EL TIRO RÁPIDO
De
Mario Rivadulla
Martes 29/07/2008.
De seguro la voz disidente del diputado peledeísta Walter Encarnación, encontrará poca o ninguna sintonía en las Cámaras Legislativas y en los litorales partidarios, incluyendo su propia parcela, para su propuesta de que se derogue la ley de financiamiento de fondos públicos que reciben a través de la Junta Central Electoral. La misma, sin embargo, tiene un gran fundamento moral, y sin dudas despertará la simpatía y el apoyo de la gran mayoría de la ciudadanía y de los sectores representativos de la sociedad no comprometidos con labores proselitistas ni fines electorales.
Al diputado Encarnación, le asiste mucha razón cuando señala el fracaso de esa legislación inspirada en el propósito de que la clase política no siguiera tocando las puertas del sector privado para solicitar apoyo económico a sus campañas, mucho menos que entre dichos aportes pudiesen figurar fondos de procedencia dudosa o francamente delictiva. Esto así, en el entendido que al recibir esas contribuciones se establecen vínculos de potencial futura retribución que llegan a condicionar las decisiones a tomar por parte de gobiernos y congresistas electos.
En la práctica no ha resultado así. La susodicha ley no ha funcionado como se esperaba, en cuanto al logro de los objetivos que la motivaron. Por el contrario, en la medida en que las campañas electorales se han vuelto más y más costosas ha sido mayor el flujo de recursos recibidos de fuentes privadas para financiarlas. En adición, el erario público ha resultado sangrado en posiblemente una cifra cercana a los 3 mil millones de pesos, calculados al ojo por ciento, desde que la ley entró en vigencia, dineros que mejor pudieron haber sido destinados a mejorar la salud y la educación.
Mucho más realista y viable sería que en la próxima ley de partidos políticos en cuya comisión de trabajo figura el diputado Encarnación, se regulen los aportes privados a partidos políticos y candidatos, tal como ocurre en otros países, donde se identifican las fuentes proveedoras de dichos fondos, se establecen topes para los aportes y se audita el destino que se da a dichos recursos bajo juramento, con penas severas, incluso de prisión, en casos de desvíos y falsas declaraciones. Esto parece más recomendable y posible, aunque el complemento ideal sería dejar sin efecto la ley de financiación pública a las actividades políticas, tal como plantea el legislador peledeísta.
Es claro, sin embargo, que se torna muy cuesta arriba hacerse a la ilusión de que una propuesta de esta naturaleza vaya a ser bien vista y respaldada por los partidos políticos, en tanto representaría renunciar a una tajada tan sustanciosa de los fondos públicos como la que han venido recibiendo y que tiende a aumentar en la misma medida en que lo hacen las proyecciones presupuestarias del gobierno. Esta es la única y poderosa razón en que se sustenta el rechazo a la propuesta que comentamos cada vez que se ha sugerido con desprecio de cualquier consideración ética. Risible, en verdad, el argumento que han empleado algunos políticos, por lo general, de escasos o nulos respaldos públicos, de que el mantenimiento de esa generosa dádiva, cada vez menos justificada, es el llamado “costo de la democracia”, como si ésta se sustentara más en el sostenimiento de la clase política, en no escasa medida integrada por elementos incapaces y voraces, a costa de los contribuyentes, que en el progreso de la nación y el bienestar de sus habitantes.
Si bien destinado a naufragar en el ámbito congresional, le quedará al menos a su proponente como premio de consolación, la seguridad de que tal como señalamos anteriormente, la misma gozará de un amplio espacio de simpatía y acogida en el seno de la ciudadanía, tal como desde aquí le expresamos el nuestro.
2008-07-30 23:28:06
