Naciones Unidas, 26 nov (PL) La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, consideró hoy que la reciente ley egipcia para regular las manifestaciones públicas tiene defectos que pudieran conducir a posturas represivas.
«El hecho es que la norma criminaliza actos cometidos por manifestantes que pudieran violar la seguridad y el orden, pero al no definir con claridad esos términos, deja la puerta abierta a interpretaciones bien restrictivas y represivas», advirtió.
Según la funcionaria, cuya oficina tiene su sede en Ginebra, las autoridades egipcias deberían enmendar o anular la ley sancionada el pasado domingo, en aras de evitar violaciones a los derechos humanos.
En particular, Pillay se mostró preocupada por los artículos que respaldan el uso de la fuerza y las «excesivas sanciones» para quienes sean encontrados culpables de transgredirla.
Las críticas de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos coinciden con pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil egipcia, las cuales calificaron a la nueva ley de represiva, y la consideraron una manera de criminalizar las reuniones públicas.
El presidente egipcio, Adly Mansour, firmó el domingo la norma, que obliga a solicitar autorización previa para manifestarse públicamente, faculta a las fuerzas antimotines para dispersar las protestas con el empleo a discreción de los medios que estimen y sanciona con severas multas a quienes convoquen marchas sin notificación anticipada.
La ley permite el uso por las autoridades, después de emitir advertencias, de gases lacrimógenos, cañones de agua, granadas de humo, disparos al aire, balas de goma y hasta munición de combate en la dispersión de demostraciones que entren en la categoría de ilegal.
A propósito de la utilización de proyectiles reales, la ONU recordó que «los estándares internacionales prohíben su empleo, salvo en casos en los cuales sea inevitable para salvar vidas».
Hace dos semanas, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a la inclusión política y el respeto a los derechos humanos en Egipto, país azotado en los últimos tres años por episodios de inestabilidad, que llevaron a la salida del poder de dos presidentes, Hosni Mubarak (en febrero de 2011) y Mohamed Morsi (en julio de 2013).
En su demanda, Ban destacó la importancia del respeto a la protesta pacífica, la libertad de reunión y el compromiso de todos los actores con el diálogo y la no violencia, para garantizar la transición democrática en esa nación norafricana.
2013-11-26 20:33:21
