EL TIRO RAPIDO
De
Mario Rivadulla
Antier expresamos la profunda sorpresa que nos habìa producido la información de que cuatro venezolanos acusados de sendos atracos millonarios a un ciudadano en La Romana y posteriormente a una casa de cambio propiedad del diputado perredeìsta Alberto Atallah habìan sido favorecidos con un fallo judicial de libertad provisional bajo fianza.
Ayer mismo, la prensa matutino recogiò declaraciones del Fiscal del Distrito, doctor Moscoso Segarra, mostrando igualmente su asombro ante la insòlita decisión que pone en la calle a elementos acusados de tan graves delitos consecutivos, sin que mediara ninguna de las circunstancias que justificasen la misma.
Y hoy, precisamente, los medios divulgan manifestaciones del propio legislador cuyo negocio resultò vìctima del atraco, mostrando tanto extrañeza por la insòlita disposición judicial como justificada preocupación por su seguridad personal y la de su familia, ya que segùn revela, los inculpados vertieron amenazas en su contra.
Hagamos un breve repaso de los hechos.
Los cuatro venezolanos aparecen involucrados en el atraco a un ciudadano en el parqueo de una institución bancaria de La Romana, al cual habrìan despojado de 1.3 millones de pesos. Posteriormente, penetraron en la casa de cambio del señor Atallah, quien por tradición familiar de muchos años està vinculado a esta actividad, y se llevaron 3 millones 500 mil pesos. Segùn afirma el señor Atallah, la identificación de los perpetradores de esta grave acciòn delictiva no deja margen a dudas tanto por ser reconocidos por empleados de su negocio como por el registro de la càmara de video de seguridad del establecimiento asaltado. Posteriormente los presuntos malhechores fueron atrapados en el mismo aeropuerto cuando pretendìan abandonar el paìs cargando el fruto de su botìn.
Mediando todas estas evidencias y tomando en cuenta ademàs que se trata de extranjeros sin arraigo en el paìs, se hace muy cuesta arriba digerir el fallo que les otorga la libertad a cambio de una fianza de un millòn de pesos por cabeza, muy inferior inclusive al monto de lo robado en los dos atracos que se han denunciado.
¿En què precepto del Còdigo Procesal Penal se puede haber apoyado este fallo a todas luces tan incomprensible e injustificado?
¿Què consideración atenuante puede haber tomado en cuenta el magistrado que dictò la disposición liberadora para cambiar lo que tambièn a todas luces debiera ser una medida de coerciòn carcelaria por una libertad bajo fianza?
Entendemos que el Fiscal ha apelado el fallo. Pero creemos que debiera tambièn solicitar una evaluaciòn de sus consideraciones por parte de la Suprema Corte de Justicia. Es una acciòn que tambièn pudiera tomar el diputado Atallah para pedir al cuerpo congresional al que pertenece a fin de que èste a su vez haga esa misma solicitud a nuestro màs alto tribunal.
Màs aùn: tomando en cuenta que fallos como èste despiertan todo gènero de suspicacias y ponen en entredicho la confiabilidad de nuestro sistema judicial, bien pudiera la Suprema, que ha demostrado celo en tantas otras ocasiones en velar por la buena aplicación de las normas procesales y el comportamiento ètico de los jueces, tomar decisión por propia iniciativa de revisar el cuestionado fallo y verificar las razones legales y de percepción personal si cabe, que puedan haber influìdo en el mismo.
Porque de que huele mal, huele màs que mal, peor.
2008-11-21 17:17:47
