Advierten violaciones constitucionales en la investigación
A través de un comunicado enviado a los medios, el equipo legal
de Donald Guerrero aclaró sobre las expropiaciones objeto de investigación por
parte de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca),
que “la totalidad de los pagos fueron realizados siguiendo estrictamente la
normativa que para los mismos requería tanto el Ministerio de Hacienda como la
Contraloría General de la República la cual validó, autorizó y despachó cada orden
de pago a la Tesorería”.
“Todos los terrenos fueron expropiados, sea por decreto y/o por mandato de la Ley
202-04, sobre Áreas Protegidas. Todos los herederos fueron pagados, con su
debida constancia, y habían sido determinados –individualizados– con el
cumplimiento de los procesos legales correspondientes: determinación de
herederos o por sentencia de tribunal competente”, indican.
Sobre la situación de los herederos no pagados, expresan que esto obedece a
una situación de ejercicio de un derecho. “Es decir, estos no se mostraron de
acuerdo con el monto fijado por metro cuadrado y, al efecto, optaron o aún tienen
la opción de ejercer la acción judicial correspondiente: una demanda en
justiprecio. Esta deberá ser conocida por el tribunal competente que decidirá sobre
ello, obligando al Estado a pagar el precio judicialmente fijado en favor de
aquellos”.
Señalan que el informe emitido por la Unidad Antifraude de la Contraloría sobre el
cual se erige la investigación, “no obedece a la verdad de los hechos, además de
que no podría servir de fundamento para dictar una medida de instrucción, pues,
constituye una flagrante violación al derecho de defensa, el derecho a ser
escuchado, el derecho de acceso a la prueba, las garantías de contradicción,
igualdad y transparencia”.
Al respecto, señalan que el párrafo II de la ley 107-13 establece que “todos los
actos y actuaciones estarán sujetos a los principios de transparencia, igualdad,
contradicción y fiabilidad o consistencia”. No obstante, dicho principio de
transparencia estaría siendo violado al impedir el conocimiento del contenido del
informe a los afectados, mientras se otorga acceso a los medios de
comunicación.
Alegan también que no se estaría garantizando la igualdad, ya que el órgano
persecutor posee el documento -prueba de la investigación y del proceso- desde
hace casi un año; pero la defensa lo desconoce “a pesar de haber solicitado en
reiteradas ocasiones acceso a la carpeta fiscal (principio de igualdad entre
acusación y defensa)”.
Asimismo, detallan que no se ha cumplido con la garantía de la contradicción, ya
que al investigado no se le estaría resguardando el derecho a ser escuchado
(artículo 69.2 de la Constitución de la República Dominicana).
“No puede haber justicia objetiva e independiente escuchando sólo a una de las
partes: la exclusión de aquellos llamados por ley a participar, no es otra cosa que
una injusticia y una violación al debido proceso”, destacan.
Por último, refieren que desde el inicio de los interrogatorios en fecha 5 de febrero
del 2021, Donald Guerrero ha brindado todas las explicaciones necesarias de su
gestión frente al Ministerio de Hacienda, ya que se ha presentado a más de una
decena de citaciones y aportado más de 136 piezas probatorias.
(SD, 04/09/2022)
Jesús Jiminiángestionestrategicard@gmail.com
