Mario Rivadulla
Mayo 5 de 2009
Lo expresó en días pasados en un evento internacional, el Vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque y luego, con todo el énfasis que corresponde a su elevada jerarquía, el propio Presidente Leonel Fernández aseguró que su gobierno levanta la consigna de ?Cero Corrupción?. Ahora la misma encuentra resonancia en el respetado Arzobispo de Santiago y Presidente de la Conferencia de Episcopado Dominicano Ramón Benito de la Rosa y Carpio en una breve pero muy contundente frase: ?Si acabamos con ese flagelo, habrá más dinero para el país. No basta crear más empleos, nuevos impuestos, si la corrupción no termina?. Más claro con menos palabras y en lenguaje más sencillo no puede reflejarse lo que es una realidad palpable y un sentimiento creciente en la ciudadanía.
En semanas recientes, el Director General de Aduanas, Miguel Cocco, auténtico paradigma de honestidad, proclamó la necesidad de erradicar de la Administración a los funcionarios corruptos. Ya anteriormente, había advertido que ?la corrupción es la mayor responsable de la pobreza de tantos dominicanos?, afirmación que compartimos. Sus categóricos señalamientos han sido respaldados en el terreno de los hechos por una gestión que es objeto de general reconocimiento en que no ha dado tregua al contrabando, tanto de mercancías como de medicamentos ilegales salvando para el patrimonio fiscal miles de millones de pesos.
Sancionar la corrupción dentro del marco jurídico establecido en los Códigos vigentes es un proceso complejo y una responsabilidad compartida por el Gobierno al que toca ejercer los mecanismos de vigilancia sobre sus propios funcionarios, a los fiscales que tienen a su cargo estructurar los expedientes acusatorios que son sometidos a los tribunales y a los jueces a quienes, con vista a las evidencias aportadas y estricto apego a la ley, corresponde aplicar las sanciones de lugar.
De cierto que no siempre es fácil acopiar los elementos probatorios del dolo que posibiliten al Ministerio Público instrumentar adecuadamente los casos de tal modo que los magistrados puedan dictar fallos condenatorios en el marco de un Código Procesal que apenas deja margen a la íntima convicción. Es de recordar que en días recientes precisamente, el Departamento de Prevención de la Corrupción Pública desestimó decenas de expedientes acusatorios por carecer de los necesarios elementos de prueba.
Pero hay otros en cambio, y hemos tenido pruebas más que suficientes en las últimas semanas, en que los propios funcionarios se autoincriminan de manera pública por ser más que ostensibles las irregularidades de todo tipo en que incurren y los actos ilegales que cometen. Toca en tales casos al gobierno proceder sin excusa ni dilación a tomar las medidas de lugar y disponer las investigaciones correspondientes llevadas a cabo con la mayor rigurosidad y transparencia, sin asomos de complacencia personal ni compromiso político que de lo contrario, puede ser interpretada por muchos como complicidad, para enviar la señal correcta de que ?tolerancia cero? es mucho más que una simple consigna coyuntural para consumo público pero carente de sustancia y sustento.
Por lo demás, seguimos insistiendo en que así como el empleo es el mecanismo más eficaz para combatir la pobreza, la inversión del fardo de la prueba en el caso de los funcionarios públicos resulta el arma de mayor contundencia para frenar la corrupción cuando el tren de vida del presunto responsable entre en contraste con sus ingresos declarados, sin que el mismo pueda justificar de manera creíble y transparente todo exceso o dispendio en que incurra. Por esa vía, es difícil burlar la acción de la justicia.
2009-05-06 14:17:05
