Deportado de EEUU podría demandar a las autoridades
ALBANY, Nueva York, EE.UU.- Expertos se preguntan si un dominicano, que después de ser deportado por entrar ilegalmente a Estados Unidos se enteró que era ciudadano estadounidense, podría demandar a las autoridades.
El caso de Duarnis Pérez, que obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1988 y fue deportado en 1994, ha despertado el interés de especialistas en migración ahora que enfrenta un segundo proceso de deportación por ingreso ilegal a Estados Unidos. Los expertos se preguntan si Pérez estaría en condiciones de querellarse por su primera deportación.
«Más allá de la legalidad, este es un asunto de sentido común y de humanidad», consideró Daniel Kowalsky, un abogado de Texas que publica el Boletín de Inmigración de Bender, una revista sobre el tema.
Algunos observadores de la inmigración estiman que el caso de Pérez es un punzante ejemplo de los huecos de un sistema de inmigración que consideran agotado.
Pérez, ahora en los primeros años de su tercera década de vida, obtuvo la ciudadanía a los 15 años de edad cuando su madre se naturalizó en 1988, pero al parecer lo desconocía. Su abogado, J. Jeffrey Weisenfeld, de Nueva York, sólo se limitó a decir que Pérez permanece en Estados Unidos.
«Le gustaría seguir con su vida en forma discreta», expresó Weisenfeld. «Fue una desagradable experiencia», añadió sobre su cliente, que en 1994 fue deportado luego de ser encontrado culpable en un caso de drogas.
En el 2000, Pérez fue detenido cuando trató de reingresar a Estados Unidos por Canadá. Pero no fue informado de que tenía la ciudadanía, sino hasta comienzos del 2004 luego de cumplir tres años y medio de prisión por la detención del 2000.
La agencia gubernamental de inmigración y aduanas de Estados Unidos en Washington ha declinado responder en tres días a las peticiones de un comentario sobre el asunto.
Las cortes de inmigración en Estados Unidos manejaron 368.848 casos en el 2005, un aumento de 23% sobre los 299.474 asuntos tratados en el 2004, según la Oficina Ejecutiva para la Revisión de la Inmigración que depende del Departamento de Justicia.
Un vocero de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Chris Bentley, dijo que el gobierno carece de una manera práctica de comunicar a las personas la entrega de la ciudadanía en casos similares debido a la complejidad que implica.
La fiscal asistente Sara Lord, que procesó a Pérez, declinó responder si el gobierno apelará el fallo, pero descargó la responsabilidad del caso en Pérez por desconocer su situación migratoria.
La especialista Estelle McKee de la Escuela de Derecho de la Universidad de Wisconsin dijo que la responsabilidad es compartida.
«El servicio de inmigración tiene que demostrar que alguien puede ser removido», dijo McKee. «Resulta extraordinario pasar por todo un proceso de remoción y no saber que la persona es un ciudadano» estadounidense.
El caso de Duarnis Pérez, que obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1988 y fue deportado en 1994, ha despertado el interés de especialistas en migración ahora que enfrenta un segundo proceso de deportación por ingreso ilegal a Estados Unidos. Los expertos se preguntan si Pérez estaría en condiciones de querellarse por su primera deportación.
«Más allá de la legalidad, este es un asunto de sentido común y de humanidad», consideró Daniel Kowalsky, un abogado de Texas que publica el Boletín de Inmigración de Bender, una revista sobre el tema.
Algunos observadores de la inmigración estiman que el caso de Pérez es un punzante ejemplo de los huecos de un sistema de inmigración que consideran agotado.
Pérez, ahora en los primeros años de su tercera década de vida, obtuvo la ciudadanía a los 15 años de edad cuando su madre se naturalizó en 1988, pero al parecer lo desconocía. Su abogado, J. Jeffrey Weisenfeld, de Nueva York, sólo se limitó a decir que Pérez permanece en Estados Unidos.
«Le gustaría seguir con su vida en forma discreta», expresó Weisenfeld. «Fue una desagradable experiencia», añadió sobre su cliente, que en 1994 fue deportado luego de ser encontrado culpable en un caso de drogas.
En el 2000, Pérez fue detenido cuando trató de reingresar a Estados Unidos por Canadá. Pero no fue informado de que tenía la ciudadanía, sino hasta comienzos del 2004 luego de cumplir tres años y medio de prisión por la detención del 2000.
La agencia gubernamental de inmigración y aduanas de Estados Unidos en Washington ha declinado responder en tres días a las peticiones de un comentario sobre el asunto.
Las cortes de inmigración en Estados Unidos manejaron 368.848 casos en el 2005, un aumento de 23% sobre los 299.474 asuntos tratados en el 2004, según la Oficina Ejecutiva para la Revisión de la Inmigración que depende del Departamento de Justicia.
Un vocero de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Chris Bentley, dijo que el gobierno carece de una manera práctica de comunicar a las personas la entrega de la ciudadanía en casos similares debido a la complejidad que implica.
La fiscal asistente Sara Lord, que procesó a Pérez, declinó responder si el gobierno apelará el fallo, pero descargó la responsabilidad del caso en Pérez por desconocer su situación migratoria.
La especialista Estelle McKee de la Escuela de Derecho de la Universidad de Wisconsin dijo que la responsabilidad es compartida.
«El servicio de inmigración tiene que demostrar que alguien puede ser removido», dijo McKee. «Resulta extraordinario pasar por todo un proceso de remoción y no saber que la persona es un ciudadano» estadounidense.
2006-08-24 12:09:56
