Mario Rivadulla
El país cuenta con una Carta Magna que fue el fruto de un largo proceso de estudio y elaboración de borrador por parte de un grupo de destacados juristas, uno también dilatado de revisión y adaptación y otro no menos prolongado de discusión y aprobación por la Asamblea Nacional. Aunque no a todos complace, lo que es del todo imposible, en especial en temas muy controversiales como es el aborto, resulta una Constitución mucho más avanzada que las anteriores.
Contamos también con un extenso cuerpo de leyes y códigos, quizás más de lo que necesitamos si asumiéramos el compromiso de cumplirlo y hacerlo cumplir, tanto por las autoridades como por los ciudadanos. Contamos con instancias para todos los problemas y situaciones. Podemos decir que al menos teóricamente, somos un país institucionalizado.
Pero… ¿realmente lo somos? ¿utilizamos en cada caso las normas y vías establecidas? Por más que se quiera nuestro régimen sigue siendo fundamentalmente presidencialista, porque tal es nuestra mentalidad, un hábito tan arraigado del cual no hemos podido desprendernos y al que apelamos de continuo.
Ejemplo de un caso notorio registrado durante la pasada gestión de Leonel Fernández tuvo lugar cuando el sindicato que agrupa a los transportistas de carga bloqueó el acceso a la Refinería Dominicana de Petróleo a la flotilla de vehículos propios de la empresa Texaco. En adición, montó un agresivo cordón de vigilancia con sus militantes más aguerridos con advertencia de impedir por la fuerza el rompimiento del bloqueo.
La empresa amenazada tuvo que suspender sus retiros de combustible y acudió entonces a la vía judicial donde obtuvo un fallo declarando la ilegalidad del bloqueo y ordenando su levantamiento. De nada sirvió. A pesar del fallo, la empresa tuvo que avenirse a negociar con los transportistas. ¿Dónde y con quién? En el despacho y con la presencia como mediador del propio Presidente de la República.
Volviendo al tiempo presente, vemos que la norma de acudir al Ejecutivo no ha variado aún en casos en los que no son de incumbencia o que sería innecesario.
Hoy mismo sale un comunicado en la prensa de Pollo Cibao, la principal productora de carne blanca del país, fijando la posición de los accionistas venezolanos y norteamericanos en la controversia que mantienen frente al grupo que encabeza Carlomagno González. En el mismo, después de fijar su posición y advertir que se trata de una situación a dirimir en el plano judicial, expresan su «confianza en la imparcialidad del Presidente de la República, licenciado Danilo Medina», como si este tuviera por qué intervenir en ese pleito.
Y hoy también, se anuncia que el Presidente, después de una reunión sostenida con el Ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, dispuso el reintegro en sus puestos de trabajo de todos los empleados amparados por la ley que fueron cancelados sin causa justificada. Una intervención innecesaria del Ejecutivo, si los funcionarios se limitasen a actuar con apego a la legalidad no produciendo dichas cancelaciones o corrigiendo el error y reponiendo de inmediato a los cesados, después que el propio Ventura Camejo les recordó la existencia de dicha legislación e inclusive les advirtió la posibilidad de incurrir en sanciones en caso de persistir en su desconocimiento.
Son apenas dos ejemplos recientes. Pero de seguro serán muchos y frecuentes los casos de la más diversa naturaleza que irán a dar al despacho del Presidente Danilo Medina en temas que no son de su ámbito ?o al menos, no debieran serlo- cuando bastaría con el simple cumplimiento de las disposiciones legales o el uso de las instancias establecidas.
No es de extrañar por tanto, que sea práctica generalizada que muchos ciudadanos, no solo de las clases más necesitadas, apelen al Primer Mandatario para la solución de sus problemas desde la petición de una vivienda hasta el otorgamiento de una pensión, la solicitud de ayuda oficial para tratar una enfermedad de alto costo o el apresamiento y castigo de los autores del asesinato de un pariente.
Una actitud que evidencia que por más «institucionalizados» que estemos, nuestro sistema sigue siendo presidencialista porque esa es también nuestra mentalidad. Una cultura que tenemos que ir desarraigando si queremos llegar a ser un país donde todos, gobierno y ciudadanos, nos ajustemos al ordenamiento legal y al empleo correcto de sus mecanismos sin necesidad de apelar de continuo al Poder Ejecutivo.
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EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
4, 09, 12
2012-09-05 13:21:56
