Por Luis Alberto Sierra G.
PANAMA, 25 ene (Xinhua) — La propuesta de reforma al Código Minero que impulsa el gobierno del presidente panameño Ricardo Martinelli con el fin de reordenar el sector y captar nuevas inversiones, trajo a primer plano el debate sobre la minería como un polo de desarrollo y el daño a los recursos naturales.
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Roberto Henríquez, abrió la discusión formal sobre el tema en la Asamblea Nacional de Diputados en la capital panameña, en donde comenzaron a escucharse las posiciones encontradas sobre el tema, previas a la discusión de la propuesta de ley en el Organo Legislativo y que el gobierno espera que comience la próxima semana.
Henríquez argumentó que la iniciativa no va a significar ni el inicio ni el fin de la minería en Panamá, porque la minería ya existe.
Aseguró que durante el actual gobierno, que comenzó en junio de 2009, no se ha aprobado ni una concesión para el desarrollo minero, y que las concesiones vigentes fueron aprobadas durante los pasados gobiernos panameños.
Según el gobierno, se trata además de actualizar una norma sobre la minería que data de 1963.
Pero la posición de la administración Martinelli, que considera posible una minería responsable, no es compartida por grupos ambientalistas del país, que entregaron hoy en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que plantea poner en marcha una moratoria a la actividad minera, que permita hacer los estudios del caso y contar con información suficiente antes de dar un paso que modifique las reglas de juego.
El texto fue entregado a la dirección nacional de promoción y participación ciudadana de la Asamblea por los no gubernamentales Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Fundación Panamá Sostenible (Pasos), Fundación Almanaque Azul y Human Rights Everywhere (HREV).
Los ambientalistas, que entregaron la iniciativa acompañada de 19.700 firmas como respaldo, señala la exigencia a empresas beneficiarias de permisos o concesiones existentes, que no hagan uso de técnicas de extracción de metales tales como la lixiviación con cianuro, amalgamado con mercurio u otros medios de separación o beneficio que requieran el uso de sustancias peligrosas para la salud humana y el ambiente.
Se pide adicionalmente al Ministerio de Comercio e Industrias la cancelación inmediata de todos los permisos o concesiones que se encuentren sin uso o que estén siendo explotados de forma irregular.
ESTIMAN REGALIAS MINERAS EN 500 MDD
Los ambientalistas han subrayado que la minería metálica no es compatible con el desarrollo del país, y que podría perjudicar el mejor aprovechamiento de actividades sostenibles como el turismo.
Pero desde la perspectiva de Zorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), de lo que se está hablando es del desarrollo de un potencial de riqueza minera del país estimado en unos 220.000 millones de dólares, y que puede ser importante en la lucha para reducir la pobreza de Panamá, que se calcula en el orden del 30 por ciento.
Según Morales, no es cierto que la minería no es compatible con el turismo, como señalan organizaciones ambientalistas, y señaló como ejemplo lo ocurrido en países como Brasil, Chile y Perú, con desarrollos mineros y que siguen siendo atractivos para los visitantes.
Calculó en el orden de los 500 millones de dólares las regalías que se espera que reciba Panamá con la minería.
Juan Ramón Sevillano, abogado que ha representado en diversas demandas a Ancon, cuestionó que los gobiernos crean que la única forma de salir adelante es a través de la atracción de la inversión extranjera.
Reflexionó que un país vecino como Costa Rica ha logrado mucho más a través del impulso del turismo sostenible, que con otro tipo de actividades, y aseguró que hay aspectos de la propuesta de reforma al Código Minero que son inconstitucionales.
Ricardo Quijano, viceministro de Comercio e Industrias de Panamá, manifestó que no tiene sentido si no se puede explotar la riqueza natural, en un país que tiene un nivel de mortalidad de 30 por ciento en mujeres embarazadas y con un 25 por ciento de desnutrición en la comarca indígena de Ngbe-Buglé, al norte de Panamá.
La directora ejecutiva de Ancon, Alida Spadafora, insistió por su parte en que se requiere de tiempo para que el desarrollo de la minería no provoque mayores daños.
«Hemos abogado por el ordenamiento del territorio y por la valoración en cuanto al suelo y las vulnerabilidades», subrayó Spadafora en cuanto a la propuesta.
La iniciativa de reforma plantea, entre otros aspectos, el establecimiento de una tasa anual por fiscalización, el incremento de los montos de las sanciones por la violación a las leyes que regulan la actividad minera, y facilitar a la industria minera el acceso a capitales o financiamientos que les permitan ejecutar sus proyectos, lo que incluye la participación de inversionistas extranjeros.
2011-01-26 03:52:40
