueblo y en la conquista de un modelo de sociedad postcapitalista
verdaderamente emancipatorio. (Traducción ALAI)
2014-12-03 23:43:35
