Mario Rivadulla
Miércoles 5,08,09
LA LEY DE PARTIDOS
A comienzos de semana comentamos las declaraciones del Presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario, asegurando que de aprobarse el proyecto de ley de partidos que cursa en el Congreso Nacional en un tiempo razonablemente breve, la misma pudiera ponerse en ejecución con vistas a las elecciones congresuales y municipales del 2010.
Ayer precisamente, la Cámara de Diputados le impartió su aprobación en primera lectura. Tanto la bancada del PLD como la del PRD hicieron causa común para favorecer el proyecto, frente a la oposición y consiguiente disgusto de los legisladores reformistas quienes se oponen al mismo por entender que la repartición de fondos provenientes del Presupuesto Nacional para financiar las actividades proselitistas no es equilibrada. Esta distribución es de un ochenta porciento para los partidos mayoritarios y el restante veinte para dividir entre las agrupaciones de menor caudal electoral.
Los partidos minoritarios hacen causa común en su oposición al proyecto con el Reformismo, que antes entraba en la categoría de partido grande y recibía la tajada correspondiente pero ahora, en razón de su desplome electoral en los pasados comicios presidenciales, ha pasado a figurar entre las parcelas emergentes. Su reclamo es que el botín se divida a razón de un sesenta y cuarenta. Una propuesta en su caso oportunista, que obviamente no tiene asidero ni posibilidades reales de ser acogida dado que peledeístas y perredeístas integran una fuerte mayoría congresional y no luce lógico que estén dispuestos a desprenderse de una porción tan sustanciosa de los fondos que recibirán. De todos modos, el proyecto ha sido enviado a estudio de la Comisión correspondiente.
Vale reiterar algunas de las innovaciones que aporta el mismo. En este contexto, conviene destacar la facultad de que dispondrá la Junta Central Electoral para auditar el origen, cantidad y uso de los fondos que reciban los candidatos y partidos de fuente privada, de tal modo que pueda ejercerse control para evitar que recursos provenientes de fuentes dudosas, del narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado puedan influir en el proceso de elección. De igual modo, para exigir cuenta detallada del destino de los dineros extraídos del presupuesto nacional en razón de la ley de financiación de los partidos, que éstos reciben a través del propio Tribunal Electoral.
La ley permitiría además regular las actividades partidarias con estricto ajuste a las normas legales y contribuiría a poner freno al llamado ?transfugismo? al establecer que aún cuando se vota por el candidato, el cargo al que aspira y que caso de ser electo, desempeña, es pertenencia del partido político que lo postuló por lo que si decide emigrar hacia otra parcela, tendrá que hacerlo dejando atrás el mismo para que sea ocupado por la persona que elija la agrupación de la que desertó.
Estas y otras modificaciones convierten el proyecto en un valioso instrumento de modernización y mejoramiento ético y funcional del ejercicio político y su aplicación debe redundar en el fortalecimiento de nuestra todavía muy imperfecta democracia tanto como contribuir a elevar la muy decaída imagen de credibilidad de nuestros partidos políticos. Sin ánimo de que se atropelle su conocimiento y ponderado análisis, es de esperar que por la importancia fundamental que reviste el proyecto no quede encallado en el seno de la comisión, pero sí que reciba el tratamiento de prioridad y urgencia que amerita sin ser sometido a interesadas modificaciones que puedan distorsionar sus méritos y objetivos.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?.
2009-08-06 13:36:12
