Panamá, 25 ago (PL) En un giro inesperado del reciente acuerdo entre gobierno e indígenas panameños para explotar una rechazada hidroeléctrica, la empresa concesionaria cambió su consentimiento y puso en peligro hoy la ejecución del pacto.
La Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) ‘no participó en las negociaciones con los pueblos originarios una vez que el gobierno inicio el proceso; no obstante, según la información que manejamos, estaba anuente a la opción de colocar sus acciones en un fideicomiso’, opinó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap).
‘Es importante recalcar que no somos voceros de la empresa, sin embargo, como gremio empresarial hacemos un llamado a la cordura y al diálogo entre las partes para culminar esta serie de reclamaciones y descalificaciones que genera mayor conflicto’, dijo Jorge García Icaza, presidente del gremio, en un comunicado.
Un enfrentamiento de desmentidos entre el Gobierno y Genisa aseguran y niegan el acuerdo del concesionario en salir voluntariamente del proyecto y autorizar la puesta en marcha de la central mediante la figura jurídica del fideicomiso administrado por el estatal Banco Nacional, sin perder su propiedad.
‘El fideicomiso garantiza que se paguen los gastos operativos de la empresa, los intereses de la deuda y los abonos a capital antes que los accionistas vean su inversión’, explicó García.
‘La salida que se acordó de que el dueño del proyecto contrate a una empresa independiente para operar la hidroeléctrica, había sido aceptada por la empresa’, afirmó.
Pero otras dos organizaciones empresariales panameñas acusaron a las autoridades de violar la seguridad jurídica de la transnacional de origen hondureño, en apoyo a la posición de sus directivos, quienes abiertamente niegan formar parte del acuerdo, en cuyo diálogo previo no estuvo representada.
Entre los puntos del pacto, además de la salida de Genisa, incluyeron aspectos que los firmantes consideran favorables a los indígenas.
La cacica general del congreso originario NgÃñbe Buglé, Silvia Carrera, otras autoridades de la etnia y representantes de las comunidades aledañas rubricaron el acuerdo con el presidente y la vicepresidenta del país, Juan Carlos Varela e Isabel de Saint Malo, respectivamente.
Mientras, otro sector indígena, el cual dice desconocer la legitimidad de quienes negociaron en su nombre, protestaron durante el acto y continúan cierres de carreteras en varios puntos del país para condenar la acción, con el objetivo de la cancelación definitiva de la hidroeléctrica.
Estos grupos indígenas tienen el respaldo de algunas organizaciones de la sociedad civil, como Polo Ciudadano, el cual afirmó que el acuerdo no sólo ‘avala la existencia de la hidroeléctrica, sino que también respalda a una empresa extranjera que desde un inicio violó todas las normas y leyes nacionales en esta materia’.
2016-08-25 11:15:57
