Justo y bien acogido el fallo de la Suprema Corte de Justicia disponiendo la reapertura y reanudación del expediente sobre el cuestionado caso de Bahía de las Aguilas. Este caso tendrá que ir ahora a juicio de fondo, donde se determinará la legalidad o no de los títulos de propiedad expedidos y la posible responsabilidad penal que pueda caber a quien o quienes estén involucrados en la operación que la desaparecida abogada del Estado, Picky Lora, calificó del «más grande fraude inmobiliario jamás registrado en el país».
La destacada y esforzada letrada murió sin haber visto coronados sus esfuerzos para que este expediente fuera resuelto en justicia. De legado lo dejó a su hija, abogada también, la doctora Laura Acosta Lora, quien hizo el compromiso de culminar la labor iniciada por su progenitora. Ella figura ahora como Acusadora Privada Adjunta en este caso, revivido en justicia gracias al interés y el recurso interpuesto por la diligente fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso.
Esta tribuna no es tribunal ni nos corresponde hacer labor de jueces. No vamos a prejuzgar por consiguiente, ni a incurrir en la arrogancia de suplantar la facultad y responsabilidad que es de la exclusiva competencia de los magistrados a quienes corresponda juzgar este caso en las distintas instancias.
Sin embargo, aún visto desde fuera hay que admitir que los hechos que han dado motivo a este proceso resultan de naturaleza tan irregular y en algunos aspectos, francamente ilegal que da motivo a todo género de suposiciones culposas.
Lo primero es haber declarado proyecto agrario un terreno de playa, sin la menor vocación agrícola ni ganadera, que a simple vista ofrecía la perspectiva de un enorme potencial turístico, en uno de los lugares más hermosos de la región Sur y el país, como es la zona de Bahía de las Aguilas.
Lo segundo, la expedición de títulos a favor de distintas personas, algunas de las cuales estaban fallecidas y otras se mostraron tan ajenas y sorprendidas que no vacilaron en entregar los mismos a las autoridades.
La cadena de ilegalidades se siguió enriqueciendo con una serie de traspasos, inclusive en al menos un caso, según se ha revelado, a favor de un tercero por parte de un titulado después que este había fallecido.
El expediente muestra otros aspectos cuestionables al parecer de naturaleza dolosa, según expresó la doctora Acosta Lora, con visible emoción, al momento de conocer el fallo de la Suprema. Uno de ellos corresponde a personas que originalmente devolvieron los títulos de propiedad para que los sacaran del expediente judicial y posteriormente, han utilizado copias para tratar de que les sean reconocidos y registrados. Estos también serán encausados.
Semanas atrás se había ofrecido la información de que el gobierno había llegado a un arreglo con los poseedores de los títulos expedidos y en muchos casos traspasados, renunciando a determinar su posible origen fraudulento. Esto así, apelando al argumento de que un largo proceso judicial para establecerlo impediría por largos años el aprovechamiento del potencial turístico de la zona. La oposición que encontró la idea hizo que el gobierno la desestimase.
El fallo de la Suprema que permite ir ahora a juicio de fondo envía una señal muy positiva y alentadora de que un posible hecho punible, además de ribetes escandalosos, pueda quedar arropado de impunidad, asumidos como válidos títulos que están bajo serio cuestionamiento y libres de culpa los responsables de estos hechos.
Toca ahora al Poder Judicial hacer su parte. Mover con prontitud, aunque sin atropellar las normas del Derecho, las ruedas de la Justicia para que resplandezca la verdad y no quede la triste y desalentadora sensación de que en este país todo se puede y nada pasa.
EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Viernes 19 de abril, 2013
teledebate@hotmail.com
2013-04-23 21:31:08
