EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Fue a petición del gobierno dominicano que la comisión de Derechos Humanos vino al país. ¿Le solicitó el gobierno Comisión previamente, como era de esperar y coordinar, la agenda que quería agotar? No tuvo el gobierno en cuenta ese detalle tan importante, con más sobrada razón cuando ya se sabía de antemano la posición de la comisión respecto al fallo del Tribunal Constitucional sobre el otorgamiento de la nacionalidad dominicana.
Cual haya sido el carácter de la invitación que facilitó la visita de la Comisión, era más que evidente que sus integrantes estaban ya prejuiciados y predeterminados. No vinieron a informarse de la situación con espíritu objetivo. No les interesaba en lo absoluto abundar en la posición, la disposición y mecanismos del gobierno para tratar de organizar y regularizar la presencia de cientos de miles de extranjeros ilegales, principalmente haitianos, en el país y de sus descendientes nacidos aquí. No era su propósito dialogar, sino condenar. Y más aún, desacreditar. Actuaron con toda la arrogancia de los procónsules, no con la serenidad y el equilibrio requeridos para juzgar con imparcialidad.
Y montaron todo un llamativo y costosísimo show mediático, previa y debidamente preparado, donde acogieron cerca de cuatro mil denuncias, algunas de ellas sin la menor relación con el tema de los inmigrantes indocumentados, como fue la reclamación del ex presidente Hipólito Mejía, entre otras.
El documento final muestra la misma arrogancia con que actuaron. No sugieren, ponen condiciones. Y vuelven de nuevo a mencionar la arbitraria cifra, sin ninguna base de sustentación, de más de doscientos mil haitianos supuestamente desnacionalizados reclamando sea reconocida la condición de dominicanos a todos los que entraron en el país hasta la puesta en vigencia de la Constitución actual, que garantiza la nacionalidad a los que ostentaran la misma en ese momento.
Obvia, sin embargo, el hecho que ya de antes había sido promulgada la ley de naturalización por el entonces Presidente Hipólito Mejía, la misma de aplicación actual que establece los requisitos para disfrutar de la nacionalidad y que según calificados juristas, entró en vigencia desde ese mismo momento. Como elemento adicional a tomar en cuenta vale advertir que después de esa ley se produjo el seísmo que redujo a escombros gran parte de la ciudad de Puerto Príncipe, gracias a lo cual miles de reclusos con abultados expedientes criminales escaparon de la cárcel, muchos de ellos como es de suponer cruzaron la frontera para encontrar refugio aquí.
Ignora el informe asimismo, la condición de ilegales de decenas de miles de inmigrantes haitianos ni les insta a cumplir con la elemental obligación de regularizar su status, inclusive en su propio beneficio, al igual que la necesidad de inscribir en el Registro Civil sus hijos nacidos en territorio dominicano, primer requisito esencial para poder acceder a la ciudadanía, ni el derecho que nos asiste a depurarlo de asientos fraudulentos.
Por demás no insta al gobierno haitiano a dotar a sus nacionales de documentos de identidad. Mucho menos menciona el hecho de que al acoger en el país a cientos de miles de haitianos estamos aliviando la presión social que pesa sobre el fallido Estado vecino; que salvo incidentes aislados, que también afectan a los propios dominicanos, los haitianos conviven con toda normalidad en nuestro suelo que si viven en condiciones precarias es porque en su gran mayoría representan una mano de obra de muy pobre calificación y que su mismo condición de ilegales les priva de derechos que, por el contrario, tendrían que serle respetados una vez regularizado su status.
Demás señalar que tampoco menciona los aportes del país a la comunidad haitiana que habita aquí y a la que reside allá, en el campo de la salud y la educación así como la cooperación y asistencia técnica que se presta a las autoridades haitianas de cuyo gobierno, en cambio, por lo general se recibe un trato desconsiderado, cargado de dobleces e hipocresías.
En fin, que el informe de la Comisión era lo que cabía esperar. Una crónica más previsible que la anunciada de la famosa obra de Gabriel García Márquez.
Queda por ver, qué hará ahora el gobierno, si continuará firme su plan, aún cuando sea ajustando cambios que no desnaturalicen su esencia y fines preservando derechos legítimos y humanos pero nunca impuestos, siempre dentro del necesario marco jurídico y en pleno ejercicio nuestra soberanía y autodeterminación para lo cual contará con masivo respaldo o rendirá banderas provocando la decepción de muchos sobre un liderazgo que como el del Presidente Danilo Medina disfruta de las más altas cifras de reconocimiento y apoyo.
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2013-12-11 22:38:14
