Por Maitte Marrero Canda
Guatemala, 25 feb (PL) Guatemala recuerda hoy a las víctimas del conflicto armado interno, un día especial para quienes se niegan a pasar la página de la justicia y abrir puertas a la impunidad.
Un 25 de febrero, pero de 1999, los gritos de ÂíJusticia, JusticiaÂí interrumpieron en varias oportunidades la entrega del informe Memoria del Silencio y su estremecedor balance de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, principalmente mayas.
El documento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) ponía en evidencia que más del 90 por ciento de las víctimas, entre ellos cinco mil niños, un millón de desplazados y 50 mil viudas, era responsabilidad del terrorismo de Estado de militares y paramilitares.
‘Como en tiempos de los griegos clásicos, la lectura en el Teatro Nacional de las líneas principales del informe se volvió una catarsis para los asistentes al acto.
La palabra más repetida en la lectura fue crueldad’, narró un participante de aquel momento.
Según recortes de prensa, mucha gente tuvo que quedarse en el lobby, viendo y oyendo a través de pantallas gigantes de televisión un acontecimiento humano socialmente trascendente, en particular cuando se mencionó el nombre de monseñor Juan Gerardi y la palabra genocidio para calificar los desmanes cometidos.
La CEH registró 626 masacres atribuibles a las Fuerzas del Estado, que se exterminaron por completo comunidades mayas, destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobrevivencia. En todos los casos se evidenció un agresivo componente racista, pormenorizaba el documento.
Veinte años después y con un día oficial para recordar a las víctimas (Decreto 06-2004), el contexto político actual no puede ser más adverso para los defensores del derecho a hacer justicia, no venganza.
Iniciativa 5377 lleva por nombre la propuesta oficialista, cuyo cabildeó comenzó desde el pasado año en los pasillos del Congreso con avances y retrocesos por la propia división entre las bancadas debido a su polémico contenido.
Se trata de Reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, con las que quedarían en plena libertad autores de crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo del conflicto armado interno (1960-1996), en su mayoría miembros de las Fuerzas Armadas.
Las adecuaciones -aprobadas para una segunda lectura- van dirigidas a extender la amnistía a delitos considerados imprescriptibles que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura.
Además de absolver a condenados por estos hechos, se aplicaría la retroactividad de la ley, una posibilidad que llevaría a este país a un evidente retroceso en materia de justicia, coinciden analistas políticos.
Por su parte, luchadores por los derechos humanos la consideran una afrenta a las víctimas y a sus familias, aunque no es la primera vez que se intenta pasar iniciativas para desocupar la cárcel de Mariscal Zavala y Matamoros de acusados por corrupción o de formar estructuras criminales.
Organizaciones civiles apuntan que los responsables de derechos fundamentales del pueblo que pretenden ser pisoteados están en el Congreso de la República de Guatemala y, detrás de ellos, hay militares y gente del poder económico que sienten que el brazo de la justicia les puede alcanzar, de ahí la urgencia en denunciar lo peligroso de este momento.
Cuentan que aquel 25 de febrero de 1999, los militares presentes en el Teatro Nacional no pudieron ocultar el nerviosismo ante los gritos de justicia.
Este 2019, organizaciones estudiantiles y campesinas marcharán hacia la plaza de la Constitución con claveles rojos y carteles con los nombres de sus muertos o desaparecidos para recordarle al Estado su gran deuda.
Insisten en que no es posible que después de 23 años de la firma de la paz, más del 60 por ciento de los expedientes para el resarcimiento estén sellados, empolvados y sin respuesta.
Coinciden en que recuperar el derecho a su memoria, conocer nombres, identidades y las causas por las que lucharon, es mantener viva su dignidad y la del pueblo maya.
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2019-02-25 14:39:04