Mario Rivadulla
Miércoles 6,05,09
Ayer dijimos que considerábamos normal y justificada la protesta enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití a nuestra Cancillería, por la decapitación de Carlos Nerilus a manos de una exaltada turba que quiso así cobrar venganza por la que a su vez el occiso había perpetrado anteriormente con un dominicano en el curso de una discusión. También normal y justificado el reclamo de que el Gobierno Dominicano ponga en movimiento todos los mecanismos a su alcance para lograr que los culpables de este crimen sean apresados, llevados a la justicia y condenados por lo que a todas luces fue un hecho bárbaro.
La nota en cuestión fue acogida y respondida a través los canales diplomáticos correspondientes por la Cancillería Dominicana condenando el hecho, dando las satisfacciones de lugar a las autoridades del país vecino y seguridades de que se desplegarán los mayores esfuerzos para lograr que el mismo no quede impune. Hasta ahí todo el proceso se enmarcó dentro de los cánones tradicionales de la diplomacia y las relaciones normales entre países.
Lamentable y fuera de todo contexto, sin embargo, la posterior reacción en cadena que este hecho aislado y fruto exclusivo de una confrontación de carácter personal entre la víctima dominicana y su matador y posterior ajusticiado haitiano, ha originado en autoridades del otro lado de la frontera utilizando un lenguaje descompuesto, injusto, desafiante y hasta belicoso.
Al Canciller vecino se le atribuye haber expresado que este hecho criminal pone en entredicho los valores de la sociedad dominicana. De ser cierto, le estaría dando una dimensión nacional y generalizada a lo que ha sido una simple expresión de barbarie focalizada en un grupo de gente exaltada quienes con su actitud irracional se hacen reos de un crimen deleznable que somos los primeros en condenar y de que, por cierto, han sido víctimas en otras ocasiones los propios dominicanos.
Más desmesurada la reacción del Presidente del Senado Haitiano quien pronostica ?más masacres, asesinatos y humillaciones? contra sus connacionales residentes aquí. Todavía peor la de un diputado que plantea pedir a la comunidad internacional colocar a nuestro país en la lista negra de los Estados que violan sistemáticamente los derechos humanos. De las palabras a las acciones, se ha solicitado la presencia en Puerto Príncipe de su embajador en el país, señor Fritz Cineas.
Lo ocurrido es penoso y condenable y nuestras autoridades tienen que agotar todos los recursos para que el crimen no quede impune. Pero también van por mal camino, las voces que del otro lado de la isla parecieran estar interesados en magnificar este hecho aislado y de carácter estrictamente particular, tomándolo como excusa para remover viejos resabios y reavivar el fuego de antiguas ofensas que debieran quedar sepultadas en el pasado en aras de la buena vecindad a que estamos obligados tanto por la geografía como por sentido de sensatez e interés común.
Sobredimensionar la reacción ante lo ocurrido y convertirla en detonante de innecesarias confrontaciones no es lo más aconsejable. Por esa vía perderíamos ambos. Pero sobre todo Haití, de cuya causa hemos sido insistentes y solidarios voceros en todos los foros internacionales y al que a fin de cuentas hemos venido sirviendo de desahogo durante todos estos años acogiendo en nuestro territorio un millón o más de sus nacionales, en su inmensa mayoría indocumentados que aquí viven y trabajan y que desde aquí envían cada año cientos de millones de dólares en remesas a sus familiares del otro lado de la isla, sumida en la mayor pobreza y necesidad.
De esperar que frente a estos hechos, el horrendo crimen y la desbordada respuesta haitiana la sensatez y la serenidad se mantengan de este lado y deseable que se recobren del otro, donde parece que hay quienes han perdido la una y la otra si es que no les anima algún otro propósito de naturaleza inconfesable y siempre tendría consecuencias funestas.
2009-05-07 17:09:04