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Cuando cooperación rima con inversión privada
No a la deuda del Sur con la banca privada suiza
Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza
A partir del año próximo la cooperación oficial suiza, que se retira progresivamente de América Latina, apunta a aumentar su presupuesto para proyectos ejecutados por empresas privadas. La sociedad civil protesta y denuncia y, al mismo tiempo, exige a los grandes bancos helvéticos la anulación de la deuda de los países «pobres».
La deuda pública de 86 de los países más empobrecidos del planeta con 40 bancos suizos equivale a 5.700 millones de francos -cifra casi idéntica en dólares estadounidenses. La crisis generada por la pandemia exige medidas urgentes y excepcionales. Once de las más activas organizaciones no gubernamentales helvéticas (ONG) activas en la cooperación con África, Asia y América Latina, solicitaron al gobierno convocar a una mesa de discusión para negociar las modalidades de esa condonación.
Exigen participar en ese espacio donde deben estar presentes, también, delegados gubernamentales, de los bancos prestamistas y de los gobiernos endeudados. «Los bancos privados helvéticos juegan un rol clave en tanto acreedores privados de esos Estados… Deben asegurar la transparencia pública sobre sus préstamos, las condiciones y las modalidades de pago», señala un documento público difundido la primera semana de junio por Alianza Sur, plataforma que reúne a seis de esas once ONG.
Se trata, según los firmantes, de «deudas públicas» y por lo tanto las cifras y datos deben ser claros y transparentes. Y recuerdan que en muchos de esos 86 países la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Secretaría de Economía (SECO) sostienen proyectos e iniciativas en el marco de su cooperación internacional. Y, por lo tanto, es fundamental contar con una política oficial coherente, subrayan las ONG.
¿Cooperación privatizada?
Si hace una decena de años la participación privada en la cooperación suiza era casi nula, en la actualidad se eleva al 5% del paquete total, proyectando hasta un 27 % para la próxima década. En 2019 el monto de la misma fue de un poco más de 3.000 millones de francos.
A partir del 2021, la cooperación oficial concentrará su presencia en cuatro regiones del planeta: África subsahariana; África del Norte – Medio Oriente; Asia; y Europa del Este. Reducirá el número de países «beneficiarios» de 46 a 35. Y como explica su publicación Un solo mundo, del mes de junio, priorizará sus propios intereses a largo plazo; las necesidades de las poblaciones en los países en desarrollo; y sus competencias técnicas acumuladas, a las que denomina «valor agregado», en el marco internacional.
Crítica de la sociedad civil
Public Eye (Mirada Pública, antes denominada Declaración de Berna), uno de los movimientos ciudadanos más importantes de Suiza se pregunta en un documento dado a conocer en mayo pasado «¿Subvenciones para las multinacionales?». Y afirma que la estrategia anticipada por Ignazio Cassis, Ministro de Relaciones Exteriores, «interpela no solo en razón de los millones en juego ? fondos públicos-, sino también, y sobre todo, por la problemática política que plantea: ¿qué tipo de desarrollo quiere promover Suiza (ndr. en el mundo) y qué modelo de cooperación defiende en el plano internacional?».
Según el gobierno, el sector privado cuenta con una gran experiencia y conocimiento en sectores tales como agua, agricultura, alimentos y salud. Public Eye, contraataca y destapa un proyecto «público-privado» impulsado por la cooperación suiza, por 5,6 millones de francos a tres años, para promover el «Water Stewardship 2030» (Administración del Agua 2030).
Los cuatro ilustres socios en dicho proyecto son nombres famosos en la escena multinacional. El Water Resources Group 2030 -que reúne a Coca Cola, Pepsico y la Nestlé. La Alliance for Water Stewardship, de dudosa reputación según el periódico suizo Beobachter. La WEF Water initiative, es decir, la iniciativa del Foro Económico Mundial de Davos en la dirección de privatizar el sector público. Y la CEO Water Mandate, que en 2010 había recibido un premio otorgado por la sociedad civil mundial a la empresa menos seria y menos creíble en lo social y en lo ecológico. (https://www.publiceye.ch/fr/des-subventions-de-la-ddc-pour-les-multinationales).
Christa Luginbühl, una de las expertas de Public Eye, en una reciente entrevista publicada en el cotidiano Le Courrier, señala que mientras el objetivo de las ONG es «contribuir al desarrollo y luchar contra la pobreza, el de las empresas es el beneficio» (https://lecourrier.ch/2020/05/28/privatiser-la-cooperation/). Objetivo que muchas veces conlleva a conflictos de intereses con las comunidades locales y a violaciones de derechos humanos.
