Panamá, 4 abr (PL) El decomiso provisional de un helicóptero propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien llegó hoy a Panamá procedente de México, y un nuevo juicio contra el anterior gobernante, marcan aquí la ofensiva anticorrupción.
La nave aérea supuestamente fue adquirida con fondos proveniente del blanqueo de capitales, en la teoría de la Fiscalía, a través de la sociedad anónima Silver Wing Corp. cuyo beneficiario final es el hijo del exmandatario Luis Enrique Martinelli, acusado por lavado de activos y reclamada su captura a través de Interpol.
Revelaciones la abogada de la familia de Evelyn Vargas durante su interrogatorio ante el Ministerio Público, confirmaron que el helicóptero incautado, otros bienes de lujo y propiedades inmuebles fueron inscritos a través de sociedades que ella misma creó y legalizó ante las autoridades correspondientes.
Vargas se entregó voluntariamente a la Interpol en México en febrero pasado y la trasladaron a Panamá en calidad de detenida, donde guardó prisión preventiva durante su indagatoria, pero posteriormente cambiaron la medida cautelar por impedimento de salida del país.
Voceros de la exfamilia presidencial negaron que la nave se comprara con dinero ilícito y calificaron de ‘show mediático’ su traslado desde el aeropuerto de Tapachula, en el sur mexicano, hasta la base de Howard, en esta capital, donde permanecerá custodiada por el Servicio Aeronaval.
Coincidiendo con el traslado, ayer hubo una audiencia de control en la Corte Suprema de Justicia para resolver un recurso a favor del exmandatario por un expediente relacionado con 350 indultos considerados ilegales y revocados por el actual gobierno, porque eran procesos en curso.
Tras rechazar la objeción presentada por la defensa, el magistrado José Ayú, en su condición de juez de garantías, convocó para el 10 de mayo próximo la sesión para la acusación formal a Martinelli sobre el caso.
Sobre el expresidente pesa una solicitud de extradición ante autoridades estadounidenses, por otro caso relacionado con espionaje telefónico, pero hasta el momento hay mutismo sobre de la decisión que asumirá el país norteño, donde se conoce que se encuentra autoexiliado.
José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, declaró al diario local La Prensa que en tres ocasiones preguntó sobre el tema al estadounidense Departamento de Estado y la respuesta es que no comentarán sobre el asunto, en una actitud que calificó de ‘cautelosa’.
2017-04-04 22:08:44
