Sergio Ferrari, desde Rosario, Argentina
Crisis social y debate político van de la mano en este país sudamericano donde el domingo 27 de octubre se elegirán presidente y vice, 130 diputados, 24 senadores y ejecutivos de varias provincias. Si se confirmaran los resultados de las elecciones preliminares obligatorias del 11 de agosto pasado -y la oposición se alza con la victoria-, una de las causas principales del cambio político habrá sido el aumento explosivo de la miseria durante el gobierno de derecha del actual presidente Mauricio Macri.
La Universidad Católica Argentina (UCA), institución de referencia en la medición social del país, estima que, en diciembre de este año, cuando comience el nuevo periodo presidencial, la pobreza golpeará a casi el 40% de la población. El oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó a fines de septiembre que al cerrarse el primer trimestre del 2019, el 35,4% de los argentinos – 16 millones de personas- es pobre y un 7,7% – es decir 3,4 millones-, indigente. Con el agravante que uno de cada dos niños vive en estado de pobreza. En una situación de caída acelerada del ingreso. Solo en el último año, el 20% más pobre de la población perdió el 20% de su poder adquisitivo,
Paradoja en una de las potencias agrícolas planetarias, país productor de alimentos, otrora considerado como uno de los «graneros del mundo» y que aun hoy asegura, con sus exportaciones, alimentos para casi 400 millones de personas, es decir, 10 veces más que su población.
Realidad por demás preocupante que llevó a la oposición peronista a proponer este año una ley de «emergencia alimentaria», aprobada finalmente por el parlamento en la tercera semana de septiembre. La misma establece un 50% de aumento de las partidas nacionales para alimentación y nutrición, privilegiando en particular a los niños hasta 14 años, embarazadas y ancianos. La ley que regirá hasta 2022 estipula un ajuste trimestral automático de este presupuesto teniendo en cuenta la inflación y el costo de la canasta básica alimentaria.
De biblioteca a comedor popular
Al menos tres veces por semana «aseguramos una comida, a la noche, a gente carenciada del barrio», explica Daniel Macalusi, vicepresidente de la Biblioteca Popular Empalme Norte, ubicada en Empalme Graneros, zona de la periferia de Rosario duramente golpeada por el narcotráfico y la violencia derivada.
«Nos preocupa mucho como aumentó estos últimos tres años la cantidad de gente que viene a buscar un plato de comida», enfatiza el dirigente barrial, electricista independiente de 52 años, que desde 2011 años colabora en esta iniciativa asociativa, una de los más emblemáticas de la ciudad y que promueve en la actualidad una decena de actividades educativas, culturales y deportivas.
La entidad, que nació como una biblioteca barrial, a raíz del incremento de la crisis social debió integrar, a partir del 2016, una cocina popular para paliar la situación de cientos de vecinos, entre ellos numerosos menores. «Al inicio ofrecíamos una merienda a unos 15. En la actualidad son más de 100 las niñas y niños que reciben diariamente su vaso de leche y un pancito», explica.
Un reciente estudio de la Universidad de Rosario y la organización Barrios de Pie, difundido la segunda semana de octubre, indica que 4 de cada 10 infantes que recurren a comedores populares de la provincia de Santa Fe padecen de malnutrición. El mismo se basa en una muestra de 2543 niñas y niños de 42 barrios de Rosario y otras tres ciudades de la provincia.
«Es paradójico comprobar que nuestra biblioteca, que nació como un espacio cultural, producto del hambre creciente de la gente, debió, además, convertirse en un comedor popular autogestionado benévolamente por los propios vecinos», subraya. En la actualidad asegura un plato de comida, tres veces por semana, a más de 400 personas.
Este año, «me confronté con mis propios ojos a la situación de miseria más terrible de los últimos tiempos. Es muy penoso ver cómo afecta la pérdida del empleo en nuestra comunidad. Incluso, yo mismo, lo vivo en carne propia. En la actualidad tengo trabajo solo dos días por semana», concluye el dirigente barrial.
Macri y una crisis anunciada
Para el antropólogo rosarino y doctor en sociología Carlos Gómez, la pobreza y la miseria tomaron una nueva dimensión a partir de la llegada al gobierno de Mauricio Macri en el 2015.
El primer hecho decisivo que actuó como detonante, enfatiza, fueron los aumentos desmesurados y fuera de toda lógica de los combustibles y servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua etc.) que llegaron a acumular porcentajes por encima del 1000 % en muy poco tiempo.
