Ante la convocatoria de los medios de prensa al Palacio Nacional en el día de ayer muchos esperaban o especulaban que se anunciara haber arribado a un acuerdo de renegociación del contrato con la Barrick Gold, o en su defecto, el envío del proyecto de ley gravando las ganancias extraordinarias no previstas originalmente, conforme al advertido anuncio hecho por el Presidente Danilo Medina en su discurso del pasado 27 de Febrero ante la Asamblea Nacional.
No ocurrió así. En su lugar, mediante un comunicado entregado por una secretaria se informó que el gobierno había hecho una última y definitiva propuesta a la compañía minera. Algo así como una especie de ultimátum. La misma, según reveló el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, contempla en cualquier escenario en que se resuelva el debatido proceso, la participación retroactiva del Estado desde el primer embarque de oro y plata, cuya exportación dio inicio en 13 de Noviembre del pasado año.
Pero el señor Montalvo dijo algo de gran significación que hemos venido señalando aquí desde el principio de esta controversia: es el intercambio de propuestas que según sus propias palabras «´precisan de estudios minuciosos basados en modelos matemáticos, financieros y de aspectos legales». Y a continuación enfatizó con muy buen juicio que «no se pueden improvisar soluciones».
Hay una realidad de la que tenemos que partir y es la existencia de un contrato legal de condición soberana en cuanto fue aprobado por la inmensa mayoría de los legisladores, tanto del gobierno como de la oposición. Si se negoció mal, la responsabilidad es solo nuestra. Las empresas privadas no son entidades benéficas ni discípulos de la Madre Teresa o centros de las Hermanas de la Caridad. Su objetivo primario y principal es lograr la mayor cantidad de beneficios y dividendos para sus accionistas. Olvidar esta realidad es pecar de ingenuos y fracasar cada vez que negociemos.
La empresa canadiense pertenece a esa categoría. No era su responsabilidad defender los intereses del país sino los propios. Quienes tenían y tienen la obligación de velar por los intereses nacionales en toda circunstancia son los poderes públicos, incluido el Legislativo sin cuya aprobación ninguna de estas operaciones es válida. En este caso, el Congreso no fue previsor ni responsable. La mayoría de sus miembros admitieron haber votado siguiendo líneas partidarias. Algunos inclusive confesaron sin rubor ni siquiera haber leído el contrato. Muchos de esos pecadores de ayer, hoy se rasgan las vestiduras, alzan la voz y elevan cantos de ofendido patriotismo llegando al extremo de querer imponerle plazos y condiciones al propio Presidente Medina.
Con el caso de la Barrick se ha jugado mucho al populismo. Mientras más duro el tono, mayor el aplauso. De paso, afloran algunas propuestas también populistas y del todo inviables. La más común: nacionalizar la mina, sin que nadie atine a explicar de dónde sacaríamos los miles de millones de dólares que esto implicaría amén de un posible proceso de arbitraje internacional, donde llevaríamos todas las de perder. Se olvida también que Pueblo Viejo ya se nacionalizó con Antonio Guzmán y el resultado no pudo ser peor: más de veinte años de contaminación y sin producir una onza de oro.
Lo sensato en este caso es llegar a un arreglo justo y un punto de equilibrio que armonice los intereses del país con los de la Barrick. A esta tiene que importarle seguir explotando la mina de Pueblo Viejo donde ya tiene una inversión y por los beneficios que espera obtener y al Estado por los que a su vez pueda y debe reportarle. Recientemente estuvo en el país el presidente de Ecuador Rafael Correa. Con experiencia en el tema, afirmó que no puede pensarse en términos de modernidad sin la minería.
Nuestro país posee una riqueza minera calculada en más de 60 ó 70 mil millones de dólares. Una negociación inteligente y justa, nos reportaría ingentes recursos para dinamizar, diversificar y potenciar nuestra economía, crear cientos de miles de empleos, única forma efectiva de combatir la pobreza y mejorar sustancialmente los servicios sociales, principalmente la salud y la educación. Lograr para el país una justa participación en la explotación de nuestra minería, requiere de una correcta política de Estado y una firme voluntad política.
El caso de la Barrick corresponde a ese marco. Resolverlo en la forma más conveniente no depende de ejercicios populistas ni pronunciamientos demagógicos sino de complejas negociaciones y razonadas y previsoras decisiones de Estado. El Presidente Danilo Medina ha dado suficientes muestras de ser un firme defensor de los intereses del país. Como tal, ahora más que nunca, requiere y merece un amplio voto de confianza para sin pausa pero sin presiones, poder culminar exitosamente este proceso para bien del país.
EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Miércoles 1 de Mayo, 2013
teledebate@hotmail.com
2013-05-02 21:23:08
