Santo Domingo, RD, 13 de diciembre.-Varios médicos apoyan las observaciones que hizo el presidente Danilo medina al Código Penal e indicaron que el embarazo es una resposabilidad de la mujer.
En ese sentido, el patólogo forense Sergio Sarita Valdez apoyó las observaciones al Código Penal hechas por el presidente Danilo Medina, decisión que calificó como responsable, seria, sopesada, sabia e inteligente.
Dijo que con la observación a los artículos 107, 108, 109 y 110 del nuevo Código Penal se refuerza el marco legal que garantiza el trabajo profesional idóneo en pro de la salud y el bienestar de las mujeres y los niños dominicanos.
Danilo Medina planteó que se establezcan excepciones a la penalización de la interrupción del embarazo: cuando peligra la vida de la madre, cuando la mujer ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.
Proteger los derechos de la mujer
A juicio del galeno, ante un tema tan complejo, Danilo Medina ha sabido echar su mirada hacia un pasado materno lleno de sufrimiento y de luto, decidiéndose en el presente a favor de reducir la mortalidad materno infantil.
«El quiere proteger los derechos fundamentales de la mujer y respetar la división del trabajo, permitiendo que cada uno contribuya con su tarea a la marcha armoniosa de la gran familia dominicana», indicó el profesional.
Precisó que las estadísticas nacionales dicen que los sangrados, las infecciones, y la hipertensión del embarazo son las causas más comunes de las muertes maternas, así como los defectos congénitos graves, los cuales entiende contribuyen a la alta tasa de mortalidad neonatal.
Sostuvo que una detección temprana de estos males y un manejo rápido apropiado, «lo que a veces implica la realización de un legrado terapéutico, no pueden ser penalizados».
Pedro Luis Castellanos: observaciones preservan derecho de mujeres a decidir
El doctor Pedro Luis Castellanos aseguró que la penalización absoluta de la interrupción del embarazo sería violatorio a derechos elementales de la mujer sobre su vida y su salud.
«Desde una perspectiva de salud pública, podría contribuir a incrementar el aborto clandestino y la mortalidad materna, y tendría un efecto negativo sobre la salud de las mujeres afectadas», afirmó el especialista en salud pública y epidemiología.
En ese sentido, defendió las observaciones hechas por el presidente Danilo Medina al Código Penal.
La madre tiene derecho a decidir
Castellanos se refirió a las excepciones precisadas por el Ejecutivo al observar el Código Penal en sus artículos 107, 108, 109 y 110 relativos a la penalización de la interrupción del embarazo, solo en tres circunstancias: Cuando haya evidente y comprobado riesgo de comprometer la vida y la salud física o mental de la madre; cuando el embarazo sea producto de una violación ó incesto debidamente comprobados y cuando el embrión o feto tengan alteraciones genéticas incompatibles con la vida.
«Las observaciones de la Presidencia buscan que se precise mejor aquellas circunstancias en las cuales, por vía de excepción, se podría interrumpir un embarazo, de manera que esta pueda ser una decisión de la madre, sus familiares y los médicos y otros profesionales involucrados», expresó el exfuncionario de la Organización Mundial de la Salud.
Manifestó que el objetivo es preservar el derecho de cada persona y familia, debidamente asesorada científicamente, a decidir con base a su íntima convicción y los pronósticos de potencial daño a la vida y a la salud de la mujer embarazada.
Garantizar atención sanitaria de calidad
Recordó que las hemorragias y las infecciones constituyen cusas principales de la mortalidad materna que tanto preocupa a la sociedad y que no hay evidencia que permita esperar una disminución de los procedimientos abortivos clandestinos por establecer una penalización absoluta.
«Por el contrario hay evidencia abrumadora de la disminución de las muertes maternas por hemorragias e infecciones, cuando se abre la posibilidad de atención sanitaria con calidad, en las circunstancias especificadas», indicó.
Explicó que cuando se establecen penalidades absolutas se lanza a las mujeres que afrontan las tres difíciles circunstancias mencionadas, a buscar opciones clandestinas o semi clandestinas, las que no siempre reúnen condiciones mínimas de seguridad e higiene, para llegar posteriormente a un centro de salud con un aborto en evolución o aborto incompleto, lo que conlleva riesgos mayores para la salud de la mujer.
Congresistas tienen oportunidad
El doctor Pedro Luis Castellanos llamó a los congresistas a aprovechar la oportunidad que brindan las observaciones del presidente Danilo Medina al Código Penal para mejorar la pieza y hacerla más coherente con la Constitución vigente.
«Aprovechemos la oportunidad que ha abierto el señor Presidente para precisar mejor las circunstancias de excepción en las tres situaciones definidas y tendremos un mejor Código Penal, que dará una mayor contribución a la unidad en la diversidad y a la paz social, además de la salud de las mujeres y de sus hijos y sobre todo más vinculado al respeto a los derechos humanos», precisó el galeno.
Es cuestión de salud y de derechos humanos
El doctor Pedro Luis Castellanos expresó su convicción de que ningún estado democrático y de derecho puede imponer convicciones religiosas por vía penal.
