Bogotá, 27 sep (PL) La senadora liberal Piedad Córdoba descalificó hoy un fallo emitido por la Procuraduría General de la Nación, el cual pretende destituirla e inhabilitarla por 18 años por presunta colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En un comunicado la parlamentaria sostiene que la investigación disciplinaria adelantada por el procurador general, Alejandro Ordóñez, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético.
Córdoba señala que quien temerariamente la acusa y sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones en diversos temas políticos y sociales colombianos, al punto de ser investigado por la Corte Suprema de Justicia.
«Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años», expresa.
Córdoba recuerda que esa persecución ha implicado grandes lesiones contra su integridad personal y familiar, como su secuestro, posterior exilio con sus hijos, así como los atentados contra su vida y las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de la que ha sido objeto.
Todas esas violaciones, de público conocimiento, «deberían ser la preocupación real de la Procuraduría General de la Nación», subraya.
La congresista también refiere que sus abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad.
«La sanción de la Procuraduría General de la Nación no modificará mis principios éticos, valores y acciones en la búsqueda de la paz con justicia social», agrega.
A su vez, Córdoba manifiesta en el comunicado su gratitud a quienes han expresado su solidaridad y el repudio a la decisión, tanto a nivel nacional e internacional.
Este lunes el ministerio público anunció que destituyó e inhabilitó por el término de 18 años a la actual senadora por presunta colaboración con las FARC.
Según la entidad, la sanción disciplinaria tiene su origen en información hallada en las computadoras atribuidas al jefe guerrillero alias Raúl Reyes, muerto en 2008 durante una incursión militar ilegal del ejército colombiano en territorio ecuatoriano.
En un comunicado, la Procuraduría sostiene que logró establecer que en el cruce de documentos entre las FARC y Córdoba, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones, así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario.
Esta no es la primera ocasión que la líder del grupo de la sociedad civil Colombianas y Colombianos por la Paz se lanzan este tipo de acusaciones, lo que para muchos constituye una persecución por sus posiciones políticas progresistas.
mv/acl
2010-09-28 03:31:26
