EL TIRO RAPIDO DE LA SEMANA
De
Mario Rivadulla
Como si la cantidad, diversidad y gravedad de los problemas que confrontamos no fuese suficiente, la semana registró un hecho que pudo haberse convertido en una situación crítica tanto en el plano local como internacional. Fue la ocupación de una iglesia en la población fronteriza de Dajabón por un grupo numeroso de haitianos, creciendo hasta sumar unos seiscientos, exigiendo ser admitidos en territorio dominicano. Unas cuantas decenas de los invasores del templo argumentaron disponer de carnés de trabajo para reclamar su permanencia en el paìs; el resto, o sea la gran mayoría, en cambio eran indocumentados.
Lo que pudo resultar, como antes señalamos, un serio incidente de consecuencias imprevisibles, terminó convertido en la clásica tormenta en un vaso de agua, por fortuna pero sobre todo por la actuación inmediata, eficiente y serena de las autoridades de Migración que, sin violencia, lograron el desalojo del recinto religioso, devolviendo a los indocumentados al otro lado de la frontera y admitiendo en cambio la permanencia de los portadores de los consiguientes permisos de trabajo.
En este proceso quedò involucrado el sacerdote Regino Martínez, de larga trayectoria en la zona fronteriza no exenta de ángulos controversiales. De hecho, como consecuencia de este episodio se ha generado una situación polèmica entre el ministro catòlico y el Director actual de Migración, mayor general José Anìbal Sanz Jiminián.
A los ataques que le ha dirigido el primero, el funcionario acaba de responder afirmando que los mismos obedecen al hecho de haberle negado en diferentes ocasiones al mismo permiso para expedir carnés a favor de ilegales haitianos, a fin de posibilitar su permanencia en el país. El diputado Pelegrín Castillo ha hecho señalamientos similares en este mismo sentido, revelando que el sacerdote ha creado una asociación a través de la cual expide o intenta autorización para expedir permisos a nacionales del paìs vecino que cruzan la frontera de manera irregular. Obvio que una pretensión de esa naturaleza es de todo punto ilegal y por consiguiente, inadmisible.
A su vez, el Presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, rechazó de manera enfática un reclamo en ese mismo sentido del propio religioso para que se les expidiese cédulas de identidad a haitianos indocumentados, recordando que la definición del status migratorio de todo extranjero es una facultad que escapa a la jurisdicción de ese tribunal.
Este episodio saca nuevamente a relucir la carencia de una polìtica migratoria definida que como ejercicio de legìtima soberanìa le corresponde imponer al gobierno dominicano. La falta de aplicación de normas en este sentido a lo largo del tiempo y de los diferentes gobiernos que se han sucedido en el poder, sin que excluya a ninguno de los partidos polìticos que lo han detentado, es lo que ha traìdo como consecuencia que el problema de la inmigración haitiana ilegal haya llegado al punto de extrema gravedad en que se encuentra al presente y en el mucho mayor a que pudiera llegar en el futuro.
A la reiterada y sostenida desidia oficial, se suma la actitud ventajista de quienes en provecho propio y burla flagrante de las leyes, facilitan la venida al paìs de braceros haitianos indocumentados y los mantienen en esta condiciòn a base de salarios inferiores e incumplimiento de los beneficios sociales que les corresponderìan de estar debidamente acreditada su entrada y permanencia legal en suelo dominicano.
Todo esto ha traído como consecuencia la presencia en el paìs de cientos de miles de haitianos indocumentados. Esta situación irregular, ha dado lugar a campañas proyectando duras y muy a menudo exageradas e injustas críticas internacionales sobre el paìs por el trato que reciben aquí, tomando en muchas ocasiones casos particulares para sustentar denuncias como si se tratase de situaciones generalizadas,atribuyendo al gobierno políticas discriminatorias y a los dominicanos un comportamiento social racista.
Es obvio que el tema de la presencia haitiana en el paìs debe objeto de una cuidadosa y serena ponderación. De soluciones viables ajustadas al interès nacional dentro del mismo marco de Derecho en que los demàs gobiernos aplican sus normas migratorias en un ejercicio legìtimo de soberanìa, sin que por ello se enturbien las relaciones con el vecino que deben desenvolverse en el màs elevado nivel posible de respeto, consideración, cooperación y buena voluntad.
Lo de Dajabòn, por màs que tuvo un final menos problemàtico de lo que pudo haber sido de no haberse actuado con la prudencia con que se procedió, no puede analizarse ni dejarse pasar a la ligera.
2009-01-12 18:37:56
