Por Narciso Isa Conde
Las guerras, incluso las más justas y dignas del universo, son definitivamente horribles, terribles, crueles, dolorosas…
Situado siempre del lado de la insurgencia popular, con orgullo de haber defendido el sentido de justicia de su insumisión armada, me alegran infinitamente los avances hacia el anhelo de paz plasmado en el singular y delicado acuerdo sobre «justicia restaurativa» concertado en la MESA DE DIÁLOGOS DE LA HABANA.
? El desafío mayor está pendiente.
Al cerrarse ese punto de la agenda, el comandante de las FARC-EP Timoleón Jiménez, a nombre de la «guerrillerada heroica» que representa, declaró con gran propiedad:
«Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto -combatientes y no combatientes- y no sólo para una de las partes, desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre la posibilidad de ofrecer Verdad detallada y plena, para sentar bases para la reparación y no repetición, que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad.»………»Corresponde a las partes ahora multiplicar los esfuerzos dirigidos a la construcción de consensos que nos aproximen al Cese al fuego bilateral, a definiciones sobre Dejación de las armas, y la transformación de las FARC-EP en movimiento político legal, generando condiciones específicas como la del desmonte del paramilitarismo.»
Si el consenso en este punto sobre justicia es tan trascendente como la pulcritud y honestidad en su estructuración e implementación pendientes como proceso dentro de una transición; lo relacionado con «cese al fuego bilateral, definiciones sobre Dejación de las armas, desmonte del paramilitarismo y transformación de las FARC-EP en movimiento político legal», es el mayor de los desafíos encarados y por encarar, y a la vez la temática de mayores riesgos, sobre todo para la insurgencia y para el destino de la alternativa democrática.
Demasiado se ha resistido el Presidente Santos, que exige a cada paso prisa en las negociaciones, a cesar el fuego de su parte, a corresponder al gesto persistente de las FARC y a dar un paso definitivo en esa dirección.
La tónica represiva de su régimen contra la sociedad se mantiene y mientras se concertó la posibilidad de la «amnistía más amplia posible», las cárceles reciben más presos políticos, incluidos 319 del movimiento político-social MARCHA PATRIÓTICA que lidera Piedad Córdoba; y no han cesado los asesinatos, persecuciones y represiones contra los movimientos sociales y las izquierdas en lucha.
El paramilitarismo sigue disfrutando de protección estatal y desde el poder no se ofrecen señales consistentes en dirección a su desmantelamiento.
Muchas de las políticas sociales acordadas en los diálogos no se traducen en variaciones apreciables de las viejas líneas gubernamentales. Entre las palabras y los hechos median abismos significativos a nivel oficial. Es observable un contraste entre el avance de los acuerdos pro-paz y pro-democracia en la Mesa de Diálogo y la dinámica del Estado y el gobierno colombiano al interior del país.
El gobierno no quiere que le mencionen las 7 bases militares gringas ni el sistema de intervención orquestado con el PENTAGONO, la CÍA, el MOSSAD, que ha tutelado guerra y terrorismo de Estado a la vez. Todo esto en medio de lo que el Papa Francisco, reforzando análisis muy consistentes, ha denominado la «Tercera Guerra Mundial por Pedazos»; acompañado además de pérfidos planes conjuntos colombo-norteamericanos destinados a revertir el procesos venezolano.
? «Dejación de armas»: definiciones pendientes.
La militarización de la sociedad colombiana, la beligerancia política de sus cuerpos armados y de seguridad, el ultra-derechismo uribista y no uribista, el paramilitarismo como engendro estatal y narco-militar, el sistema de intervención pentagonista y la degradación de la soberanía -acompañado de un neo-liberalismo duro y persistente- tienen una relación directa con el tema de la «dejación de armas», la democratización real y la salida pacífica estable y duradera al conflicto social armado.
Porque la «dejación de las armas», que no equivale a la «entrega» tal y como la plantea el gobierno, no le compete solo a las FARC-EP o al ELN. Es un asunto más global y mucho más complejo, todavía por definirse en la Mesa y en la realidad, que no debe separarse de ciertos compromisos trascendentes en torno a esas otras cuestiones cruciales de la dinámica militar y paramilitar al interior de la sociedad colombiana y en su relación con el sistema imperialista.
Esto necesita definiciones como bien ha señalado reiteradamente la Delegación de Paz de las FARC-EP y lo ha reiterado ahora el camarada Timochenko.
A eso -digo yo- no se le debería poner la camisa de fuerza de los plazos en el tiempo, sino las garantías y hechos para que la paz a conquistar no sea reducida fundamentalmente a una desmovilización unilateral de las fuerzas irregulares, sino a transformaciones y normativas que toquen a todas las partes involucradas y eliminen los riegos de repetición del terrorismo de Estado y predominio del deportismo. Esto sin dejar de apostar a lograrlo lo antes posible.
En un país así, en mundo así, con esas hegemonías, cualquier fuerza insurgente comprometida con el cambio radical debe cuidarse de no desarmarse a destiempo.
Las experiencias de desmovilización insurgente, que no han contemplado esa complejidad y no le han puesto candado al pasado de la guerra sucia y represiones brutales, han resultado fatales.
