Panamá, 14 dic (Prensa Latina) Fuertes advertencias a los funcionarios públicos y paralización de contratos dudosos, marcan hoy la posición del presidente panameño, Laurentino Cortizo, frente a posible corrupción administrativa dentro de su administración, que se negó a admitir.
En lo que muchos califican como una postura consecuente con su propuesta de gobierno, el mandatario advirtió públicamente que ‘aquí no hay margen para el juega vivo (hacer trampas), quien intente jugar vivo está liquidado’, a la vez que reiteró que ‘los recursos del Estado son sagrados’.
Tales expresiones fueron durante una gira de trabajo comunitario por el oeste de la norteña provincia de Colón, conocida como Costa Abajo, durante la cual también afirmó que las riquezas estatales son para usarlas en beneficio de la población, e insistió que ‘no quiero que sean desviados, quiero que las cosas se hagan bien’.
Informó que cada miembro de su equipo de trabajo será sometido a una evaluación en enero próximo y expresó su deseo de que la mayoría continúe en sus puestos, a partir de sentirse satisfecho con el trabajo colectivo realizado y los exhortó a seguir avanzando.
El presidente emitió esas declaraciones poco después de presentada una denuncia penal contra la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, por probables irregularidades con el procedimiento de entrega de libreta a los billeteros y declarara ‘confidencial’ el nombre, cédula y provincia de los tenedores de estas.
Anteriormente surgieron críticas ciudadanas por contratos ascendentes a 7,5 millones de dólares para alquiler y limpieza de carros recogedores basura en la capital, cuyo monto desmedido fue comentado por el propio mandatario en declaraciones a los periodistas.
Informó que pidió al director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Pedro Castillo, que desglose cómo se llega a esa cifra, mientras no descartó hacer una auditoría a la institución si hay dudas con el contenido de lo acordado.
A principios de diciembre, en un acto poco habitual de los gobiernos panameños recientes, la actual administración detuvo la compra directa, firmada por el vicepresidente Gabriel Carrizo, de ocho generadores atmosféricos de agua potable por denuncia de supuestos precios ‘inflados’.
‘Considerando las necesidades de instalación y mantenimiento que debieron haberse plasmado y para resguardar la transparencia en el uso de los recursos del Estado, se procederá a subir una licitación pública’, señaló una nota oficial de la Secretaría de Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, al retroceder en lo actuado al respecto.
La decisión se tomó horas después que una investigación del diario La Prensa publicó un probable sobreprecio de 1,3 millones de dólares en el contrato, mediante el cual la empresa Inversiones Rona vendería cada equipo al Estado en 250 mil dólares, y por los cuales declaró en Aduana un valor de 13 mil dólares para su importación al país.
Otro hecho que salió al paso recientemente a hipotéticos negociados con el aparente respaldo de diputados, fue la declaración de Isla Boná como área protegida, lo que frenó la destrucción de un hábitat natural de especies marinas y aves con la construcción de una terminal de hidrocarburos para suministro a barcos que cruzan el canal interoceánico.
mv/orm
2019-12-14 11:25:12