Lo que operó, señala el también profesor de la carrera de Ciencias Políticas, como una «verdadera deflagración sobre los ingresos de las clases medias y populares, tornaron inviable cualquier economía doméstica e hicieron desaparecer las economías ya precarias en los barrios, en particular las pequeñas empresas».
Un efecto de estas políticas de ajuste del gobierno, lo constituye el incremento del precio de los alimentos -6,2% en septiembre- y el transporte público, con el correspondiente impacto inflacionario que el noveno mes del 2019 alcanzó el 5,8%, y que podría superar un acumulado anual del 55%. Los precios al consumidor en los 4 años de la gestión de Macri aumentaron un 300%.
Gómez recuerda que si bien el actual gobierno mantuvo algunas políticas sociales del anterior, «los diques de contención que se habían consolidado durante la presidencia de Cristina Kirchner estallaron ante la dimensión del aumento del costo de la vida».
Las clases medias se empobrecieron y las clases más humildes entraron en situación de infra consumo y hambre, puntualiza. Adicionalmente, «todavía no se ha medido adecuadamente la catástrofe de este modelo en la vida de los jubilados». Aunque desde hace muchos años padecen por bajos ingresos, constituyen hoy un sector particularmente perjudicado por las actuales políticas antisociales, costos elevadísimos de los medicamentos y reducción constante de sus derechos esenciales y pensiones, concluye.
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Deuda y pobreza
Dos flagelos principales -aunque no los únicos- amenazan la actual gobernabilidad en Argentina. Y se proyectan como riesgos que amenazan el futuro gobierno que surgirá del voto popular el próximo 27 de octubre: la miseria en aumento y la deuda externa, en particular la más reciente, contraída por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según cálculos coincidentes de diversos especialistas, la deuda externa para fin del año superará el 90% del PBI que se reducirá, al menos, un 4 %. Se calcula una caída de la capacidad de compra de los salarios del 20% y una tasa de desempleo superior al 12%.
De ganar el Frente de Todos, principal alianza opositora, que sacó más de 15 puntos de diferencia a Todos por el CAMBIO de Mauricio Macri en las primarias del 11 agosto, todo indica que será necesaria una renegociación de la deuda. Particularmente significativa la de los 57 mil millones de dólares con el que el FMI trató, sin éxito alguno, de apuntalar al actual gobierno, marcando un récord mundial dl binomio crédito-endeudamiento.
Según Resumen Latinoamericano, la fuga de capitales en los 4 años del actual gobierno superará los 72 mil millones de dólares, a través de diversos mecanismos que beneficiaron, en particular, al concentrado sector financiero.
Claras y explícitas han sido las propuestas opositoras para combatir el hambre, en caso de victoria electoral. En la primera semana de octubre Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos presentó públicamente su proyecto «Argentina sin Hambre». El mismo define a la alimentación y la nutrición como derechos humanos fundamentales, lo que obliga a convertirlos en políticas de Estado y atenderlos como «la prioridad nacional número uno de un nuevo contrato social» que deberá ser respaldado por una propuesta de «unidad nacional».
La gravedad de la situación económica argentina, que muchos comparan con la explosiva crisis del 2001, anticipa las serias dificultades de gestión que deberá afrontar el próximo gobierno. Los siete ejes de Argentina sin Hambre, incluyen mejorar la alimentación y la nutrición; bajar el precio de los alimentos; generar más ingresos para las familias, así como romper el círculo de hambre-exclusión-pobreza. La propuesta define también la creación de empleos. Y la articulación de esta prioridad alimentaria con los planes de salud, educación, desarrollo local y generación de empleo. Y, por último, la promoción de un sistema de alimentación sustentable y sostenible desde la fase de producción hasta la del consumo (mejorando prácticas, producción y precios).
Dada la inmediatez de la aplicación de este Plan, se contemplan medidas urgentes, acciones locales y políticas estructurales y se prevé, en caso de una victoria opositora el 27 de octubre, constituir a partir del 10 de diciembre -fecha del cambio de gobierno- un Consejo Federal para gestionarlo junto con los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud y Producción y Trabajo. El Consejo estará integrado por universidades, sindicatos, cámaras empresariales, iglesias y organizaciones sociales. Y se creará, además, un Observatorio Interdisciplinario para monitorear y darle seguimiento y evaluación a dicho plan. (Sergio Ferrari)
2019-10-17 11:49:31
