Mario Rivadulla.
El robo de metales ha devenido en una actividad ilícita en extremo reiterativa, lucrativa y en gran medida impune. Los ladrones actúan sin freno. No respetan nada ni pierden ocasión de depredar.
Si increíble es que hayan desmontado gran parte de la estructura del puente Juan Pablo Duarte al punto de obligar a suspender el tránsito de vehículos pesados por el mismo y a traer especialistas de un distante país europeo para su reparación, no lo es menos los ataques a las torres de transmisión del servicio eléctrico. Este fue reivindicado en una de las ocasiones por un alegado comando subversivo. Cierto o no, el perjuicio y las características del despojo métalico ha llevado a las autoridades de la Corporación a calificarlo de «terrorismo».
Entre esos dos extremos, los ladrones de metales se han cebado sobre todo con las líneas telefónicas ocasionando pérdidas millonarias al sector. Además, verjas perimetrales, tapas de registros de agua, rejillas de los drenajes pluviales, estatuas y bustos, en fin, todo lo que sea de metal.
¿Quiénes son los que compran estos metales robados? ¿Por qué resulta tan difícil acabar con este tipo de robos, práctica que no es de ahora sino que viene arrastrándose desde hace tiempo? ¿Cómo se explica la gran cantidad de metales que estamos exportando que supera con mucho lo producido en el país? ¿Es que hay elementos tan poderosos tras este negocio ilegal que gozan de patente de corso para su explotación impune?
Recientemente se divulgó que en el país existen unas 800 metaleras, 500 de las cuales se encuentran situadas en la provincia de Santo Domingo. Representantes de este sector se desligaron públicamente de la compra de metales robados, señalando que sus empresas trabajan con estricto apego a la ley y bajo la supervisión de las autoridades. También no perdieron tiempo en aclarar que la metalera Santa Cruz, donde la Policía ocupó en días recientes una gran cantidad de materiales robados, no figura en su membresía. Contra el responsable de la empresa no se impuso medida de coerción por razón de su avanzada edad aunque de esperar al menos, se haya dispuesto la prisión domiciliaria y se le haya requerido colaboración para identificar y atrapar a los demás involucrados.
Las autoridades policiales alegan estar haciendo su trabajo afirmando que han sometido a más de ciento cincuenta personas a la acción de la Justicia por alegado robo y compra de metales…de los cuales apenas seis guardan prisión. Aducen que la Justicia se muestra en extremo tolerante con este tipo de acciones y sus autores. Aseguran que los propios fiscales lo consideran un delito menor, por lo que no es de extrañar que los jueces dispongan su libertad. Si es así, entonces hay que variar la mentalidad y la calificación de lo que ha devenido en un delito de extrema gravedad, considerarlo como tal y aplicarle las más duras sanciones que correspondan sumándole todas las circunstancias agravantes de lugar. Una justicia complaciente y permisiva es el mejor incentivo para la continuidad de la actividad ilegal y esta, por su reiteración y los perjucios que ocasiona es merecedora de ser sancionada con el mayor rigor.
La acción policial no puede circunscribirse a la metalera allanada. La frecuencia de los robos y el volumen e importancia de los mismos es de tal magnitud que no puede limitarse a una sola empresa. Por lo pronto, quizás valga la pena seguir la pista en sentido inverso. Es decir, comenzando por depurar las exportaciones de metales y a partir de ahí ir desenrrollando la madeja de complicidades hasta llegar a los ejecutores materiales de los robos, que es muy seguro no son los que se llevan la tajada más importante en este lucrativo e ilegal negocio.
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LA REFLEXION DE HOY
«Por envejecer no se deja de reir, pero dejar de reir te hace envejecer» (Honorato de Balzac, el notable escritor francés autor de La Divina Comedia), una de las obras cumbres de la literatura)
EL TIRO RAPIDO DEL MARTES
Mario Rivadulla.
3/07,12
2012-07-05 02:52:57