Implicar a las grandes empresas en la cooperación crea problemas con las ONG. Ya que, sigue analizando, «las multinacionales son conocidas, sobre todo, por favorecer la privatización de los bienes comunes como el agua, promover una agricultura basada en semillas caras y pesticidas tóxicos, o bien hacer trabajar a los obreros en condiciones deplorables».
La designación en octubre pasado de Christian Frutiger como subdirector de COSUDE creó un significativo malestar asociativo. Durante años se había desempeñado como cuadro de dirección de la Nestlé con la responsabilidad de dirigir los Asuntos Públicos de la trasnacional. Una campaña de firmas solicitó en ese momento, sin resultado, su impugnación para su nuevo puesto gubernamental.
Glencore, ninguna autocrítica
El 9 de enero del año pasado, durante un viaje oficial a Zambia, el canciller Cassis, que pregona hoy intensificar la cooperación suiza a través de las grandes empresas, visitó la Mopani Cooper Mines, sucursal de la trasnacional helvética Glencore cuya sede central está en el cantón de Zug.
Duramente criticado por medios de prensa, parlamentarios progresistas y por numerosas ONG suizas, el ministro había expresado luego de esa visita, munida de un fuerte contenido simbólico, estar positivamente sorprendido por los aportes considerables que la firma realiza en la formación de jóvenes y en la modernización de las instalaciones.
Glencore, principal empresa privada a escala mundial dedicada a la compraventa y producción tanto de materias primas como de alimentos, desde años está en la mira de organizaciones helvéticas ecológicas, de derechos humanos y de apoyo al desarrollo, que ven en ella la encarnación de la prepotencia transnacional suiza en el mundo.
«Cero. Es el número de incidentes graves en materia de derechos humanos que Glencore contabiliza en el 2019 en el marco de sus actividades en 35 países». En todo caso, es lo que señala el Informe de durabilidad que la empresa acaba de distribuir entre inversionistas y accionistas que se reunieron el primer martes de junio en su asamblea general anual.
Con cierto tono irónico Pan para el Prójimo, la organización de cooperación de las iglesias protestantes suizas, se pronuncia críticamente a través de un comunicado común firmado ese mismo día junto con su par Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, y con diez ONG internacionales, del Congo, Chad, Gran Bretaña y Estados Unidos. (https://painpourleprochain.ch/glencore-bericht-verschweigt-menschenrechtsvorfaelle/)
Fundamentando sus críticas los firmantes señalan, a nivel de ejemplo, dos hechos graves que involucraron a Glencore en la República Democrática del Congo el año pasado. En febrero, el accidente de un camión cisterna que transportaba ácido sulfúrico hacia una filial, con el correlato de 21 personas muertas y 8 con quemaduras graves. En junio del 2019 otro accidente en una excavación de la firma KCC, filial de la misma trasnacional suiza, que produjo 30 muertos y numerosos heridos.
Si Glencore habla de «cero incidentes» es porque emplean sus propios criterios, poco transparentes, para considerar lo que son incidentes graves a nivel de derechos humanos, enfatiza Pan para el Prójimo. «El Informe de Glencore calla los hechos de corrupción y de trabajo infantil» y no habla sobre las medidas concretas que la empresa prevé para minimizar los riesgos de impacto negativo en materia de derechos humanos y ambientales, subraya. Y concluye que ese tipo de informe carece de transparencia, «miente a los inversores y accionistas y no responde a los estándares internacionales».
No al 0.7%, sí al capital privado
La tendencia a privatizar cada vez más la cooperación internacional contrasta, además, con una deuda significativa de Suiza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Según las cifras actuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2019, la Confederación Helvética destinó un 0,44% de su Ingreso Nacional Bruto para la ayuda pública al desarrollo. No cumple así, ni siquiera, el mandato del 0.5% definido por el Parlamento. Y mucho menos con el 0.7% exigido por la sociedad civil.
La cooperación internacional en general y la suiza en particular viven tiempos tumultuosos, que se agravarán aun más como consecuencia de la pandemia y su corolario de crisis económico-financiera.
En esa encrucijada, los tiempos de una cooperación humanista, asociada casi a una visión planetaria solidaria, parecen cosas del pasado. Definir como prioridad los propios intereses helvéticos como objetivo esencial de la futura ayuda internacional, implica también reorientar la chequera. Y en esa nueva concepción, cooperación e inversión -privada, multinacional- se dan la mano, a pesar de la crítica acusadora de la sociedad civil que exige una mayor coherencia y la condonación de la deuda del «Sur» a los bancos privados de bandera nacional.
2020-06-17 00:13:53
