Por Narciso Isa Conde
El titular del poder ejecutivo es el producto de una imposición a través de trampas, sobornos, clientelismo, asociación con malhechores, tráfico de influencias, represiones, abuso de poder, dictadura mediática y manipulación del sistema electoral.
Ese presidente está montado sobre una constitución diseñada e impuesta para conformar lo que se ha llamado una «dictadura constitucional» o una «dictadura institucionalizada».
El poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder militar-policial y una parte del poder mediático… conforman una cadena de instituciones bajo control de una especie de corporación de la corrupción y de los grandes receptores de las súper-ganancias capitalistas.
Esa dictadura institucionalizada ya no solo responde a su principal ideólogo, Leonel Fernández, sino que es compartida y está siendo manejada a través de un pacto concertado en la cúpula peledeísta, en el que Danilo Medina y el danilismo han pasado a jugar un papel bastante relevante después de su imposición como candidato «ganador».
El gobierno actual es una amalgama de leonelismo y danilismo, bajo un fuerte manto de impunidad tendido por poderosos intereses de facciones de la burguesía transnacional y criolla y por el patrimonio robado por una elite partidocrática convertida en lumpen-burguesía burocrática. El reciente paquetazo neoliberal y la forma de imponerlo ha sido muy revelador de las esencias de un viejo régimen con un nuevo presidente.
La tutela neoliberal de los centros decisorios del capitalismo global y el creciente proceso de putrefacción institucional a cargo de una partidocracia cada vez mas degenerada, impiden que cualquier reivindicación de justicia o de bienestar colectivo pueda tener espacio en el seno del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral de este país.
Con esas instituciones al servicio de la clase dominante todo irá para peor, lo que no excluye ciertos giros y sinuosidades forzadas por la presión popular.
Con este orden constitucional?institucional no habrá «gestión pública res- ponsable», ni «régimen fiscal justo»; menos aun un pacto educacional digno, una política energética «para el bien común» o políticas públicas que preserven el ambiente y el patrimonio natural y cultural de la nación.
Entonces, si se trata de instituciones decadentes e infuncionales para la sociedad: ¿para qué esperar de ellas lo que siempre ha rechazado?, ¿por qué seguir haciéndole el juego a sus simulaciones?, ¿por qué no decidirnos a acorralarlas, impugnarlas, cercarlas y resquebrarlas camino a su reemplazo vía la Constituyente Popular.
La estrategia social-reformista no tiene espacios receptivos en este tipo Estado.
2012-11-11 15:44:50
