En días recientes comentamos y expresamos respaldo al anuncio del doctor Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional, de que entre los programas de trabajo de esa alta instancia judicial figura de manera preponderante llevar a las escuelas el estudio de la Carta Magna.
Recordamos que años atrás, siendo Secretaria de Educación la destacada educadora Jacqueline Malagón, hicimos una propuesta en ese sentido a través de la columna que por espacio de dieciocho años cubrimos en el diario El Caribe. La misma incluía llevar a conocimiento del estudiantado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de la cual es signataria la República Dominicana.
Esa sugerencia fue acogida de inmediato por la funcionaria. Se dispuso la edición de miles de folletos y se distribuyeron en numerosas escuelas del sistema público de enseñanza. Lamentablemente el programa, iniciado bajo los mejores auspicios, fue perdiendo vida a la salida del cargo de la licenciada Malagón hasta ser abandonado por completo.
Ahora resurge el propósito con mucha más fuerza de sustentación como un proyecto formal del Tribunal que preside el doctor Ray Guevara, lo que permite abrigar la esperanza de que se llevará a cabo con sentido de permanencia.
Todo parece indicar que hay una firme decisión en ese sentido. De hecho, en una entrevista concedida al matutino El Caribe, Ray Guevara revela que ya se han firmado sendos acuerdos al respecto con la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, la UASD, el Consejo Evangélico Dominicano y el Centro de Estudios Constitucionales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en tanto se ha elaborado el que en próximos días será suscrito con la Ministra de Educación, Josefina Pimentel. Son pasos concretos y positivos.
El conocimiento de la Carta Magna es esencial, materia de primerísima importancia para todos los ciudadanos. Ahora mismo, la mayoría de los dominicanos ignora su contenido. Se trata de la Ley Fundamental o Ley de Leyes, la base sobre la cual descansa toda la estructura jurídica del país. La que consigna el tipo de sistema político por el cual nos regimos. La que establece el ámbito legal de funciones, deberes y limitaciones de los poderes públicos. Y donde se consignan los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Todas las leyes y códigos tienen que ajustarse a sus dictados. Y cualquier violación a la misma es materia de reclamo legal ante el Tribunal Constitucional. Era una jurisdicción que antes correspondía a una sala de la Suprema Corte, pero que a la que en la actual Carta Magna se le ha dado merecida categoría de tribunal independiente.
Al igual que ayer y que siempre, consideramos feliz y oportuna la iniciativa de que el contenido de la Constitución se incorpore como materia de obligado estudio al sistema educativo. Importante que desde edad temprana y como parte de su proceso formación cívica, los estudiantes se aboquen al conocimiento de la misma. Un proceso que debe ser dinámico, interactivo, que motive a discusión, análisis y reflexión, lo que en gran medida dependerá del manejo de tan importante materia por parte de los profesores. Indispensable que estos sean previamente entrenados para ese propósito.
Por lo pronto, los acuerdos ya suscritos a nivel universitario y el que está por rubricarse con la Ministra de Educación evidencia el interés que ha despertado la idea y la firme decisión del Tribunal Constitucional de llevarla a cabo.
Falta ahora que el pleno social cobre conciencia de la importancia que reviste este importante programa y que se le brinde todo el calor que requiere para su exitoso desarrollo.
Por nuestra parte, una vez más, le reiteramos el nuestro, convencidos de que el más cabal conocimiento de sus derechos y deberes es fundamental para la forja de mejores ciudadanos.
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2012-11-04 15:07:47
