Por Teófilo Lappot Robles
Recientemente se levantó una ola de protesta mundial con motivo del anuncio hecho por el jefe del Pentágono de que sería ejecutado públicamente un criminal de nombre Nidal Malix Hasan, quien mató a trece personas en el 2009 en una base militar en Texas, EE.UU.
El 15 de este mes el presidente de ese país, ante una fuerte presión contraria, interna y externa, ordenó que la ejecución referida no se retransmita en directo a los ojos de millones de personas.
Eso permite reflexionar en el sentido de que desde hace miles de años la pena de muerte ha generado enormes controversias en el mundo, con debates que trascienden el ámbito jurídico y se internan en las sendas de la religión, la filosofía y la sociología.
Ese horrendo hecho hubiera superado, por los adelantos tecnológicos de la publicidad, entre otros muchos casos, la ejecución que con motivo de la llamada Ofensiva del Tet hizo con un revólver, en plena calle de la ciudad de Saigón, el primero de febrero de 1968, el jefe de la policía de Vietnam del Sur al capitán norvietnamita Nguyën Van Lem, inmortalizada por el fotógrafo estadounidense Eddie Adams.
Los registros históricos demuestran que hace casi cuatro mil años ya estaba establecida la pena de muerte para más de veinte delitos en el Código que hizo elaborar a los escribas el rey Hammurabi, en el otro lado del mundo, en los pueblos de las viejas Babilonia y Mesopotamia.
Así también en la India y China los códigos fijados en tablillas de arcilla y madera de bambú establecían situaciones delictuales que podían llevar a la muerte a determinados sujetos. Eran herramientas utilizadas por los gobiernos regionales de esos países para mantener bajo control a las poblaciones.
De ese comportamiento inclinado a la pena de muerte ni siquiera se escapó Nammu, el famoso caudillo militar que dos mil años antes de nuestra era se apoderó de la ciudad de Ur, en la referida Mesopotamia, bajo el pregón de que llegaba para proteger a los más desfavorecidos.
Lo que allí ocurrió lo analiza de manera clara, en sus colecciones de leyes de Mesopotamia y Asia Menor, publicadas en 1995, la gran académica de la Universidad de Chicago Martha T. Roth.
Muchas de las decisiones draconianas de conocidos y siniestros caudillos en diferentes épocas y distintos lugares de la tierra se han acorado en códigos antiguos para justificar la aplicación de la pena de muerte. Innecesario es detallar o mencionar los casos, pues figuran en la gran corriente de la historia.
Pero un recuento minucioso del largo historial de la pena de muerte permite afirmar que nunca ha dejado de existir, especialmente en aquellos países que en determinadas etapas han alcanzado el nivel de imperios. Muchos gobernantes se han sentido cómodo con el terror. Pocas son las excepciones que se contraponen a ese patrón general de dirigir. Un caso raro fue el del normando Guillermo I de Inglaterra, apodado El Conquistador, que en gran medida frenó en sus dominios la práctica de las ejecuciones, excepto para casos especiales cuando se activaba alguna guerra.
En el mismo poderoso país que se ha generado ahora la controversial ejecución pública referida (suspendida sólo en su aspecto público) la primera aplicación de la pena de muerte ocurrió en 1608, bajo el mando de los británicos.
El hecho se materializó en Virginia con la ejecución de oficial militar de nombre George Kendall. Lo acusaron de ser espía de España. Cuatro años después usaron la ejecución como moneda de cambio por casos simples como hacer negocios con los indios o robar frutas y animales domésticos, como así lo impuso en Virginia su gobernador el señor Thomas Dale.
La pena de muerte ha seguido su curso, tal y como se comprueba en un reciente informe de la organización mundial denominada Amnistía Internacional, que señala que entre 50 y 60 países mantienen en sus legislaciones respectivas esa práctica. A contrapelo de las lúcidas reflexiones de sabios como Voltaire, Montesquieu, Bentham y otros.
Esta zona del mundo nunca ha sido ajena a las condenas a pena de muerte y a las ejecuciones. Cuando España y Portugal conquistaron y colonizaron Iberoamérica cometieron no sólo masacres, sino crímenes selectivos bajo la modalidad de ejecuciones aplicadas bajo juicios que no eran tales, porque los acusados no tenían ninguna posibilidad de defenderse.
En la República Dominicana fueron tristemente famosos los fusilamientos de María Trinidad Sánchez y otros patriotas en 1845; los hermanos José Joaquín y Gabino Puello de Castro el 23 de diciembre de 1847; Antonio Duvergé y su hijo Alcides el 11 de abril de 1855 y Francisco del Rosario Sánchez junto a decenas de otros patriotas el 4 de julio de 1861. En todos esos crímenes estuvo involucrado Pedro Santana.
Esas ejecuciones (algunas disfrazadas de “legalidad”) se produjeron muchas décadas después de que el filósofo y jurista Cesare Beccaria divulgara en todo el mundo su ensayo sobre los delitos y las penas, en el cual abominaba de la pena de muerte.
Igual ocurrió en el país el 14 de octubre de 1864 con el primer presidente restaurador José Antonio (Pepillo) Salcedo, en la línea marítima de Maimón, Puerto Plata, ejecutado por órdenes del general Gaspar Polanco, a quien la víctima le envió un premonitorio mensaje: “Dígale a Gaspar que con esa vara lo medirán también”. Poco tiempo después este murió en La Vega, dicen que por los efectos de una inyección de veneno vegetal.
También aquí se produjo la ejecución de dos generales. Esa vez no hubo ni siquiera sentencia amañada, sino el cálculo e interés político de un tirano despiadado como lo era Ulises Heureaux (Lilis). Las víctimas fueron Ramón Castillo y José Estay. El fusilamiento se produjo al amanecer del 30 de marzo de 1896 bajo un cocotero de la ribera de Macorís del mar. Ambos eran enemigos entre sí, pero al morir le servían a su verdugo.
En Cuba sigue provocando controversia la ejecución el 13 de julio de 1989 del general Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia y otros colabores oficiales. El fusilamiento se hizo luego de un juicio lleno de vicios y con señales de una decisión previamente dictada.
En Haití, aunque no fueran ejecuciones ordenadas por tribunales, son famosas las muertes violentas, a la vista del público, de los gobernantes Dessalines, Leconte, Salnave. Sam, A Al presidente Jovenel Moïse lo asesinaron en su cama. Muchas otras figuras famosas de dicho país corrieron la misma desgracia.
Varios países de América Latina mantienen la pena de muerte para casos excepcionales, en tiempos de guerra. En Centroamérica solo Belice la hace figurar en su cuerpo de leyes. En Jamaica se dispuso en 1993 que después de 5 años de espera en el llamado corredor de la muerte un condenado no puede ser ejecutado, cambiando dicha pena por cadena perpetua (caso Pratt Morgan).
Teofilo Lappot teofilolappot@gmail.com
