La cruzada que lleva trazas de convertirse en una especie de vía crucis dio comienzo durante el período congresual del 2006, cuando el senador por Monte Plata, Charlie Mariotti y el hoy, Procurador General de la República y entonces senador por Santiago, Francisco Domínguez Brito juntaron su preocupación y aunaron sus esfuerzos para elaborar un proyecto de ley a la búsqueda de mecanismos efectivos de prevención, control y sanción a los actos de corrupción cometidos en el ejercicio de las funciones públicas.
El proyecto en cuestión obtuvo la sanción favorable de la Cámara Alta. Lamentablemente no corrió la misma suerte en la Baja, donde se echó a un lado hasta que perimió, pese a que ya por esa época comenzaba a dejarse manifestar una acentuada manifestación de público rechazo a los actos dolosos cometidos por servidores del Estado, por lo general en asociación y complicidad con elementos provenientes de estamentos civiles de la sociedad.
Domínguez Brito cesó al término de su período congresual, al no presentarse por nueva vez para dejar el espacio abierto a su colega de partido y compueblano, Julio César Valentín, quien con una fácil victoria pasó a ocupar su curul y su inquietud ética en las pasadas elecciones del 2010. Mariotti, por su parte, vio premiada su actuación por el electorado de su provincia al resultar reelecto cómodamente para un nuevo período en esos mismos comicios.
De espíritu tenaz y combativo, desde entonces Mariotti ha venido librando una lucha perseverante por lograr que el proyecto se convierta en ley. En otras cinco ocasiones ha conseguido la sanción favorable de sus colegas de hemiciclo para ver, sin embargo, naufragados sus esfuerzos en otras cuatro oportunidades cuando el mismo ha pasado a la Cámara Baja. En ese propósito ha contado con el solidario apoyo de Julio César Valentín.
Los diputados tienen ahora en sus manos por sexta ocasión, la pieza destinada a reducir al mínimo espacio la posibilidad de enriquecimiento ilícito por parte de quienes desempeñan funciones públicas, ya sea por elección o designación. Pero que además, a diferencia de la actual continua e impunemente incumplida ley de la declaración de bienes, contiene mecanismos muy estrictos para controlar tanto el uso de los fondos públicos como los beneficios espurios obtenidos al amparo del margen de decisión y maniobra de quienes ostentan cargos de cualquier naturaleza dentro del tren estatal.
El marco de responsabilidad que establece el proyecto es de la mayor amplitud abarcando familiares, allegados y colaboradores para impedir el disimulo de ganancias ilícitas mediante el abusado método del empleo de testaferros. Las sanciones para los responsables directos y sus cómplices incluyen multas por el duplo de lo obtenido indebidamente, confiscación de bienes y penas de prisión que pueden llegar hasta diez años de reclusión dependiendo de la gravedad del delito.
El finado presidente Balaguer sostenía que la corrupción era un mal endémico en el país, al punto de que afirmar que la misma se detenía en la puerta de su despacho, no obstante lo cual reconoció que su gobierno había prohijado 300 nuevos millonarios. De hecho, la misma ha estado presente en prácticamente todos los gobiernos en la misma escala de incremento en que han crecido la economía y las recaudaciones fiscales, ya sea por distracción directa de recursos públicos, como por tráfico de influencias y jugosas comisiones en las compras del Estado, el otorgamiento de permisos y contratos, el sobre presupuesto en las obras públicas, la aprobación de leyes y la venta de sentencias judiciales.
La corrupción es responsable en gran medida de la pobreza que abate a tantos dominicanos, del deterioro de los valores ciudadanos y la descomposición social. Ponerle freno es un imperativo impostergable. El proyecto de Mariotti, respaldado ahora por Julio César Valentín, luce ser un arma efectiva para lograrlo. Y no se concibe que aprobado una y otra vez en el Senado, haya naufragado una y otra vez en la Cámara.
Ahora tienen los diputados la oportunidad de corregir la insólita indiferencia manifestada hasta ahora ante este proyecto que provoca legítima sospecha de que sienten temor en su aprobación, quizás porque no todos, pero sí muchos, piensan que pueden ser víctimas de sus efectos si lo convierten en ley.
EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
teledebate@hotmail.com
TELEDEBATE llega a todo el país, de lunes a viernes, a partir de las 6 en punto de la tarde, a través de Telefuturo, Canal 23.
2013-05-07 03:40:57
