EL TIRO RÁPIDO
De
Mario Rivadulla
El hecho lo señalamos ayer como una de las tantas ocurrencias insólitas que tienen lugar en nuestro país. Se trata de la acción del Síndico de Villa Altagracia, Pedro Peralta, de haber improvisado sendos vertederos en la parte frontal colindante con la Autopista Duarte de terrenos ocupados por las plantaciones de Cítricos Dominicanos, del grupo empresarial Rica por un lado y por el otro, a orillas del río Haina. Para ello, la autoridad local se hizo acompañar de un grupo de hombres armados. No se trató de actos impensados ni de ignoradas consecuencias. El propio responsable de cometerlos admitió su efecto contaminante, sobre todo en el caso del río Haina. Pero no obstante, en vez de rectificar reiteró su disposición a continuar con dicha práctica.
Pero si sorprendentes fueron las desquiciadas acciones llevadas a cabo por el síndico villa altagraciano, mucho más resultaron las explicaciones que ofreció al comparecer a distintos medios de comunicación para intentar justificarlas. Según Peralta, las mismas tuvieron el propósito de llamar la atención del Gobierno Central, al que se habría dirigido en varias oportunidades reclamando diversas obras de interés para ese municipio sin ser atendido.
No es tanto el escenario que ha servido de marco a este hecho, por el cual Peralta fue interrogado ayer en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y encara un posible sometimiento a los tribunales por los delitos ecológicos en que ha incurrido, en caso de no comprometerse a rectificar tan insólito comportamiento y no reincidir en esa clase de acciones. Ni tan siquiera el absurdo argumento al que ha apelado para explicar su disparatado comportamiento.
Si lo traemos a este espacio, es simplemente para llamar la atención de la todavía tan extendida falta de conciencia sobre la importancia de la preservación de nuestros recursos naturales y el cuidado de la calidad del medio ambiente, que compromete la actuación culposa como cómplices en unos casos y directamente involucrados en otros de no pocas autoridades aún a niveles jerárquicos elevados, quienes, por el contrario, debieran ser sus más celosos y compromisarios guardianes. No son escasas las ocasiones en que, si no con las características tan singulares de lo ocurrido en Villa Altagracia, figuras tanto civiles como uniformadas, aparecen vinculadas a todo género de agresiones al patrimonio natural para provecho propio. Sus crímenes, que no merecen otro calificativo, casi siempre han quedado hasta ahora arropados de impunidad.
Como reflejo de la falta de sanción a los delitos ambientales, es oportuno recordar los señalamientos hechos, semanas atrás, por el Rector de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en el acto de graduación de varios cientos de nuevos profesionales egresados de esa prestigiosa casa de estudios, a los que exhortó a convertirse en cruzados permanentes en la conservación y defensa de nuestro degradado hábitat. La reconocida autoridad académica citaba como penoso ejemplo de esa impunidad que durante el pasado año de varios miles de sometimientos por violaciones a la legislación sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, apenas unos pocos habían sido sancionados.
Días más tarde, el general Valerio García, entonces Jefe de la Policía Ambiental, endosaba esas afirmaciones revelando que de más de siete mil expedientes instrumentados por el cuerpo bajo su mando en el 2007, menos de 250 habían llegado a los tribunales y podían contarse con los dedos de una mano los fallos condenatorios, por lo demás con penas muy débiles. El militar, inexplicablemente relevado días más tarde del cargo donde había registrado un irreprochable desempeño, acusó en esa oportunidad a fiscales ambientales de estar recibiendo sobornos de los transgresores para no dar curso a los expedientes acusatorios.
Una y otra vez desde esta tribuna hemos insistido en desarrollar una campaña sostenida en defensa de la calidad del medio ambiente y del rescate y preservación de nuestros inestimables recursos naturales sometidos a lo largo de mucho tiempo a la más irresponsable explotación. Hemos señalado que bastaría con echar la vista al otro lado de la frontera para tomar como ejemplo el devastado y empobrecido territorio vecino, que hoy paga un mucho más elevado precio en vidas y daños materiales por la carencia de defensas naturales.
Lamentablemente bien dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y de ahí la necesidad de impulsar una política vigorosa, firme y bien estructurada, aplicada sin privilegios, paños tibios ni apañamientos para evitar que a la vuelta de pocos años estemos pasando por una situación similar.
Esa necesidad impostergable es oportunidad para que Jaime David Fernández, con una reconocida vocación ambientalista y probada experiencia en este campo, pueda llevar adelante un trabajo meritorio a favor del país que a cambio, le reportará seguro reconocimiento y gratitud en la medida en que no baje la guardia frente a los poderosos intereses creados que hasta ahora han depredado nuestros ríos y riqueza forestal con el mayor descaro e impunidad.
2008-09-12 17:40:25
