Editorial, Efemerides

Ingeniero asegura alianzas Público-Privadas se traducen en un fiasco para el Estado Dominicano

El anuncio del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, de que en los próximos días se estará licitando un contrato para operación y mantenimiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) ha dado de que hablar entre los expertos en el sector energético.

Almonte, quien afirmó que el proceso de licitación se publicará tras discutir la parte final del contrato ha recibido opiniones negativas de quienes consideran que esta medida únicamente provocará más pérdidas para el Estado Dominicano.

Tal es el caso del experto ingeniero electro-mecánico Raúl Cabrera, quien en una entrevista realizada por Onorio Montás para el programa radial «Revista Dominical Dejando Huellas», transmitido por CDNRadio, declaró que no comprende la intención del ministro debido a los problemas que envuelven a Punta Catalina.

Cabrera destacó que hasta la fecha, el gobierno no ha asumido oficialmente la central termoeléctrica debido a que Odebretch, la empresa contratista de su construcción y que actualmente se encuentra bajo investigación en el Ministerio Público tras ser acusada de sobornar a funcionarios para obtener beneficios en las contrataciones públicas, aún no ha cumplido con gran parte del contrato.

De acuerdo con el ingeniero, en el contrato realizado entre la empresa y el Estado dominicano se estipula la entrega de materiales y equipos al estado que aún no han sido recibidos.

En este sentido, manifestó que las construcciones mediante alianzas público-privadas, promovidas por el presidente Luis Abinader, no hacen más que perjudicar al país mientras benefician al sector privado.

Consideró que las empresas dedicadas al sector energético buscan aprovecharse de los recursos del Estado para generar dinero sin importarles que la población tenga un adecuado acceso a la energía eléctrica.

A su vez, recalcó que si estas alianzas se realizaran de manera íntegra no encontraría problemas con su realización. Esta misma objeción ha sido realizada por el economista Henri Hebrard, el experto eléctrico Bernardo Castellanos y otros conocedores de la materia.

Cabrera señaló que importantes empresarios como los Vicini descubrieron que es en este sector eléctrico donde se encuentran los grandes cantidades de capital y no en la caña de azúcar y los Risek en el café o las plantaciones de cacao negocios en los que habían incursionado durante generaciones.

Según explicó, estos grupos de empresarios invierten pequeñas cantidades de dinero en el negocio eléctrico, mientras el Estado aporta la planta eléctrica y la mayor parte del capital necesario para su funcionamiento.

Sin embargo, el sector privado obtiene grandes beneficios monetarios que deberían corresponder al gobierno dominicano y puso como ejemplo el desastre de las EDES con AES Corporation y Unión Fenosa.

“Punta Catalina va a estar operada por una empresa que está llamando a licitación, va a cobrar, va a operar, y el resto del dinero va a pasar al fideicomiso de las alianzas público-privadas”, el Grupo Vicini, el Grupo Risek y el Banco de Reservas, reprochó.

Afirmó que estas alianzas son iguales a la capitalización de 1996, ocurrida durante el gobierno del exmandatario Leonel Fernández, pero utilizando un nombre “más sofisticado”, con el cual las personas no logran asociar ambos casos.

Señaló que es precisamente desde ese años que los grupos de empresarios de renombre han decidido incursionar en el sector energético y aseguró que a partir de entonces se han adueñado del mismo casi en su totalidad.

El ingeniero denunció que un grave fallo en el sector eléctrico de República Dominicana es el hecho de que está siendo manejado por medio de la política.

“El sector eléctrico siempre ha estado manejado con la política. Se ha metido en una empresa que es puramente técnica y que debería manejarse a esos niveles”, dijo.

Cabrera se refirió también al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), institución creada en el año 2001 con el objetivo de invertir los beneficios que obtenga el Estado de las empresas reformadas en programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país.

Afirmó que el propósito inicial de la institución era beneficioso para la sociedad, pues el dinero recibido debía invertirse en la creación de plantas generadoras de energía, sin embargo, con el paso del tiempo, estos fondos empezaron a ser utilizados para la construcción de plantas que serían propiedad del sector privado.

 “Los Vicini manejan todo eso. Se instalaron plantas de generación eólica como Los Cocos, Larimar I y II además Quisqueya I y II que son supuestamente de su propiedad, pero fueron construidos con los fondos del FONPER” o del estado dominicano añadió.