Llamamos a evitar la politización, a deponer las posiciones extremas en pos del equilibrio nacional. Dada la menor agresividad del ómicron y el alto índice de vacunación, la flexibilidad propuesta debería ser aceptada y monitoreada
Arismendi Diaz Santana
La irrupción del ómicron nuevamente ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del país y la efectividad de la vacunación. Además, ha contribuido a revelar las reales prioridades de los sectores económicos, políticos, gremiales y sociales, más allá del discurso formal.
Esta nueva versión del COVID19 ha establecido record diarios, mostrado un incremento progresivo durante las últimas dos semanas. El ómicron, si bien se propaga más rápidamente, no resulta tan agresivo, lo que explica que muchos casos sean manejados a nivel familiar, sin reportarlos a las autoridades.
Las declaraciones confirman la existencia de una peligrosa dosis de politización. El Gobierno no quiere afectar el aumento de la economía y el empleo; la ADP protege más a los maestros que al año escolar; los padres y tutores no quieren dejar en casa a sus hijos; y el CMD abandona su tradicional cautela frente a la apertura.
El Gobierno dispuso la reapertura mediante una política de flexibilidad, facultando a los actores directos e indirectos de la educación y a la dirección de cada centro, a tomar las medidas más adecuadas de acuerdo al comportamiento de la pandemia y de acuerdo al protocolo de salud.
En abono a esta decisión, el ministro de salud, Daniel Rivera, aseguró que hasta el pasado mes de diciembre los niños registraron una tasa de positividad de 0.8 %, que ninguno presentó problemas graves, y que los alumnos afectados fueron aislados hasta recobrar la salud y regresar a las aulas.
Además, el MINERD señaló que el 98% del magisterio está inoculado y un elevado porcentaje tiene la tercera dosis. Además, prometió la entrega oportuna de todos los materiales de bioseguridad necesarios para asegurar la salud de toda la comunidad educativa.
Evitar las posiciones extremas y unilaterales
A pesar de esta flexibilidad y de las medidas de bioseguridad anunciadas, la ADP se opuso a la reapertura presencial de las clases y de inmediato llamó a los maestros a no acudir a las escuelas hasta el 31 de enero. Pero en ningún momento se propuso extender el año escolar para recuperar esas tres semanas de clase.
El presidente de la ADS Eduardo Hidalgo, justificó su decisión atendiendo al alto nivel de contagio que está afectando a los maestros en todo el país. Informó que la ADP hizo un levantamiento entre más de 10,000 maestros, arrojando que 722 señalaron haber sido infectados, para una positividad del 0.6%.
No obstante, seccionales de la ADP del Cibao le restaron dramatismo al riesgo de los maestros y, contrario a la posición oficial del gremio magisterial, recomendaron reanudar las clases tomando, desde luego, las debidas precauciones y observando en forma estricta los protocolos vigentes.
La decisión radical de la ADP generó el cuestionamiento y la indignación de la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de la Escuela, acusando a la ADP de pretender politizar un tema tan importante, que afecta directamente el derecho a la educación de millones de niños y niñas.
Por su parte, el Dr. Senén Caba, nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) se pronunció a favor de la asistencia a las aulas, señalando que en las escuelas la gran mayoría de los alumnos reciben mayor protección y orientación que en las casas donde, por razones laborales, no pueden ser atendidos por sus padres y tutores. No obstante, las sociedades de infectología y de pediatría solicitaron esperar reducir la positividad.
La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT), llama a evitar la politización del tema, deponiendo las posiciones extremas, buscando el equilibrio de todos los factores envueltos. Dada la menor agresividad del ómicron y el alto índice de vacunación, la flexibilidad propuesta debería ser aceptada y monitoreada.
Arismendi Diaz Santanaarismendi.diaz@gmail.com
ADS/418/13/01/2022