? Acuerdo reciente al definitivo: un tramo desafiante.
El acuerdo reciente sobre justicia no pone plazo preciso al acuerdo final y definitivo, pendiente por demás de entendimientos claves, a los cuales todavía no se ha arribado; aunque obviamente hay interés de avanzar lo más rápido que se pueda. Los 6 meses es una idea-presión del Presidente Santos.
«En el caso de las FARC-EP -agrega el acuerdo comentado- la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final». Pero ni está definido que se entiende por «dejación de armas», ni tampoco el tiempo que debe durar ese proceso en relación con la ejecución del resto de los acuerdos.
En este aspecto soy de la firme convicción de que las armas que cada pueblo conquista en su despliegue de combatividad y heroísmo jamás deberían ser entregadas a sus adversarios y/o enemigos; menos si las fuerzas sociales y políticas que los representan continúan ejerciendo el control en un mundo tan convulso como el actual y en una situación internacional tan incierta como cambiante.
En los casos en que proceda desistir de su uso para avanzar en otras direcciones, procedería dejar de emplearlas en términos ofensivos en aras de logros importantes. Deberían, en consecuencia tener un destino diferente, quizás inédito: primero como reserva y garantía de que lo acordado se cumpla, luego como componente defensivo de las nuevas formas de poder, y más tarde como parte de los desechos de un desarme general.
Sueño con una Colombia sin paramilitares, sin falsos positivos, sin torturadores, sin presos políticos, sin confrontaciones militares, sin impunidad, creando democracia y justicia social sin bases estadounidenses, con soberanía.
Sueño con unas FARC-EP y un ELN actuando abiertamente en política y en las luchas sociales, con la garantía de que no le pasará lo del M-19 o lo de la UNIÓN PATRIÓTICA…
Creo correcto apostar ahora a trillar ese rumbo, sin atarse irremisiblemente a él.
Creo que en el tramo transcurrido para intentar emprenderlo, procurando cambiar a la vez significativamente el cuadro político-institucional y determinadas políticas públicas y programas sociales, se ha avanzado en crear una plataforma que podría servir a esos fines, incluso con posibilidad de ser ampliada y profundizada.
Falta, claro está, otro tramo y falta la manera de constitucionalizar los acuerdos en su totalidad, si culmina felizmente ese proceso.
Las FARC-EP y amplios sectores de la sociedad proponen una ASAMBLEA CONSTITUYENTE con esos fines, lo que abriría las compuertas a una mayor participación del pueblo soberano y haría más difícil cualquier retroceso.
Por tanto, en lo adelante la intervención del pueblo colombiano y de la gran diversidad de sus actores políticos y sociales será de vital importancia para el mejor desenlace de esta brega. Pienso que los líderes de la insurgencias y las izquierdas transformadoras tienen plena conciencia de esa necesidad y habrán de contribuir para que así sea.
Creo en la sinceridad y la buena disposición de sus dirigentes para cumplir los compromisos contraídos en esa y otras direcciones.
Creo en su buena intención, en su honestidad y lealtad a los mejores valores.
No así en ese Estado, en ese poder dominante, en la maquinaria de la clase opresora y sus intenciones malvadas. No así en este imperio decadente y criminal, siempre al asecho de todo avance, de todo cambio positivo.
No creo en promesa ni en declaración de intención de los que detentan el Estado colombiano. Su ética es la de la simulación y el pragmatismo.
? Vale la apuesta a una paz digna.
Vale de todas maneras la apuesta audaz a la paz con dignidad, siempre que no se peque de ingenuo, que no se cierre la posibilidad de nuevos giros y virajes necesarios; y siempre que se piense en los antídotos a todas las trampas posibles y a todas las encerronas propias de esos enemigos perversos. Hay razones fuertes para pensar así.
En Colombia nadie ha podido ganar la guerra y está se ha tornado extremadamente pesada para la sociedad. Más del 80% del pueblo quiere la paz y ese sentimiento debe ser respetado y canalizado en función de abrir las compuertas de los cambios que han presionado las armas en manos del pueblo junto a las demás formas de rebeldías. En función de abrir la vía política civil, no directamente armada, a un conjunto de reformas nodales.
Vale apostar a la paz sin el menor espíritu de acomodamiento o rendición.
Por eso, aunque entiendo la urgencia de sanar heridas en las bases de la sociedad, de pactar salidas imperiosas, de producir grandes reencuentros, de reconocer excesos o desbordes, no me agrada mucho hablar «reconciliación nacional».
El pacto por la paz no anula el carácter de clase de las fuerzas enfrentadas, las contradicciones irreconociliables que la motivan, las confrontaciones presentes y futuras en otros términos.
Si «la guerra es la política por otros medios», la política ejercida sin armas, es la guerra con otros métodos… hasta que la contradicción antagónica sea superada y el régimen de explotación, exclusión y discriminación deje de existir… hasta que el socialismo entierre al capitalismo actual, tan voraz, violento y degradante como podrido y decadente.
28-09-2015, Santo Domingo, RD.
2015-09-28 23:48:13
