Los boricuas viven una experiencia nueva con impuesto a la venta
SAN JUAN, Puerto Rico.- La confusión, los equívocos y la incertidumbre se destacaron ayer como los rasgos más significativos del estreno del impuesto a la venta y uso (IVU), que representa la transformación más radical del sistema contributivo del País en la historia reciente.
De hecho, la administración de Aníbal Acevedo Vilá ha depositado todas sus esperanzas en que el gobierno logrará la rehabilitación financiera por medio de los recaudos del IVU, que debería generar más de $950 millones en los siete meses que restan para que termine el presente año fiscal.
‘‘¿Qué es eso?”
Vendedor ambulante
reacciona sobre el certificado de Hacienda.
De esa cantidad, cerca de $700 millones corresponden a 5.5% del impuesto estatal y cerca de $250 millones al impuesto municipal de hasta 1.5%.
Miles de pequeños y medianos comerciantes, así como cadenas detallistas y comerciantes ambulantes, unos sumamente preparados y otros improvisando a duras penas, comenzaron ayer a cobrar el IVU, mientras la mayoría de los consumidores accedía a pagar el nuevo tributo con resignación.
El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Alejandro García Padilla, sostuvo que sus agentes tuvieron que multar comercios por la imposición del impuesto a productos exentos y se realizaron miles de advertencias alrededor de la Isla por errores en la imposición del nuevo tributo.
El secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, se mostró confiado en que el primer día del IVU transcurriría sin mayores contratiempos, que aquellos que deberían acontecer cuando entra en vigor un nuevo impuesto.
“Yo estoy seguro que el primer día del IVU será uno histórico y satisfactorio y si hay problemas serán los inconvenientes normales. Todo está funcionado bien, este es un proceso de aprendizaje continuo”, sostuvo Méndez, durante una visita a la tienda Wal-Mart de Caguas.
La experiencia en aquella megatienda, equipada con la mejor tecnología para tramitar las transacciones rápidamente, era la de un día normal de ventas, donde los consumidores pagaban sus compras sin apenas mirar los recibos
.
“Todo esta normal”, dijo Juan Arroyo, asesor legal de la cadena.
Otros consumidores un poco más suspicaces verificaban con atención los recibos y confirmaban asintiendo con la cabeza que le habían cobrado correctamente los impuestos.
“Voy a guardar este recibo. Es el primero en que me cobran el IVU. ¡Qué cosa!”, dijo Aurelio Santana, quien compró artículos de limpieza para su automóvil.
Pero ya entrada la mañana y a kilómetros de Caguas, en la zona de Río Piedras en San Juan, comenzaron a despuntar las primeras experiencias perturbadoras de la imposición del IVU, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con la confusión que le creaba a los comerciantes tener que imponer el impuesto estatal de 5.5% y el impuesto municipal de 1% que impone el municipio de San Juan.
Se registraron quejas de consumidores quienes reclamaban que le cobraron el 7%, cuando la tasa correcta era 6.5%, según señaló José Morales Bauzá, director de la división de Protección al Consumidor del DACO.
Hubo quejas sobre el cobro ilegal del IVU en productos exentos y la ausencia en los recibos de un desglose de forma separada del impuesto estatal y el municipal. Incluso, hubo quejas de consumidores quienes reclamaban que no le habían cobrado el impuesto estatal mientras otros consumidores aseguraban que le habían cobrado más de lo correcto.
“Vayan allá, al que vende aguacates en la esquina. Que me cobró 20 centavos por un aguacate que me costó $2. ¿Cuánto me cobró por el IVU?”, cuestionó entre carcajadas Virgenmina Arrillaga, una señora menuda y vivaz.
Otro aspecto del estreno del IVU fue la cantidad significativa de comerciantes que no habían recibido el certificado Hacienda a pesar de que se registraron tan temprano como a principios de octubre.
Fuentes de El Nuevo Día vinculadas a Hacienda sostuvieron que ése ha sido uno de los hallazgos más relevantes del mega operativo que realizó ayer un ejército de cerca de 400 agentes de rentas internas y empleados clericales de la agencia. Según la fuente, se registraron cerca de 500 violaciones en las cientos de intervenciones realizadas.
Temprano en la semana Méndez había anunciado que los agentes no impondrán la multa de $10,000 que dispone la ley a los comercios que por primera vez no estuvieran registrados y exhibieran el certificado en sus establecimientos.
Los agentes se desplazaron desde tempranas horas de la mañana de ayer por diversas zonas comerciales del País con el objetivo de orientar a los comerciantes y auscultar si el certificado de registración era exhibido como dispone la Ley de Justicia Contributiva.
“Yo estoy seguro que la gran mayoría de los comercios tienen sus certificados porque se recibieron 280,000 solicitudes y ya se han enviado más de 250,000, que fueron las que se radicaron hasta el 16 de octubre”, sostuvo Méndez.
Orgulloso, el Secretario hizo galas de la nueva tecnología de identificación por radio frecuencia que se adquirió para fiscalizar el IVU y que consiste de una pistola que registra la señal de microprocesador que contienen los certificados.
Pero la tecnología no tuvo uso eficaz en Río Piedras, donde ninguno de los vendedores ambulantes mostraban su certificado al cuello como anunció Méndez hace varios meses.
“¿Usted tiene su certificado?”, le pregunto El Nuevo Día a un comerciante ambulante. “¿Qué es eso?”, respondió el comerciante con timidez.
2006-11-17 11:18:07