«Respetamos la libertad que tienen quienes consideran que debe penalizarse toda interrupción de embarazaos, aun en situaciones que comprometen la vida o la salud de la madre, basados en convicciones de carácter religioso, pero ningún estado democrático y de derechos puede imponer convicciones religiosas por vía penal», señaló.
Indicó que esto podría ser un precedente lamentable en una sociedad plural en cuanto a prédicas y prácticas religiosas y podría abrir camino a otros intentos restrictivos de derechos por vía penal, en otros aspectos de la vida.
El también director de Programas Especiales de la Presidencia invitó a la reflexión en torno a este tema.
«Para un estado democrático y de derechos no es un asunto religioso sino de derechos humanos. Cada persona, familia o comunidad tiene derecho a practicar sus creencias y convicciones con honestidad y coherencia. Pero se trata de un asunto de salud y de derecho. Un estado no puede imponer a sus ciudadanos por la vía penal, asumir riesgos de muerte o de serios trastornos de salud, por razones exclusivamente ideológicas o religiosas», aseveró.
Ministro Bauta Rojas: observaciones Danilo Medina son extremadamente correctas
El exministro de Salud Pública y actual ministro de Medioambiente, Bautista Rojas Gómez consideró «extremadamente correctas» las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina al Código Penal y la penalización de la interrupción del embarazo.
El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana estimó que las puntualizaciones que hace el Gobernante son valederas, porque otorga el derecho a la mujer embarazada de tomar decisiones que son de su competencia.
Decisión valiente, responsable y comprometida con los derechos humanos
«La decisión del presidente Medina es una decisión valiente, responsable, visceralmente comprometida con los derechos humanos y con el derecho a la vida. Pienso que las observaciones que ha hecho con lo que tiene que ver con posibilidades de interrumpir el embarazo, lo apegan bastante a la condición de liderazgo responsable y de estadista».
Rojas Gómez explicó que el hecho de plantear la posibilidad de preservar la vida de la madre que corre peligro ante un embarazo de riesgo o la procreación de un feto inviable, como el caso del embarazo molar, se evita la posibilidad de contraer cáncer uterino.
«Debemos diferenciar claramente entre el concepto no viable, es decir, no vida, con el concepto discapacidad. Con la discapacidad el presidente Medina está también comprometido «, aseguró el profesional de la medicina.
En lo que tiene que ver con la violación y el incesto, dijo que tiene haber una decisión consciente de parte de las mujeres afectadas.
Acertada y clara
Agregó que «más acertada, más clara, más bien definida, no puede haber una observación».
Argumentó que el tema de la interrupción del embarazo no amerita ningún rango constitucional ni ninguna condición especial y que no hay dudas del compromiso que tiene el Gobierno de la República Dominicana, pero tampoco de los integrantes del partido oficial, en el sentido de preservar la vida del ser humano, pero sobre todo, de respetar los derechos humanos y el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo.
«Una mujer tiene derecho a decidir por sí sola si se le interrumpe el embarazo ante una situación de un feto con condiciones inviables para la vida. Reitero, condiciones inviables no con discapacidades; de igual manera, el incesto, que es una condición indeseable, es una acción que la sociedad condena y reprocha, al igual que la violación» dijo Bautista Rojas Gómez.
Exhortó a los legisladores a tomar una decisión consciente, ponderada y respetuosa al derecho a la vida de las mujeres. De igual manera, señaló que fue prudente el hecho de que los congresistas postergaran las discusiones sobre el tema, las que a su juicio tendrán que estar siempre al margen de las presiones, chantajes o de cualquier tipo de distorsión.
Médico Rafael Sánchez Cárdenas: Estado debe proteger la vida de las mujeres
Así se expresó el viceministro de Relaciones Internacionales de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también médico, Rafael Sánchez Cárdenas, quien llamó a los legisladores a apoyar la observación presidencial al Código Penal en cuanto a la despenalización de la interrupción del embarazo en tres casos excepcionales.
Dijo que la observación presidencial es una posición razonable y pertinente que busca proteger los derechos de la mitad de la población dominicana y que se acomoda perfectamente con el estado de derechos humanos universalmente consagrados.
Mujer, portadora de derechos
«La mujer es la portadora autónoma de los derechos constitucionalmente establecidos, por tanto, sujeta de derecho y con capacidad para ejercer los reclamos necesarios», precisó.
Afirmó que el artículo 37 no ha sido tocado por el Presidente de la República y que los legisladores deben poner atención al artículo 38, que reclama la dignidad de los ciudadanos, cual que este sea.
Señores legisladores actúen según la razón, no según la confesión
Al respecto, explicó que los legisladores están compelidos a actuar reconociendo la laicidad del Estado y las leyes nacionales y conferir estas excepciones que el presidente quiere proteger para la mujer.
«Así es que, señores legisladores, actuemos según la razón y no según la confesión. La concepción cristiana que podamos tener, podemos ejercerla y optar incluso, porque la Constitución nos lo permite,a ejercerla libremente. Pero aquellos que no tengan la confesión religiosa de la que podemos ser portadores, no están obligados, ni la Constitución los obliga, a que hagan de la conducta moral que se quiere establecer, su patrón de vida», proclamó Sánchez Cárdenas.
2014-12-13 14:38:45
