Mario Rivadulla
Lunes, 22,06,09
Durante el primer semestre de este año los partidos politicos han recibido via la Junta Central Electoral 219.4 millones de pesos para sus actividades proselitistas. Para el segundo, la cantidad proyectada es de 307.1 para hacer un gran total de 526.4 millones en el 2009. Esa suma se vera sustancialmente aumentada en el 2010 en que tendremos elecciones congresuales y municipales válidas por seis años. Esos fondos salen del Presupuesto Nacional y la Junta Central Electoral está facultada para conocer la forma en que son manejados y el destino que se dá a los mismos.
Ahora bien. No son esos los únicos recursos que reciben los partidos políticos para cubrir sus gastos administrativos y financiar sus actividades proselitistas. De hecho, los procesos electorales se han tornado tan costosos que esos fondos son apenas una parte mínima de los gastos en que incurren para participar en los mismos. El grueso de la recaudación proviene de aportes del sector privado, tanto empresariales como individuales. Sobre estas contribuciones que pueden alcanzar miles de millones de pesos, el tribunal electoral carece de facultades de auditoría, que en todo caso correspondería a una sobrecargada Cámara de Cuentas. De ahí que el magistrado de la propia Junta, Eddy Olivares, haya llamado la atención de la ciudadanía y los propios partidos políticos para evitar que aportes provenientes del narcotráfico puedan permear sus estructuras, contaminar el proceso electoral e incidir en la elección de determinados candidatos.
Para nadie es un secreto el auge que ha cobrado el narcotráfico en el pais como puente hacia los atractivos mercados europeo y norteamericano tanto como para un mucho más reducido pero no por ello despreciable consumo local, que ha ido creciendo de manera cada vez mas acelerada y preocupante. No es tampoco desconocido el hecho de que esa actividad criminal mueve cantidades asombrosas de recursos, con márgenes de ganancia de tal magnitud que le han permitido ir contaminando todo el tejido social y agenciarse numerosas e importantes complicidades en los más diversos sectores del país. El ejercicio político y las instancias de poder, como demuestra la dolorosa experiencia de otras naciones como Colombia y México por citar dos casos, no escapa al interés y la influencia de los capos de la droga.
Se recuerda que no hace tanto el fiscal interno del PRD denunció públicamente la existencia de legisladores de todos los partidos en cuya elección, de una u otra forma, habían incidido los fondos provenientes del comercio de drogas. Su acusación levantó una polvareda momentánea que llevó al presidente de la Comisión de Etica de la Camara a otorgarle un plazo de quince días para revelar los nombres de quienes hubiesen obtenido sus curules por esa vía con la advertencia de ser sometido a la justicia por difamación una vez pasado dicho plazo. Ni los nombres fueron dados a conocer, ni que se sepa se produjo el tal sometimiento, ni se ha vuelto a hablar del asunto.
En el próximo torneo comicial serán cubiertos 3 mil 183 cargos electivos desde senadores y diputados hasta síndicos, vicesíndicos, regidores y encargados de distritos municipales. El número de competidores será varias veces mayor, la cantidad de recursos que se gastarán alcanzará un monto enorme y de muy difícil detección y control el origen de cada uno de los aportes que reciban los aspirantes.
La preocupación externada en consecuencia por el magistrado Olivares resulta justificada y deseable que los partidos políticos acojan su exhortación, poniendo especial cuidado en rastrear el origen de los recursos de cada uno de sus respectivos candidatos. Esto así, a la espera de que en el Congreso se acabe de discutir y aprobar la Ley de Partidos Políticos facultando a la Junta Central Electoral a auditar no solo los fondos que reciban los mismos provenientes del Presupuesto Nacional sino también los aportes de contribuyentes particulares, poniendo límites a los mismos y confirmando que no proceden de las abultadas arcas del crimen organizado.
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2009-06-23 14:39:00
